Europa propone destinar 38.000 millones de la PAC a los jóvenes agricultores y a pequeñas explotaciones
La Comisión Europea pretende redirigir al menos un 10% de los pagos directos de la PAC (37.800 millones de euros) para mitigar la desigualdad en las ayudas y fomentar la agricultura sostenible. El objetivo es dar un impulso a las zonas rurales, envejecidas y despobladas, atrayendo a jóvenes autónomos del campo.
Con una redistribución significativa de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), la Comisión Europea puede dar un giro a su apoyo a las pequeñas explotaciones y los jóvenes agricultores. En total, de 37.800 millones, que podrían acabar en manos de los autónomos más pequeños , como parte de un esfuerzo por redirigir al menos un 10% de los pagos directos de la PAC, anteriormente concentrados en las grandes explotaciones.
Este cambio tiene como objetivo mitigar la desigualdad en la distribución de ayudas, que hasta ahora beneficiaba principalmente a los grandes terratenientes y ahora se pretende que llegue a explotaciones mixtas, jóvenes agricultores y zonas despobladas.
Un nuevo enfoque ha sido impulsado por la presión social y las protestas de los agricultores en toda Europa, a comienzos de este año, que se han manifestado contra las cargas burocráticas y la falta de apoyo a las explotaciones más pequeñas. La pregunta clave ahora es si estas nuevas medidas podrán realmente marcar la diferencia en la vida de los agricultores y el futuro del sector.
“Nuestra postura ha sido siempre que las ayudas se destinasen a las pequeñas y medianas explotaciones, es decir, a la agricultura profesional y a la social”, señaló a este diario Andoni García, responsable de Organización de COAG y representante de Coordinadora Europea Vía Campesina. “Y eso significa a quien trabaja y vive del campo, de la producción agraria”.
La redistribución de fondos constituye un paso adelante hacia la equidad, afirman las organizaciones
Hasta la fecha, el 80% de los fondos de la PAC beneficiaban solamente al 20% de las explotaciones, en su mayoría grandes empresas y terratenientes. Este sistema, que premia el tamaño de la explotación en lugar de la necesidad real, ha sido ampliamente criticado por las organizaciones agrarias. Con la nueva propuesta de la Comisión Europea, se plantea que ese 80% de subsidios se reduzca al menos al 70% (e idealmente al 60%), lo que liberaría 37.800 millones de euros para redistribuir a pequeñas explotaciones y zonas desfavorecidas.
Aunque este movimiento no es sólo una cuestión económica. También responde a la necesidad de mantener vivas las explotaciones familiares, que juegan un papel clave en la seguridad alimentaria y en la preservación de las zonas rurales. Organizaciones como COAG han defendido durante años la importancia de reequilibrar las ayudas, y esta medida parece estar en línea con sus demandas. “La actual idea de redistribución tiene aspectos positivos, como favorecer a los jóvenes agricultores, porque siempre tirar para adelante al principio cuesta más”, continuó Andoni García, “pero no distingue si eres grande o pequeño, si vives o no de la agricultura, y eso no es de recibo”.
Precisamente, entre los principales beneficiarios de esta nueva política estarán los jóvenes agricultores. Con una media de edad de 57 años entre los trabajadores del campo europeos, el relevo generacional es un desafío urgente. Por ese motivo, los fondos redistribuidos ofrecerán a los jóvenes incentivos para entrar en el sector, algo crucial en un momento en que muchas explotaciones están en riesgo de desaparecer.
La propuesta premiará a las explotaciones que adopten prácticas sostenibles
Además de los pagos directos, la CE ha propuesto un fondo temporal para apoyar la transición hacia una agricultura más sostenible. Este fondo proporcionará los recursos necesarios para que las nuevas generaciones adopten prácticas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente, reduciendo el uso de pesticidas y fomentando la agricultura orgánica. “El problema es que si las ayudas, que la mayor parte de las veces ni tan siquiera son suficientes para subsistir, ya que el nivel de vida del agricultor europeo está un 50% por debajo de la renta media continental, se destinan además a otros fines, las cuentas no salen”, continuó el experto.
“Cumplir múltiples objetivos, como son la transición a modelos más sostenibles o a beneficiar el bienestar animal, entre otros, exige un incremento de costes que hacen que, al final, ni siquiera sirvan para garantizar unos ingresos suficientes”. De ahí que el portavoz de COAG hable de la necesidad de presupuestos específicos para modelos agrícolas y ganaderos de mayor sostenibilidad.
En todo caso, la medida no sólo busca rejuvenecer la mano de obra agrícola, sino también transformar la forma en que se producen los alimentos, la comida, en Europa. Las nuevas tecnologías, la digitalización y la innovación en prácticas agrícolas son esenciales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sector.
La simplificación burocrática será un alivio para miles de autónomos del campo
Otra de las grandes demandas de los agricultores ha sido la reducción de la carga administrativa que recae sobre las pequeñas explotaciones. En la actualidad, muchos de estos negocios encuentran más difícil acceder a las ayudas debido a los complicados procesos de solicitud y control, lo que hace que las grandes explotaciones tengan una ventaja adicional.
La nueva PAC plantea una simplificación de los requisitos burocráticos, permitiendo que las explotaciones de menos de diez hectáreas puedan acceder a las ayudas sin los estrictos controles que se aplican a las grandes explotaciones. Este cambio no sólo ahorrará tiempo y dinero a los pequeños agricultores, sino que también les permitirá concentrarse en producir alimentos de calidad.
Un componente clave de esta reforma es el fomento de la agricultura sostenible. La CE ha dejado claro que uno de sus principales objetivos es reducir el impacto ambiental de la agricultura, incentivando a los agricultores para que adopten prácticas más respetuosas con el medio ambiente.
En concreto, los agricultores que participen en programas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, adopten técnicas de agricultura regenerativa o contribuyan a la conservación de la biodiversidad recibirán incentivos adicionales. Estas medidas se complementan con un aumento del presupuesto destinado a la restauración de ecosistemas y a la adaptación de la agricultura al cambio climático.
La Comisión Europea también busca reducir las prácticas comerciales desleales con los agricultores
Otro punto crucial de la nueva PAC es el refuerzo del poder de negociación de los agricultores en la cadena de suministro. Actualmente, muchos pequeños agricultores se encuentran en desventaja frente a los grandes distribuidores y cadenas alimentarias, lo que les obliga a vender sus productos a precios bajos, a menudo por debajo de los costes de producción.
La CE ha propuesto una serie de medidas para mejorar la transparencia en la cadena de suministro y reducir las prácticas comerciales desleales. Además, se fomentará la creación de cooperativas y asociaciones de agricultores, que les permitirán negociar mejores precios y condiciones con los intermediarios.
Las reacciones a estas nuevas medidas han sido mixtas. Por un lado, muchas organizaciones agrarias como COAG han acogido positivamente los cambios, destacando que representan un avance hacia un sistema más justo y equitativo. Sin embargo, también existe cierta cautela, ya que algunos agricultores temen que las medidas propuestas no sean suficientes para compensar los desafíos económicos actuales, como la crisis energética y el aumento de los costes de producción.
“Otro tema pendiente es la implementación de estas medidas, que dependerá en gran medida de cómo los Estados miembros adapten las directrices de la PAC a sus contextos nacionales”, concluyó Antoni García. “En todo caso, si se aprueba a finales de este año o principio del próximo no entrará en vigor hasta 2028, y si bien la CE ha fijado un marco claro para la redistribución de fondos y la promoción de la sostenibilidad, cada país tendrá margen de maniobra para decidir cómo aplicar estas políticas”.