El Consejo de Estado se opone al nuevo control horario para autónomos y pymes, pero Díaz sigue adelante
- El Consejo de Estado se opone al nuevo control horario digital para autónomos y pymes
- El dictamen del Consejo no es vinculante y Díaz seguirá adelante con la aprobación
- Posibles fechas de aprobación del nuevo registro de jornada y futuras obligaciones
El Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable al nuevo control horario digital que está impulsando el Ministerio de Trabajo. La reforma obligaría a autónomos y pymes a registrar la jornada de sus empleados mediante sistemas digitales y accesibles en remoto para la Inspección. A pesar de este rechazo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha dejado claro que seguirá adelante con la aprobación de la norma.
La decisión del órgano consultivo llega en un momento clave de la tramitación, cuando el Gobierno se preparaba para llevar el texto al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Sin embargo, lejos de frenar el proceso, la ministra de Trabajo insistió en que la reforma es “imprescindible” para combatir las horas extra no pagadas y seguirá adelante con su intención de reformar el registro de jornada en 2026.
El nuevo sistema supondría un cambio profundo para miles de pequeños negocios, que tendrían que abandonar los registros manuales y adoptar herramientas digitales verificables, con acceso directo para la Administración. Esto implicaría nuevos costes -estimados entre 400 y 1.000 euros al año por empresa- y una mayor carga administrativa en un contexto ya marcado por la subida de costes laborales, nuevas obligaciones tecnológicas y una creciente presión regulatoria.
Todo ello, además, se produce tras el fracaso en el Congreso de la reducción de jornada a 37,5 horas, que incluía el nuevo control horario como una de sus piezas clave. Tras la caída de ese paquete legislativo, el Ministerio de Trabajo decidió rescatar esta medida y tramitarla por separado mediante real decreto, acelerando su aprobación y evitando que pase por el filtro parlamentario.
El Consejo de Estado se opone al nuevo control horario digital para autónomos y pymes
El dictamen del Consejo de Estado ha sido tajante: el órgano consultivo se ha posicionado en contra de la reforma del registro horario impulsada por Trabajo. Entre sus principales críticas, destacan la falta de adaptación del sistema a la realidad de los distintos sectores, el impacto que tendrá sobre las pymes y el hecho de que se pretenda aprobar mediante real decreto y no a través de una norma con rango de ley.
Además, el informe recoge objeciones de otros ministerios, especialmente del de Economía, que también ha advertido de los riesgos de implantar el sistema sin un periodo transitorio suficiente y sin herramientas que reduzcan el impacto sobre las empresas. En concreto, el área liderada por Carlos Cuerpo considera necesario reevaluar la carga burocrática adicional que supondrá esta reforma para los pequeños negocios.
El nuevo modelo de control horario obligará a que todos los registros sean digitales, verificables y accesibles en remoto, lo que permitirá a la Inspección de Trabajo consultar en tiempo real la jornada de los empleados.
Más allá de su finalidad, el sistema introduce nuevas obligaciones técnicas y económicas en un tejido empresarial que ya acumula importantes cargas regulatorias. Organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) llevan meses alertando del impacto que tendrá esta reforma, sumándose a otros incrementos de costes como el SMI, el MEI o la adaptación a sistemas como Verifactu y la facturación electrónica.
El dictamen del Consejo no es vinculante y Díaz seguirá adelante con la aprobación
A pesar del rechazo del Consejo de Estado, el Gobierno no está obligado a modificar el texto. Este órgano es consultivo, por lo que sus dictámenes no tienen carácter vinculante en la mayoría de los casos. Y el Ministerio de Trabajo ya ha dejado claro que no dará marcha atrás.
La propia Yolanda Díaz aseguró que seguirá adelante con la reforma “a pesar de los intentos del Ministerio de Economía”, en referencia a las discrepancias internas dentro del Ejecutivo. Desde su departamento consideran “incomprensible” el rechazo a una medida que, a su juicio, busca garantizar el cumplimiento de la ley y evitar la competencia desleal entre empresas.
Trabajo defiende que el nuevo registro horario forma parte del acuerdo de Gobierno firmado en 2023 y que responde a un compromiso político claro. Además, insiste en que la reforma es necesaria para proteger a los trabajadores y reducir las horas extra no remuneradas.
Sin embargo, esta decisión abre un nuevo foco de tensión no sólo con las organizaciones empresariales, sino también dentro del propio Ejecutivo, donde algunos ministerios han mostrado reservas sobre el impacto económico y operativo de la medida.
El nuevo control horario tampoco tendría que pasar por el Parlamento
Uno de los aspectos más controvertidos de esta reforma es su tramitación. El Gobierno ha optado por aprobar el nuevo control horario mediante real decreto, lo que permite acelerar los plazos y evitar su paso por el Congreso.
Esto significa que la norma no requerirá modificar el Estatuto de los Trabajadores ni someterse al debate parlamentario, algo que ha sido criticado tanto por el Consejo de Estado como por distintos actores económicos.
La elección de esta vía se produce, precisamente, tras el bloqueo en el Congreso de la reducción de jornada, lo que ha llevado al Ministerio de Trabajo a impulsar esta medida de forma independiente. En la práctica, el registro horario digital se ha convertido en una alternativa para reforzar el control sobre la jornada laboral sin necesidad de contar con mayoría parlamentaria.
Posibles fechas de aprobación del nuevo registro de jornada y futuras obligaciones
El calendario de la reforma se ha acelerado en las últimas semanas. Según explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el Gobierno esperaba tener listo el texto para su aprobación en Consejo de Ministros a finales de marzo, tras recibir el dictamen del Consejo de Estado.
Con el informe ya emitido -aunque desfavorable-, el siguiente paso sería completar los últimos trámites administrativos antes de su aprobación definitiva. Esto sitúa la entrada en vigor del nuevo sistema en un horizonte inmediato, previsiblemente antes de abril o en las semanas siguientes.
A partir de ahí, la clave estará en el periodo transitorio que establezca el decreto. En un principio, el texto contemplaba un margen muy reducido -de apenas 20 días- para que las empresas se adapten, algo que ha sido duramente criticado por el Ministerio de Economía y por las organizaciones empresariales.
Costes y nuevas obligaciones para autónomos y pymes
En cualquier caso, lo que está claro es que la reforma supondrá un cambio estructural en la gestión de la jornada laboral. Las empresas deberán implantar sistemas digitales que garanticen la autenticidad y trazabilidad de los registros, con mecanismos de identificación del trabajador y sellado de tiempo.
Además, estos registros deberán estar disponibles en remoto para la Inspección de Trabajo, lo que permitirá un control prácticamente en tiempo real y reducirá el margen de maniobra para ajustes posteriores. También se exigirá un mayor detalle en el registro de la jornada, incluyendo horas ordinarias, extraordinarias, pausas y tiempos de disponibilidad.
Todo ello implicará un coste añadido para los negocios. Las estimaciones del sector sitúan la inversión entre 400 y 1.000 euros anuales por empresa, aunque en el caso de pymes con más trabajadores el gasto podría ser superior. A esto se suman los costes de formación, adaptación de procesos y posibles dificultades técnicas en la implantación.
Más allá del impacto económico, la reforma también afectará a la organización interna de las empresas, especialmente en sectores con horarios variables como la hostelería o el comercio. La obligación de registrar cada minuto trabajado podría reducir la flexibilidad con la que muchos negocios gestionan sus plantillas.
