Los taxistas autónomos advierten de una avalancha de licencias VTC que cambiará el mercado

La reciente concesión judicial de 8.500 nuevas licencias de vehículos con conductor (VTC) a Cabify en Madrid ha reavivado el conflicto histórico entre el sector del taxi y las plataformas VTC. Esta decisión, derivada de batallas legales que se remontan a 2018, es sólo la punta del iceberg, ya que en total hay hasta 35.000 permisos de vehículos con conductor adicionales pendientes de resolución judicial en todo el país.

Una entrada masiva de estas licencias podría desestabilizar el mercado del transporte urbano y poner en riesgo el sustento de miles de taxistas autónomos, dicen las patronales del sector, que durante décadas han ofrecido un servicio profesional supervisado por las autoridades públicas.

Una victoria judicial con graves consecuencias para la movilidad urbana

El pasado mes de abril, la Comunidad de Madrid se vio obligada a otorgar a Cabify 8.500 licencias VTC tras una serie de fallos judiciales. Éstas habían sido inicialmente rechazadas debido a una regulación que limitaba las VTC a una por cada 30 taxis. Sin embargo, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2023 declaró esta proporción contraria a la legislación comunitaria, allanando el camino que ha llevado a la situación actual.

La activación inmediata de estas 8.500 licencias, ordenada por el gobierno regional para ejecutarse en un mes, ha generado alarma dentro del sector. Por un lado, la propia concesionaria ha reconocido el riesgo de disrupción, solicitando una implementación gradual para mitigar el impacto inmediato entre la oferta y la demanda. No obstante, estas compañías no renuncian a activar las 35.000 autorizaciones pendientes en caso de que los fallos también sean favorables. Por el otro, los taxistas, en su gran mayoría autónomos, temen no poder competir a corto plazo con las multinacionales que acaparan una flota tan importante de vehículos.

Los taxistas estudian denunciar a las plataformas de VTC por fraude

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) se ha opuesto frontalmente a las concesiones, denunciando prácticas fraudulentas en las solicitudes de estas licencias de VTC. Según la FPTM, la empresa presentó documentación de vehículos que no estaban a su disposición, incluyendo coches propiedad de empresas de alquiler o incluso vendidos previamente, para cumplir con los requisitos regulatorios.

“Este fraude es tangible y socava la integridad del proceso”, afirmó Julio Sanz, presidente de la FPTM, quien condenó las tácticas de Cabify como un intento deliberado de “hacer negocio con la movilidad urbana”. La FPTM ha exigido una acción urgente de la administración y ha convocado una gran protesta que recorrerá Madrid el próximo martes 20 de mayo de 2025.

Jesús Fernández, vocal de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), respaldó estas acusaciones en declaraciones a este medio y afirmó que desde esta asociación que representa a los taxistas autónomos están “analizando con nuestros equipos jurídicos llevar este caso a la fiscalía estatal o autonómica”.

Fernández también advirtió de que la proliferación descontrolada de VTC podría generar un monopolio, ya que grandes plataformas supondría que estas grandes plataformas dominaran el mercado, marginando tanto a los taxistas como a los autónomos que explotan licencias VTC. Desde su punto de vista “son empresas predatorias que buscan monopolizar el mercado y eliminar a los taxis”, lo que supone una amenaza para el frágil equilibrio del transporte urbano.

La posible incorporación de 35.000 licencias VTC en toda España podría agravar estos problemas, saturando las ciudades con vehículos y alterando la movilidad. Si bien desde las compañías que operan las VTC defienden estudios en los que se asegura que la ciudad de Madrid necesita entre 8.300 y 18.400 taxis o VTC adicionales para satisfacer la demanda, una entrada repentina colapsaría la infraestructura, incrementaría la congestión y dañaría el medio ambiente. Para los taxistas autónomos de la capital esta “avalancha” de licencias podría “romper las costuras del transporte”.

El sector del taxi reivindica su historial al servicio a la sociedad

En medio de la controversia, los taxistas reivindican su servicio profesional y regulado con un siglo de historia al servicio de los ciudadanos. A diferencia de las VTC, los taxis operan bajo estrictas regulaciones, incluyendo tarifas fijas y la obligación de atender a todos los pasajeros, independientemente de la demanda o la rentabilidad. “El taxi ofrece garantía, seguridad y certidumbre porque no tenemos precios dinámicos”, explicó Fernández. “Estamos obligados a prestar servicio, ya sea bajo la lluvia, la nieve o en una crisis como Filomena o la pandemia”.

Este compromiso contrasta con las plataformas VTC, que Fernández criticó por no estar obligadas a prestar servicio. “Una empresa VTC puede rechazar a un usuario si no le resulta rentable, dejando a la gente sin opciones”, señaló. Además, los taxistas pasan por una formación rigurosa, dominando el trazado urbano, las normativas de transporte y los puntos de interés, a diferencia de los requisitos que deben superar los conductores de VTC. “Somos profesionales del transporte, con más de cien años garantizando seguridad y fiabilidad”, añadió Fernández, destacando el valor del sector para la sociedad.

Durante El Gran Apagón y otras crisis recientes, los taxistas continuaron operando con tarifas reguladas, proporcionando sus servicios cuando la disponibilidad de VTC a menudo se reducía o elevaba sus tarifas. Fernández recordó que, precisamente, durante el apagón del 28 de abril estas VTC operaron de forma ilegal ya que sus aplicaciones no funcionaban y, por tanto, no podían ser contratadas.

Sin embargo, la carga financiera para los taxistas es significativa, con licencias que pueden costar hasta 150.000 euros, frente a las licencias VTC, que se adquieren por tan solo 36 euros pero se revenden por 40.000 euros en un mercado secundario especulativo. “Una empresa se beneficia de solicitudes masivas para revenderlas, mientras los taxistas trabajan décadas para pagar sus licencias”, lamentó Fernández.

Las asociaciones que representan a los taxistas autónomos urgen a las administraciones para que intervengan en este conflicto. Fernández subrayó que las autoridades regionales y municipales tienen el poder de regular el transporte mediante herramientas como sus boletines oficiales y estudios de demanda para evaluar la viabilidad de nuevas licencias. “La administración debe garantizar el equilibrio en todos los sectores de la sociedad, no permitir que una multinacional lo rompa”, afirmó el portavoz de Antaxi.

Esta controversia implica cuestiones de fondo entre diferentes modelos de movilidad urbana. Los taxistas tienen claro que las grandes plataformas de VTC “se presentaron como colaborativas, pero su objetivo es reemplazar a los taxis” y por ello plantean la protesta del próximo 20 de mayo como una forma de proteger su medio de vida y preservar un servicio profesional que ha prestado sus servicios durante generaciones.