ATA ve imprescindible un régimen sancionador contra la morosidad
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA, ha celebrado la toma en consideración en el Congreso de la Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, presentada por Ciudadanos. “Es el paso definitivo hacia una política de “tolerancia cero con la morosidad”, ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
La Federación ha señalado que hasta ahora no pagar a tiempo salía gratis y no sólo en coste, sino en sanciones y que esta iniciativa al fin establece mecanismos de control y sanciones para los que sin escrúpulos se financian a costa del eslabón más débil de la cadena en las operaciones comerciales, los autónomos y las PYMES. “Es imprescindible poner en marcha un régimen sancionador contra la Morosidad. Nuestra opción es tolerancia cero con la morosidad. El legislador y las Administraciones deben tener esa misma tolerancia cero con la morosidad”
ATA ha recordado la importancia de esta iniciativa, pues pese a los esfuerzos de la Administración por autocontrolarse y que han supuesto una mejoría sustancial de los plazos de pago a proveedores, hoy en 78 días de media desde los más de 130 días que llegaron a darse durante la crisis, aún ni la Administración local, ni la autonómica, ni la estatal cumplen con la Ley que establece en 30 días el plazo de pago.
Sin embargo, desde la organización de autónomos han considerado que en el sector privado no ha habido tal esfuerzo y que las grandes empresas aún pagan de media en 126 días, mientras que empresas de menos de 50 trabajadores y autónomos entre sí, lo hacen por debajo del plazo legal de 60 días. “Cumplir con los plazos legales de pago es también responsabilidad social, pues la morosidad ha destruido y destruye negocios, autónomos, empleos y familias, y muchos siguen mirando hacia otro lado presumiendo de sus políticas de RSC”, advierte Amor.
El máximo responsable de ATA ha subrayado que “la iniciativa de Ciudadanos que busca penalizar a quien de forma sistemática, ya sean empresas privadas o entes públicos, incumplan los plazos de pago establecidos por Ley, es urgente y debería tramitarse con la mayor celeridad posible y con el apoyo del Gobierno y el consenso de todos los grupos políticos”. Y ha añadido, que “además de las sanciones, debe estudiarse que aquellas empresas que no cumplan no puedan acogerse a determinadas ventajas fiscales o se les penalice fiscalmente, algo en lo que el Ministerio de Hacienda ha anunciado hoy que está trabajando y debería coordinarse con la tramitación de la proposición de ley”.