La morosidad también afecta a los autónomos y pymes exportadores: tardan en cobrar sus facturas 90 días

Las pequeñas y medianas empresas españolas han intensificado su presencia internacional en los últimos años, pero se encuentran con un obstáculo cada vez mayor: cobrar a tiempo. De hecho, el 55% de las pymes admite tener serias dificultades para ingresar el dinero de sus ventas al exterior, según el último Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform.

Este problema afecta con especial crudeza a autónomos y pequeños negocios, que carecen de la capacidad de financiación de las grandes compañías. Muchas pymes acaban aceptando plazos de pago más largos con tal de no perder clientes, lo que les ocasiona problemas de liquidez y compromete inversiones y contrataciones.

Y lo malo es que, según el informe, los peores pagadores se concentran paradójicamente en mercados más cercanos, como Portugal, Italia y Francia, hacia los que sale buena parte de las exportaciones de las pymes con recursos limitados.

Los pequeños exportadores españoles tardan en cobrar más de tres meses de media

El estudio de Crédito y Caución revela que, entre las empresas exportadoras españolas, cuatro de cada diez reconocen que han tenido que ampliar plazos de cobro para no ver marcharse a clientes estratégicos. Esa práctica se traduce en retrasos medios de hasta 90 días y, en casos extremos, en impagos que obligan a litigar o incluso a cerrar.

El ejemplo numérico lo ilustra con claridad: una pyme con un margen del 10% que sufre un impago de 10.000 euros necesita generar 100.000 euros en ventas adicionales para compensar esa pérdida. En la patronal Cepyme llevan alertando desde hace tiempo de que esta situación “dificulta el funcionamiento normal de las pymes y pone en riesgo su capacidad de inversión, innovación y crecimiento”.

“No consuela, pero la morosidad no es solo un problema español, sino europeo”, explicó a este diario explicó a este diario el profesor de Relaciones Internacionales del Instituto Europeo de Innovación y Negocios (IEIN), Carmelo Dusaín. El Estudio sobre el comportamiento de pago de las empresas en Europa, elaborado por Informa D&B, indica que en el primer trimestre de 2025 los retrasos medios alcanzaron los 12,74 días, la cifra más alta desde 2022. Portugal lidera la clasificación con 23,53 días, seguido de Francia con 17,70 e Italia con 16,25.

Según el estudio, un 58% de las pymes percibe problemas financieros en sus propios clientes

“Se trata de un deterioro progresivo que afecta directamente a las pymes españolas, ya que el 65% de sus ventas internacionales se dirige a mercados europeos”, continuó el experto. “Y esa dependencia convierte cualquier demora en un riesgo inmediato para la tesorería”. Además, el encarecimiento de los costes logísticos y la inestabilidad de divisas agravan las dificultades.

Iberinform añade que un 58% de las empresas percibe problemas financieros en sus propios clientes, lo que aumenta la probabilidad de retrasos o impagos. Y en paralelo, la incertidumbre arancelaria, según la misma fuente, afecta ya al 48% de los negocios, especialmente en sectores como el agroalimentario. La combinación de ambos factores deja a muchos pequeños exportadores en una situación delicada.

“Las grandes compañías suelen resistir gracias a su capacidad de financiación, que muchas veces obtienen precisamente pagando tarde a sus proveedores más pequeños”, argumentó el profesor C. “Esa práctica, reiterada por las patronales en distintos foros, perpetúa una desigualdad estructural que penaliza a quienes menos margen tienen”. Para un autónomo, un impago puntual puede suponer la pérdida total de su negocio.

Sigue faltando un régimen sancionador eficaz para los impagos a nivel europeo

La falta de un marco normativo eficaz contribuye a perpetuar el problema. El Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2024 una norma que limitaba a 30 días los plazos de pago en operaciones comerciales y preveía sanciones automáticas. Sin embargo, un año después sigue bloqueada tras las últimas elecciones europeas, en junio de 2024.

Cepyme ha reclamado en repetidas ocasiones que se desbloquee esa directiva, considerada fundamental para aliviar la carga financiera de miles de pymes. La organización patronal sostiene que sin esa regulación es imposible crear un mercado europeo plenamente funcional. Mientras tanto, cada país mantiene sus propios usos y normas, lo que complica aún más la gestión para los pequeños exportadores.

En España, la Ley Crea y Crece de 2022 contemplaba la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Su desarrollo fue aprobado por Real Decreto en mayo de 2024, con un plazo de dos meses para constituirse; pero más de un año después aún no está operativo. El Ministerio de Industria y Turismo asegura que se convocará “en un plazo no muy largo”, aunque sin dar fechas concretas.

La ausencia de este organismo impide disponer de un seguimiento oficial y transparente sobre plazos de pago y empresas morosas. Para los pequeños negocios, ese retraso supone un obstáculo adicional, ya que carecen de la información necesaria para anticipar riesgos en sus operaciones internacionales.

Recomendaciones para que las pymes eviten impagos al exportar

En este contexto, muchas pymes se han visto obligadas a buscar estrategias para protegerse. Algunas contratan seguros de crédito que cubren hasta el 90% de su cartera, aunque el coste de estas pólizas reduce márgenes ya ajustados. Otras optan directamente por vender al contado, aunque eso les hace perder oportunidades comerciales.

En Cerámica Mare Nostrum, dedicada a la comercialización de azulejos, explican que prefieren vender solo cuando el pago es por adelantado. “Esto nos libra de los impagos, pero obviamente la contrapartida es que no nos compran grandes stocks de producto”, explica esta pyme castellonense. El coste de oportunidad es elevado, pero se aseguran la continuidad de su actividad.

Por su parte, Quesos Cumbre Alta, centrada en la elaboración de quesos artesanos para a exportación, mantiene una política similar. Solamente acepta pagos diferidos con clientes a los que les une una larga relación, aunque reconocen que a veces pierden posibles compradores que no aceptan pagar por adelantado. “En su caso, han conseguido evitar impagos, pero admiten que crecer sería más sencillo con un marco regulatorio más sólido en materia de pagos”, señaló Carmelo Dusaín.

Por último, Talleres Novaforma, un fabricante de mueble de Yecla (Murcia) que destina el 80% de su producción a la exportación, sobre todo a Europa. En 2024 facturó 2,9 millones de euros y en lo que va de 2025 ya se acerca al medio millón mensual. Pese a trabajar con aseguradoras, en esta pyme murciana reconocen que los retrasos han llegado a los 90 días.