Los negocios de autoescuelas se quejan de un nuevo giro de Hacienda mientras 1.350 centros ya han cerrado
Tributos obliga ahora a las autoescuelas a aplicar el IVA a una práctica marginal. El sector denuncia que el Gobierno sigue apretando al mismo tiempo que desatiende la crisis estructural que ha provocado el cierre del 14% de estos pequeños negocios en los últimos siete años.
La Dirección General de Tributos ha determinado que la cesión de alumnos entre autoescuelas deberá tributar con el 21% de IVA. Se trata de una consulta vinculante que, aunque no afecta a un número sustancial de casos, ha generado inquietud en el sector por sus implicaciones fiscales y administrativas.
En la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) aseguran que esta práctica no es tan habitual. La patronal lamenta que la Administración actúe con rapidez en este tipo de decisiones, mientras ignora los problemas estructurales que asfixian a las autoescuelas desde hace años.
Entre ellos, la falta de examinadores, la saturación de las jefaturas provinciales y una normativa que permite a particulares enseñar a conducir sin las garantías necesarias. “Los traspasos de alumnos entre autoescuelas son prácticamente residuales, de forma que el supuesto impacto económico del IVA será mínimo”, matizó a este diario Sergio Olivera, secretario general de CNAE.
- La decisión del Fisco complica la gestión y genera nuevas obligaciones para los pequeños negocios
- La patronal recoge firmas para exigir al Gobierno que aumente el número de examinadores
- Desde 2018 han cerrado más de 1.350 autoescuelas en España
La decisión del Fisco complica la gestión y genera nuevas obligaciones para los pequeños negocios
La operación que ahora pasa a estar sujeta a IVA se produce cuando una autoescuela cede a uno de sus alumnos a otro centro, normalmente porque no dispone del vehículo necesario para completar su formación. Es el caso, por ejemplo, de los permisos profesionales como los de camión o autobús, donde no todos los centros cuentan con los recursos materiales para impartir la enseñanza.
Hasta ahora, muchas autoescuelas entendían que esta cesión formaba parte de su actividad formativa global y que, por tanto, debía estar exenta de IVA. Pero Hacienda ha interpretado que esa cesión, al hacerse a cambio de una contraprestación, constituye un servicio independiente que debe tributar al tipo general del 21%.
El nuevo criterio obliga a considerar esta actividad como un sector diferenciado dentro de la autoescuela. Lo que implica separar contablemente la parte sujeta a IVA del resto de la formación, que sí está exenta. Esto puede complicar la gestión y generar nuevas obligaciones fiscales, especialmente para los pequeños centros.
El secretario general de CNAE, Sergio Olivera, se sorprende de que Hacienda se pronuncie con tanta claridad sobre una práctica marginal mientras los grandes problemas siguen sin resolverse. “Nos sentimos escuchados cuando no toca, y completamente ignorados cuando lo que está en juego es la viabilidad del sector”.
La patronal recoge firmas para exigir al Gobierno que aumente el número de examinadores
Uno de esos problemas que sufren las autoescuelas es el colapso del sistema de exámenes prácticos, que se agrava cada verano. Y que ha obligado a CNAE a lanzar una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno una solución definitiva. La iniciativa lleva por título “Más examinadores para evitar el colapso en los exámenes prácticos en España” y denuncia que las autoescuelas llevan más de una década soportando una estructura que no se adapta a las necesidades reales.
La patronal recuerda que en 2011 un examinador podía realizar hasta 16 pruebas diarias, mientras que ahora el límite es de 12. Esta reducción, unida al crecimiento sostenido de la población, ha provocado que la capacidad operativa del sistema caiga un 29% en los últimos años. “El sistema está diseñado para otro momento y no ha evolucionado al mismo ritmo que la demanda”, apuntó Sergio Olivera.
Actualmente hay 855 examinadores en activo, la cifra más alta desde 2012. “No obstante, esta plantilla resulta insuficiente para absorber la demanda actual: la capacidad total del sistema ha pasado de más de 13.000 pruebas diarias a poco más de 10.000. Este descenso se produce en paralelo a un crecimiento sostenido de la población. España ha pasado de 46,6 millones de habitantes en 2016 a más de 49 millones en 2025. Como resultado, la capacidad de examen por habitante ha caído cerca de un 29% en menos de una década,”, añadió su secretario general.
El verano coincide además con las vacaciones del personal de las jefaturas de Tráfico, lo que reduce aún más la capacidad de gestión de las pruebas prácticas. Esto afecta especialmente a las autoescuelas ubicadas en zonas rurales o pequeñas ciudades, que dependen de estos meses para salvar sus cuentas.
“Pedimos que se cubran las plazas de las jefaturas y que se creen más puestos de funcionarios examinadores. Si el Gobierno no puede dar este servicio, planteamos la posibilidad de un sistema mixto público-privado como el que funciona en Portugal”, argumentó Olivera.
Desde 2018 han cerrado más de 1.350 autoescuelas en España
El número de autoescuelas que se han visto obligadas a cerrar en los últimos años (1.350 desde 2018) representa ya la séptima parte del total. Muchas de ellas eran pequeños negocios que no han podido resistir los efectos de la inestabilidad administrativa, la falta de apoyo institucional y el aumento de los costes operativos.
A este escenario se suma ahora la preocupación por el tratamiento fiscal de actividades como la cesión de alumnos, que obligará a algunas autoescuelas a reordenar su modelo contable. Y mientras la administración actúa con firmeza en aspectos menores, sigue sin abordar los problemas que realmente están comprometiendo la supervivencia del sector. “Nos preocupa que se entre a valorar detalles poco relevantes, cuando hay problemas mucho más urgentes que siguen sin resolverse”, lamentó el secretario general.
Otro frente abierto es la intención del Ministerio de Transportes de ampliar el uso de aulas virtuales para la formación CAP, que afecta a los conductores profesionales. CNAE se opone firmemente a esta medida por considerar que pone en riesgo la calidad de la enseñanza y convierte un curso obligatorio en un mero trámite.
La formación CAP es una exigencia para quienes se dedican al transporte profesional y su objetivo es mejorar la percepción de riesgos y la seguridad vial. Según CNAE, esto solamente puede lograrse con formación presencial y no con contenidos impartidos de forma remota, con lo cual se pierde el contacto directo entre profesor y alumno.
La patronal ha presentado alegaciones a la modificación del Real Decreto 284/2021, para evitar que se generalice la modalidad virtual en la formación inicial y continua. También advierte de que la directiva europea limita el uso de las tecnologías de la información a un número concreto de horas, que no puede superarse sin vulnerar la norma.
En CNAE lamentan que las autoridades miren hacia otro lado cuando se trata de arreglar temas mayores, pero actúen con rapidez cuando se trata de emitir un nuevo criterio fiscal. Una situación que alimenta la sensación de dejadez entre los pequeños negocios del sector. “Mientras en aspectos fundamentales no hay avances, en otros de escasa relevancia la administración actúa con rapidez”, concluyó Olivera.
