ATA celebra que el transporte quede fuera de la directiva sobre trabajadores desplazados

Antes es necesario abordar en profundidad los problemas del sector del transporte por carretera en España.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA celebra que el Gobierno español haya logrado que el sector del transporte por carretera quede fuera del acuerdo alcanzado el pasado lunes en la UE sobre trabajadores desplazados. ATA está de acuerdo en que primero se deben solucionar los problemas que tiene el sector y que es prioritario abordar la reforma de la directiva europea especial sobre el transporte por carretera. Por el momento se seguirá aplicando a los camioneros la antigua directiva europea de 1996 sobre trabajadores desplazados.

El acuerdo alcanzado entre los países de la UE y que ha dejado fuera al transporte de carretera establece que los trabajadores desplazados sólo podrán disfrutar de un contrato limitado a 12 meses con seis meses de prórroga si la empresa lo solicita. España quiere que haya un equilibrio entre libre circulación de personas y la prestación de servicios que realizan los transportistas sin que afecte a la productividad ni a la competitividad, garantizando al mismo tiempo sus derechos y su protección social.

ATA entiende que antes es necesario abordar en profundidad los problemas del sector del transporte por carretera en España y en Europa antes de aplicar medidas puntuales que pueden no ser las adecuadas o, en todo caso, impedir que se aborden otras cuestiones de más calado. Si bien entiende que es necesaria la lucha contra la competencia desleal de empresas ubicadas en terceros países estos límites deben enmarcarse dentro de una norma que englobe otros problemas del sector del transporte.

La Federación considera urgente abordar una reforma en profundidad de la directiva europea sobre transporte por carretera consensuada con las principales organizaciones del sector y, principalmente, con la sectorial de ATA liderada por Fetransa. La sectorial aboga por que haya una regulación específica que entienda que España es un país periférico por lo que necesita una cierta especificidad respecto a otros países europeos.