ERTE estructural, medidas para rebajar la factura de la luz, turismo...

Sánchez promete ayudas para los autónomos ante los efectos económicos de la Guerra en Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió una batería de medidas para paliar los efectos que va a generar la guerra en Ucrania en la economía.
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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en su comparecencia en el Pleno del Congreso.
Sánchez promete ayudas para los autónomos ante los efectos económicos de la Guerra en Ucrania

El Gobierno está preparando un plan de actuación nacional ante los efectos en la economía que "con toda probabilidad" va a generar -y de hecho ya está generando- la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó el pasado martes en el Pleno del Congreso de los Diputados un paquete de medidas para paliar "la tensión inflacionista y la incertidumbre económica" que está afectando a nuestro país a raíz de este conflicto y que notarán especialmente los autónomos, empresas y trabajadores españoles de algunos sectores como el turismo, la agricultura o la ganadería.

Durante su intervención, Sánchez advirtió que "las medidas adoptadas en el seno de la Unión Europea" y las "sanciones económicas impuestas" a Rusia van a tener consecuencias sobre la economía española y europea, que se enfrenta a una "crisis larga". Los efectos no sólo serán sobre "las cifras macroeconómicas o sobre los presupuestos del Estado" sino especialmente sobre el eslabón más débil wue son los pequeños negocios.

Como ya avanzó este diario, de alargarse el conflicto y la incertidumbre, la dependencia europea hacia los recursos energéticos rusos dispararía el precio de la electricidad, de los carburantes, de los productos manufacturados, de muchas importaciones y aumentaría todavía más la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los españoles.

El efecto todavía sería mayor en algunas exportaciones -especialmente el aceite de oliva- y en el turismo en las zonas preferidas por los rusos, como Cataluña.  Según el presidente del Gobierno, "es más que probable que las sanciones financieras y comerciales tengan un impacto sobre las exportaciones a Rusia, sobre las inversiones en empresas españolas y sobre los flujos de turistas rusos en nuestro país".

Además, es muy posible que se produzcan también "interrupciones bruscas en las importaciones de Ucrania, uno de los principales suministradores de cereales, aceite de girasol y otros productos agropecuarios", apuntó Pedro Sánchez. Por ello, el presidente anunció cinco líneas de actuación económica que podrían afectar directamente a los autónomos: desde un pacto de rentas -para evitar aumentos bruscos de los costes salariales-, hasta la prolongación de ayudas energéticas y rebajas fiscales en la factura de la luz. También, y muy importante para el colectivo, Sánchez prometió que se pondrá en marcha, con carácter urgente, una especie de 'macro-ERTE' a través del Mecanismo RED de flexibilidad, al que podrían acogerse todos los autónomos y negocios afectados por el conflicto para seguir beneficiándose de exoneraciones en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social, similares a las que ha habido durante la crisis por la COVID-19.

Cinco medidas del Gobierno ante la guerra en Ucrania que podrían afectar a los autónomos 

De este modo, y según explicó el presidente del Gobierno, "de la misma manera que actuamos juntos en la respuesta a Rusia, y respaldamos las sanciones económicas y de todo tipo que la Unión Europea plantea, también debemos actuar juntos al afrontar las consecuencias de estas mismas sanciones y las repercusiones de este conflicto sobre España y Europea". 

Así, pues, Sánchez advirtió que el impacto más importante y previsible va a ser sobre los mercados energéticos. A diferencia de otros países europeos, la dependencia española del gas y petróleo rusos es menor. España sólo importa entorno al 4,6% del petróleo y el 8% del gas ruso. A pesar de ello, "es muy previsible que los precios -de la electricidad- se mantengan altos y volátiles en el futuro, con el consecuente impacto directo en el IPC -el aumento de la inflación-, y por tanto el poder de compra y el bienestar de los españoles. El resultado de todo esto será una ralentización del crecimiento económico, menores inversiones en un momento clave en el que Europa y España está consolidando la recuperación económica".

Para actuar ante estos efectos, el plan nacional tendrá cinco ejes:

  • Prórroga de los descuentos del bono social eléctrico y de la reducción del IVA en la factura de la luz

Por un lado, se prorrogarán los descuentos extraordinarios de un 60% o 70% en el Bono Social eléctrico para colectivos especialmente vulnerables. Cabe recordar que esta ayuda, que ya existía antes de la crisis, es un descuento en la factura eléctrica, que habitualmente supone un 25% de reducción sobre el precio para los consumidores que cumplan los requisitos establecidos.

A raíz de la crisis, el Gobierno actuó en dos líneas para ampliar esta medida: por un lado, redefinió el concepto de 'consumidor vulnerable', permitiendo que accedieran puntualmente algunos colectivos que hasta ese momento no lo tenían permitido, como los empleados afectados por un ERTE o los autónomos y empresarios con más de un 75% de caída de la facturación, o que hayan cesado en su actividad. Por otro lado, amplió hasta el 30 de abril este descuento del 25% al 60% para colectivos vulnerables, y hasta el 75% para los muy vulnerables.

Según confirmó Sánchez, estos últimos aumentos porcentuales en los descuentos se prorrogarán hasta el 30 de junio. Lo que no precisó es si la la consideración de los autónomos como 'colectivo vulnerable' debido a la COVID-19 para acceder al bono social eléctrico, que terminó el pasado 28 de febrero, también se extenderá. Si así fuera, los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado su actividad por completo o que hayan tenido caídas de ingresos por encima del 75% en febrero respecto al semestre anterior, tendrían hasta verano para solicitar el descuento y pagar menos de la mitad de su factura de la luz.

Por otro lado, Pedro Sánchez avanzó que se prorrogará también hasta el 30 de junio la reducción del IVA en la factura de la luz del 21% al 10%, medida que, de lo contrario, hubiera terminado en apenas un mes. Cabe recordar que esta reducción afecta a los autónomos y particulares que tengan contratados menos de 10 KWh para sus negocios o viviendas. Sin embargo, y precisamente por este requisito, esta medida no está ayudando a todo el colectivo y ha generado grandes desigualdades entre los diferentes sectores. 

Esta rebaja fiscal beneficia precisamente a sectores que no requieren elevados gastos energéticos para realizar sus actividades. Éste puede ser el caso de algunos profesionales dedicados a actividades digitales, abogados o que directamente trabajan fuera de casa como transportistas o taxistas y que únicamente notan estos cambios en su domicilio particular. Por el contrario, una gran parte del colectivo, como los autónomos de la hostelería, lavanderías, comercios o peluquerías, donde el consumo es uno de los pilares de su actividad, tendrían en casi todos los casos más de 10Kw contratados y, por lo tanto, no entrarían en la rebaja. 

  • Un 'Macro-ERTE' o varios ERTEs sectoriales para los negocios que noten los efectos económicos de la Guerra

Otro de los puntos a los que se refirió el presidente del Gobierno en el marco de este plan nacional afectaría al empleo y a los autónomos empleadores. Concretamente, avanzó que "en previsión de que se produzcan situaciones temporales de desabastecimiento, de aumento de costes, o de reducciones de la demanda en algunos sectores, el Gobierno va a acelerar la puesta en marcha del mecanismo RED".

Este instrumento incluido en la reforma laboral, según explicó Sánchez, permitirá a los negocios sometidos "a crisis temporales o estructurales adoptar medidas de reducción de jornada o suspensión vinculadas siempre a medidas de recualificación". Si bien no precisó cuál de las dos modalidades de ERTE se llevará a cabo, si la cíclica o la sectorial, es previsible que se baraje la primera, habida cuenta de que, en este caso, la crisis afectaría a varios sectores a la vez: desde el agrícola o ganadero, hasta el transporte, el turismo y, por extensión, muchas actividades del sector servicios, entre otros.

Cabe recordar que este nuevo mecanismo RED, una medida muy similar a los ERTE COVID sólo se activaría en casos de urgencia, cuando las organizaciones lo soliciten al Gobierno. Sería el caso del mecanismo RED sectorial que se espera que el Consejo de Ministros apruebe pronto para las agencias de viaje, o de un hipotético 'Macro-ERTE' por crisis cíclica que afectaría a todos los negocios que se vieran afectados directa o indirectamente por la guerra.

En el caso de la causa cíclica, la ley dice que se proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos. Las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año en lugar de despedirles. Durante ese periodo de suspensión, se incentivará la formación de los trabajadores y se establecerán exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo.

En el caso de la causa sectorial, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán solicitar la convocatoria de la Comisión Tripartita del Mecanismo RED. Irá, en este caso, acompañado de un plan de recualificación. Esta modalidad proporciona apoyo a la recualificación de trabajadores de empresas y sectores en transición que requieren cambios permanentes. Para evitar el ajuste de empleo tradicional, la empresa puede activar este mecanismo durante un plazo máximo de un año (seis meses, con posibilidad de prorrogar seis meses más) y facilitar el paso de sus trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la empresa de destino accederá a una bonificación del 50% durante seis meses.

En ambas modalidades se podrá acceder a exoneraciones a la Seguridad Social. En concreto, en la cíclica, durante los primeros cuatro meses los negocios tendrán una exoneración del 60%, entre el quinto y el octavo mes, del 30% y del 20% a partir del noveno. En la modalidad sectorial, serán del 40%, condicionadas a la realización de actividades de formación.

  • Ayuda a los negocios de la agricultura, ganadería, pesca y alimentación

Además, en el sector primario que, según el presidente, va a ser uno de los principales afectados por los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Gobierno ya tiene entre manos medidas a corto y a medio plazo. En concreto, las ayudas irán dirigidas al sector agrícola "que se puede ver fuertemente afectado por el alza de los precios y la disrupciones en el suministro de cereales y también materias oleaginosas, clave para la alimentación humana y animal".

Según el presidente, a corto plazo y para asegurar el suministro para estos negocios, "nuestro país va a solicitar a la Comisión Europea que se pongan en marcha todos los medios a su alcance para facilitar la oferta de estos productos en mercados europeos e internacionales".

De hecho, el ministro de Agricultura, Luis Planas solicitó recientemente a Europa que adopte medidas urgentes que aseguren el abastecimiento en el mercado europeo de los productos más afectados por la guerra en Ucrania, en especial, cereales y oleaginosas, y aseguró que "preocupan no solo los precios, sino también la disponibilidad de las materias primas".

El ministro confirmó recientemente que este conflicto está desencadenando un incremento en los precios de las materias primas e incertidumbre sobre su abastecimiento, que afectan principalmente al sector ganadero y que se suman a los problemas derivados de la sequía en la Península Ibérica. 

De hecho, de alargarse la guerra, según aseguró el presidente y también el ministro de Agricultura, "si fuera necesario y en función de la evolución del conflicto, pediremos la activación de los mecanismos de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) para prestar los apoyos necesarios a agricultores y ganaderos". Cabe recordar que esta reserva está concebida para apoyar al sector en caso de crisis que afecten a la producción o la distribución, y que podría traducirse previsiblemente en un refuerzo y pago extraordinario de las conocidas ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

De esta manera, sería posible aumentar la disponibilidad de superficies destinadas a la producción de cereales y oleaginosas. También podrían servir las medidas de la PAC a medio plazo para sostener a los agricultores y ganaderos que vean afectados sus ingresos por este conflicto. 

  • Ayudas a los negocios en zonas con gran afluencia de turismo ruso 

Por otro lado, en el ámbito del sector turístico, según aseguró Sánchez, "el Gobierno está trabajando en la búsqueda de alternativas que puedan suplir una eventual ausencia de turistas rusos". No hay que olvidar que el turismo de este país es imprescindible en zonas como por ejemplo Lloret de Mar y otras partes de Cataluña y Comunidad Valenciana. Pero no sólo eso, cuando hay conflictos, aunque no haya ningún problema en el país de origen de esos turistas, se pueden ver afectados y reducidos igualmente los viajes.

Por ello, "si el conflicto se extendiera y llegara a afectar al periodo vacacional estaremos en condiciones de intensificar la promoción de nuestros destinos más expuestos en otros mercados europeos, susceptibles de compensar la ausencia de estos turistas rusos", aseguró Sánchez. 

  • Agilizar la gestión y reparto de los fondos europeos  

Así mismo, el presidente pidió la colaboración de las comunidades para aprovechar y agilizar "la oportunidad que representan los fondos europeos", no sólo para superar la crisis del coronavirus, sino también los efectos que tendrá la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto se haría enfocándolos a "inversiones en sectores como el de los semiconductores, las baterías, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la producción de medicamentos esenciales":

En definitiva, la idea del Ejecutivo sería hacer que estos fondos y subvenciones de los que se pueden beneficiar los autónomos se implementen con la mayor rapidez posible en el tejido productivo para facilitar así la transformación de la economía española. Cabe recordar que el calendario que publicó el Gobierno para el reparto de este dinero refleja ya cientos de subvenciones para las que se prevé movilizar más de 24.600 millones de euros en el primer semestre.

Si bien es cierto que no todos los fondos europeos llegarán a los negocios directamente en forma de ayudas, una buena parte sí lo harán a través de incentivos al empleo, o subvenciones a la digitalización, para el desarrollo de competencias digitales o ciberseguridad entre los negocios, así como para la reducción de la brecha de género, el apoyo a las empresas rurales, o el impulso de los negocios relacionados con el turismo, la cultura y el deporte.

  • Impulsar un "gran pacto de rentas"

Así mismo, el presidente del Gobierno dijo que "impulsará un pacto de rentas entre los agentes sociales para aportar estabilidad y evitar caer en una espiral inflacionista". Para ello, hizo un llamamiento a los agentes sociales para llevar a cabo un "acuerdo de país desde el punto de vista de los costes salariales y de los márgenes empresariales".

En este acuerdo se recogerían las recomendaciones salariales que se tendrán en cuenta en las negociaciones de los convenios colectivos que afectan a más de diez millones de trabajadores asalariados e involucran indirectamente a miles de autónomos empleadores. Si bien es cierto que Sánchez no explicó qué efectos tendría exactamente en los negocios y trabajadores este pacto, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, explicó recientemente que el deseo del Gobierno es que este acuerdo de rentas no incluya sólo una moderación de las alzas salariales, como ha sucedido en los anteriores pactos, sino también un reparto justo de las cargas derivadas de la inflación entre los trabajadores y los empresarios. Es decir, que no sólo se enfoque en topes de aumento de los salarios, sino también de los márgenes y beneficios de los negocios, para no disparar los precios y caer "en una espiral inflacionista". 

El último acuerdo de este tipo estuvo vigente entre 2018 y 2020 y planteó subidas salariales de alrededor del 2%, más un 1% ligado a conceptos relacionados como la productividad, los resultados empresariales o el absentismo laboral. No obstante, los sindicatos piden esta vez que el nuevo acuerdo de rentas recoja el fuerte aumento de la inflación en materia salarial, mientras que la patronal pediría precisamente lo contrario, es decir, frenar la inflación controlando las subidas inmediatas de los salarios -que aumentarían el consumo, la demanda y, en última instancia, los precios-.

Sánchez promete ayudas para los autónomos ante los efectos económicos de la Guerra en Ucrania
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