Los consejeros de Trabajo también dicen que miles de pymes no podrán adaptarse al nuevo registro horario

El Consejo de Ministros aprobó a principios de febrero el proyecto de ley con el que pretende reducir a 37,5 horas la jornada máxima de trabajo en España, además de incluir otras nuevas obligaciones para los negocios, como que el registro horario obligatorio sea digital y esté conectado en tiempo real con la Inspección de Trabajo.

El texto ha sido sometido al análisis del Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo formado por los principales sindicatos españoles, así como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y más de una decena de asociaciones de pequeños negocios y autónomos. Además, está adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz y que llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley sin contar con el acuerdo de las organizaciones empresariales y de autónomos.

Este miércoles publicaron su valoración al anteproyecto, y advirtieron las dificultades que tendrán muchas pymes para aplicar correctamente el nuevo registro horario, además de los riesgos que esta nueva obligación tendrá para la Protección de Datos y la seguridad informática de las empresas.

Por ello, el CES aconseja que la reducción de jornada cuente con un régimen de aplicación transitorio, y que tenga en cuenta la idiosincrasia de determinados sectores, como la agricultura, donde las nuevas obligaciones serán de difícil aplicación. Todo, a falta de unos meses para que el Congreso de los Diputados decida si finalmente se aprueba el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno.

El CES advierte que miles de negocios no podrán cumplir las nuevas obligaciones del registro horario

Una de las cuestiones que se recogen en el anteproyecto de ley sobre la reducción de jornada es una nueva obligación que tendrían que cumplir, de aprobarse, todos los autónomos y los negocios con asalariados: un registro horario digital e interconectado con la Inspección en tiempo real.

Sobre este asunto, el Consejo Económico y Social resuelve que “se deben tener en cuenta las dificultades que el cumplimiento de este requisito entraña en muchos casos, como respecto a las personas que no utilizan herramientas informáticas en su puesto de trabajo o prestan servicios en instalaciones del cliente o en lugares de trabajo en zonas con poca cobertura o falta de conectividad por déficit de infraestructuras.”

Este sería el caso, por ejemplo, de los negocios dedicados a la agricultura y a la pesca, pero también a otros que, por sus características, no cuentan con equipos informáticos en los que los empleados puedan registrar su jornada.

Por ello, el CES considera necesario que la regulación “tenga en cuenta la realidad productiva diferencial, entre otros, de los sectores agrario y pesquero, donde la aplicación de medios digitales para el registro de jornada puede resultar especialmente complicada por el propio carácter del trabajo realizado, que se desarrolla en plena naturaleza, donde el acceso a medios digitales resulta difícil”.

Este punto es especialmente importante para los autónomos y las pymes de estos sectores, teniendo en cuenta que el texto del anteproyecto, como contó este diario hace unos días, recoge que el registro horario digital debería incluir, además de las horas de entrada y salida, todas las pausas que realicen los empleados durante la jornada.

El derecho a la desconexión digital debería incluir excepciones para algunos negocios

Asimismo, el Consejo Económico y Social, que cuenta con representación de seis expertos nombrados por el propio Gobierno, también advierte que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre la reducción de jornada no tiene en cuenta las particularidades de cientos de miles de negocios respecto a la desconexión digital.

Por ello, “es fundamental, a juicio del CES, que se tenga en cuenta a sectores, actividades y situaciones, con necesidades propias y específicas de su actividad productiva como las explotaciones agrarias, dependientes de la climatología, entre otras actividades cuyas características pueden requerir esa excepcionalidad.”

También otros sectores, como el transporte y reparto de mercancías, por ejemplo, cuyas rutas pueden ser modificadas fuera del horario de trabajo del empleado. O determinadas actividades, como las reparaciones de electrodomésticos o instalaciones, cuyos negocios a menudo se encuentran con la misma situación y deben avisar a sus trabajadores de la dirección a la que deben acudir antes de comenzar la jornada laboral.

Los expertos piden un régimen de aplicación transitorio para la reducción de jornada y ayudas para las pymes

Ante estos factores, que podrían dificultar la aplicación de la reducción de jornada a cientos de miles de pymes, desde el CES recomendaron al Gobierno “contemplar un régimen transitorio suficiente” que permitiera “la adaptación de los sistemas organizativos de las empresas, teniendo en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo, la diversidad sectorial y el tamaño” de los negocios.

Para los consejeros del Gobierno, además, “es imprescindible que se aplique una política de medidas de acompañamiento, complementarias a las de adaptación que se puedan llevar a cabo por parte de la negociación colectiva, con el objetivo de facilitar el cumplimiento y la aplicación eficaz de la norma por las empresas”.

Por último, el Consejo Económico y Social señaló la conveniencia de lleva a cabo “las modificaciones legales oportunas sobre contratación pública para hacer posible la revisión de precios ante cambios que supongan incrementos de costes para las empresas licitadoras.” Sobre este asunto, Sumar presentó hace unos días un proyecto de ley para indexar los precios de los contratos a la subida del SMI, como ha venido reclamando la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

El Consejo Económico y Social recuerda que la reducción de jornada se ha aprobado sin diálogo social

Como han venido denunciando desde la CEOE y ATA en los últimos meses, el CES ha recordado que el anteproyecto de ley para la reducción de jornada se ha aprobado por el Consejo de Ministros sin contar con la validación del conjunto de la mesa de diálogo social. En este caso, con la negativa de la patronal y las asociaciones de autónomos.

Sobre este asunto, desde el consejo pusieron de manifiesto que el texto que Trabajo remitió a las organizaciones era “provisional e incompleto”. A juicio del CES, “hubiera sido deseable que el Ministerio hubiera consultado primero a la ciudadanía y con posterioridad a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y todo ello siempre con carácter previo a la solicitud de dictamen del CES”.

Por último, el Consejo Económico y Social advirtió que “llama la atención la excesiva premura con la que se envió el texto del anteproyecto a las organizaciones empresariales más representativas para que formularan sus alegaciones y lo ajustado del plazo, en pleno periodo navideño”. Algo que, “por razones obvias, dificultó los adecuados procesos de consulta internos y toma de decisiones colegiada con sus representados”, concluyeron.