La Comisión de Expertos emitirá antes de un mes sus propuestas para la reforma fiscal que afectará a los autónomos

El 28 de febrero se acaba el plazo para que el Comité de Expertos de Hacienda proponga una reforma del sistema tributario. Esa fue la fecha límite que el Gobierno le concedió al grupo de catedráticos y expertos en fiscalidad para confeccionar una propuesta fiscal que ahonde sobre la economía digital y la transición ecológica. El documento que verá la luz en apenas un mes recogerá importantes medidas que afectarán al trabajo autónomo y que marcarán un antes y un después en la manera de tributar de los pequeños negocios.

Mientras que ministerios como el de Trabajo o el Seguridad Social han avanzado a lo largo de 2021 y 2022 en importantes reformas, la fiscal y tributaria ha estado en punto muerto y a la espera de la publicación de este informe. Fue el pasado mes de abril cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con María Jesús Montero a la cabeza, encomendó a un de grupo de 17 expertos la realización de un estudio para mejorar el sistema fiscal español.

El documento no será vinculante pero sí servirá de base para la reforma fiscal que quiere elaborar el Gobierno y que se ha comprometido con Bruselas a que entre en vigor en el primer trimestre de 2023, como consta en el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ésta abordará temas como la fiscalidad medioambiental, la imposición en sociedades, la tributación de la economía digital, así como la armonización patrimonial. Y de sus medidas dependerá que España reciba parte de los fondos europeos Next Generation.

Se trata, por tanto, de una reforma crucial para el país, con hitos complicados y que no están siendo nada fácil de consensuar entre los expertos tributarios. De hecho, como publicó El Independiente, tres de los catedráticos que eran miembros del Comité han dimitido porque eran partidarios de que las CCAA puedan seguir teniendo libertad en sus competencias fiscales: “El 13 de enero trascendió que el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio había abandonado este grupo de expertos. Lo hacía un mes después de la salida de Ignacio Zubiri, también catedrático de Hacienda Pública, en su caso de la Universidad del País Vasco, y en la misma semana en la que se conocía la renuncia de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, que el Ministerio atribuye a motivos personales” recoge el artículo.

La propuesta también incidirá en el trabajo por cuenta propia

Es previsible que el documento que emita próximamente la Comisión de Expertos no sólo se posicione sobre la armonización fiscal, el aumento de la presión fiscal o la subida del impuestos de sociedades, sino que también deberá adoptar una postura sobre una serie de importantes medidas que afectarán a los autónomos como aprobar una bajada en los tipos de IVA para algunos sectores, la eliminación de deducciones como la del diésel, la supresión del sistema de módulos, etc.

De hecho, estas fueron algunas de las cuestiones sobre las que los expertos pidieron al Comité pronunciarse. Hay que recordar que un total de 74 actores enviaron a la Comisión sus propuestas de mejora en materia tributaria y muchas de las medidas aportadas por estas asociaciones, organismos públicos, catedráticos y comunidades autónomas tenían una importante incidencia en el trabajo autónomo. Entre ellas destacan algunas como, por ejemplo, que los negocios que realicen fraude fiscal no puedan acceder a ayudas públicas, la ampliación de los actuales límites del régimen de módulos, la efectiva deducción en el IVA y en el IRPF del vehículo asociado a actividad del autónomo, las peticiones de bajadas de IVA o la necesidad de sacar de circulación los billetes de 200 y 500 euros.

A continuación recopilamos algunas de las peticiones que enviaron los expertos a la Comisión, que afectan al trabajo autónomo y que podrían recogerse en el documento que verá la luz como límite hasta del 28 de febrero:

Las peticiones de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a la Comisión

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) trasladó sus propuestas a la Comisión de Expertos a través del documento que envió la Comunidad de Madrid, que cuenta con una serie de expertos para completar su petición.

En concreto, las medidas que especifico el presidente de ATA, Lorenzo Amor, a la comisión de expertos son para los autónomos son las siguientes:

En materia de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

• Que se incluya como actividad actividad económica en IRPF la compraventa de inmuebles y la promoción inmobiliaria, siempre que se tenga a una persona trabajando a jornada completa.
• Que se establezca un nuevo modo de rendimiento para los autónomos que tributan por estimación objetiva y presentan una serie de beneficios. Ya que en los últimos años “se ha expulsado del régimen a muchos autónomos” por superar los umbrales.
• Ampliar los límites excluyentes del régimen de estimación objetiva y “no mediante prórrogas como ha venido sucediendo en los últimos años, dado que ello genera cierta incertidumbre sobre su posible aplicación.” denuncia ATA.
• Que se elimine el vínculo entre el régimen de estimación objetiva en el IRPF y los regímenes simplificado de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA, dado que ahora la renuncia o exclusión en uno de ellos conlleva la exclusión en el otro.

Sobre el Impuesto sobre Sociedades

• Aclarar la deducibilidad de la remuneración de los administradores de sociedades.
• Un tipo nominal del 40% para aquellas sociedades de autónomos que cumplan un mínimo de trabajadores y cuyo beneficio fiscal sea inferior a 36.000 euros.
• Sugieren elevar para los pequeños negocios la cifra límite de las inversiones de escaso valor para gozar de esta libertad de amortización: de los 300 euros actuales, a los 1.000 euros.

Sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

• Sugieren que se consideren nuevo criterios para que los herederos puedan puedan disfrutar de las reducciones por adquisición mortis causa o inter vivos de las empresas, negocios y participaciones.
• Sobre Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
• Se propone la supresión de la modalidad de actos jurídicos documentados ya que no grava ninguna capacidad económica real.

Sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido

• Piden la reforma del régimen especial del criterio de caja por su “fracaso”
• España debería establecer el régimen de franquicias del IVA con un umbral no inferior a los 50.000 euros, y ello sin esperar a la entrada en vigor de la nueva Directiva.
• Que se simplifiquen las obligaciones que soportan los pequeños y medianos negocios.

Sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas

• Que se amplíe el límite establecido para que las personas jurídicas estén exentas de este tributo (los autónomos personas física lo están en todo caso).
• También la exención temporal de este impuesto por inicio de actividad durante los dos primeros períodos en que se desarrolle la misma. Empezaría apagarse a partir del primer año en el que el negocio obtiene beneficios.

Las peticiones de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) a la Comisión

• Que los negocios que cometan fraude tengan que devolver las ayudas o que no pueda solicitar subvenciones durante un periodo de tiempo y que se sanciones con multa extra-tributarias a las actividades que falseen los requisitos para acceder a una convocatoria de ayudas.
• Proponen que se establezcan controles antes y después de la concesión de las ayudas concedidas durante la emergencia sanitaria
• Limitar aún más de los pagos en efectivo. Proponen que se establezca como no deducibles fiscalmente aquellas operaciones que se hagan en metálico.
• La retirada de los billetes de 200 euros y de 500 euros.
• Mejorar la labor inspectora, permitiendo la colaboración entre la Inspección de Hacienda, de Trabajo, de Seguridad Social y la de la Agencia Tributaria.
• Sugieren la introducción de nuevos criterios de coste-beneficio a la hora de evaluar los beneficios fiscales más relevantes para las actividades concretando los sectores y actividades que se verán beneficiados.
• Plantean la “supresión escalonada” tanto del sistema de tributación módulos en IRPF, como el régimen simplificado de IVA. Y eliminar la posibilidad de que se pueden acoger a estos regímenes todas aquellas actividades que no operen al consumidor final.
• Establecimiento de un sistema simplificado de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, que facilite su llevanza.
• Que se incremente el número de controles fiscales sobre la pequeña y mediana empresa (pyme).
• Extender a más pequeños empresarios el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).
• La creación de una Policía Fiscal centrada en la detección de actividades económicas ocultas -como el blanqueo de capitales – que favorecen el fraude tributario.
• Reducir los plazos en la tramitación de la vía Contencioso Administrativa, junto con la creación de Juzgados especializados en delitos económicos
• La puesta en marcha de un Plan Integral, con otras entidades, para luchar contra la economía sumergida.

También destaca que la Asociación Española de Fabricantes de Yogur (AEFY), la Confederación Española de Detallistas de Carne (CEDECARNE) reclaman un tipo de impuesto del IVA al 4%.