Los graduados sociales ayudarán a mejorar el sistema de altas que usan los autónomos con empleados

Después de que los graduados sociales denunciaran la sobrecarga que les genera el nuevo sistema para comunicar las altas y bajas de empleados de los autónomos, el Gobierno se ha comprometido a actuar y a abrir una vía de diálogo con estos profesionales para mejorar la Seguridad Social.

Sin embargo, no será hasta la vuelta de las vacaciones cuando se active un grupo técnico de trabajo permanente entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

La medida, anunciada por la ministra Elma Saiz durante la jornada organizada por el Colegio de Asturias, con motivo del centenario de la profesión, responde a una reivindicación que el colectivo viene planteando desde la pandemia: participar de forma directa en la elaboración, modificación e implementación de las normas de la Seguridad Social.

La experiencia de los graduados sociales servirá para mejorar los procedimientos de la Seguridad Social

Según destacó la ministra desde Gijón, los graduados sociales son un “pilar fundamental para acercar la Seguridad Social a las personas y garantizar los derechos laborales”.

Estos profesionales, colegiados y con plena responsabilidad jurídica, desarrollan su actividad asesorando a las pequeñas empresas y a los autónomos en cuestiones laborales, fiscales y de gestión.

El nuevo grupo de trabajo, el primero de estas características en la historia del colectivo, marcará –según el Consejo General– un cambio de modelo hacia la cogobernanza, permitiendo a estos profesionales intervenir desde la fase inicial en reformas normativas y en el despliegue de políticas y servicios que afectan a miles de autónomos.

Para reforzar la importancia de este nuevo canal de colaboración, la ministra Saiz se comprometió a participar personalmente en la primera reunión, junto al presidente del Consejo, Joaquín Merchán, y a que ese mismo día comience la actividad del grupo.

Los nuevos procedimientos de la Seguridad Social estaban generando cargas inasumibles

Esta decisión llega tras meses de denuncias del colectivo por la sobrecarga administrativa que padecen los despachos profesionales.

Tal como informó anteriormente este medio, el nuevo servicio de la Seguridad Social para comunicar altas y bajas de trabajadores envía notificaciones duplicadas a través de NOTESS, Dehú, Sistema RED y SILTRA, lo que genera hasta 200 avisos semanales por profesional y provoca confusión entre los clientes, muchos de ellos autónomos.

En la reunión previa con la ministra, Merchán alertó del colapso en los despachos causado por este sistema, la falta de canales de comunicación eficaces y una planificación digital que, según el Consejo, se basa en una “gestión deshumanizada” y en interacciones exclusivamente electrónicas.

El colectivo no se opone a la digitalización, pero rechazó, según el comunicado que publicaron tras la reunión con la ministra, un “modelo tecnocrático sin alma, ni interlocución” que compromete la función social del Estado y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Una nueva ley podría reducir la burocracia de la Administración 

Entre las propuestas que los graduados sociales quieren poner sobre la mesa en este nuevo foro, figura la tramitación de una Ley de Eficiencia del Servicio Público de Seguridad Social que simplifique los procedimientos, reduzca la burocracia online y frene la vulneración del derecho a la desconexión digital y la sobrecarga de trabajo.

El Consejo General consideró que este avance es fruto de la estrategia acordada por la conferencia de presidentes de los colegios provinciales celebrada el 30 de julio y se enmarca en la defensa de los derechos del colectivo, especialmente tras los cambios experimentados desde la pandemia.

Si se cumplen los compromisos, el nuevo grupo de trabajo podría sentar las bases para un modelo de gestión más ágil y eficaz, que integre la experiencia de los graduados sociales en el diseño de los procesos de la Seguridad Social.

Pero habrá que esperar a septiembre para comprobar si este diálogo se traduce en soluciones concretas que alivien la carga de los profesionales y mejoren la atención a los autónomos y a toda la ciudadanía.