Uno de cada tres préstamos que da el Estado a las ‘startups’ es irrecuperable y nadie responde por ello
El Estado debe asumir las pérdidas de un tercio de de los créditos que concede la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), que, según el Tribual de Cuentas, no controla ni los empleos prometidos, ni las inversiones previstas por las ‘startups’ beneficiarias.
Un tercio de los préstamos concedidos por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) acaban fallidos o judicializados; lo que equivale a 216 millones de euros de dinero público irrecuperable. Así lo denuncia el Tribunal de Cuentas en un informe que deja en evidencia la gestión de esta empresa estatal, que depende del Ministerio de Industria y Turismo, y cuya función principal es financiar proyectos de emprendimiento innovador en España, en especial de startups.
Según el organismo fiscalizador, el 30,8% de los fondos analizados (correspondientes a 1.538 préstamos participativos) están en situación crítica. En muchos casos, se da por hecho que no se van a recuperar jamás. Y lo peor es que llueve sobre mojado.
Puesto que Enisa no ha implementado ningún plan de acción para solventar las deficiencias que ya fueron advertidas previamente, en 2021 y 2022, por la Intervención General del Estado. Es más, a pesar del volumen creciente de tareas que asume, la entidad no ha reforzado su plantilla ni modernizado sus sistemas de control.
- Para los expertos no hay mecanismos eficaces de seguimiento ni recuperación del dinero prestado
- La entrada en vigor de la Ley de Startups amplió el papel de Enisa
- Las pérdidas recaen por completo en las arcas públicas
- El organismo público se ha vendido como una alternativa de financiación pública para startups
Para los expertos no hay mecanismos eficaces de seguimiento ni recuperación del dinero prestado
Enisa se presenta como un instrumento público de apoyo a la creación, crecimiento y consolidación de startups mediante financiación alternativa. Así, en lugar de exigir avales, ofrece préstamos participativos cuyo reembolso se vincula al éxito del proyecto. El objetivo es promover el tejido emprendedor, “pero el modelo se tambalea cuando no hay mecanismos eficaces de seguimiento ni recuperación del dinero prestado”, explicó a este diario Vicente Pléyades, socio fundador del Instituto Avanzado de Gestión Empresarial (IAGE).
El propio Tribunal de Cuentas advierte que, aunque el sistema de control interno no presenta “debilidades relevantes” en términos formales, existen importantes carencias en la práctica. Entre ellas, una notable insuficiencia de recursos humanos y un deficiente diseño de las herramientas de gestión. Y estas deficiencias impiden realizar un seguimiento eficaz de los préstamos concedidos, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los planes de negocio de las startups beneficiarias.
Uno de los aspectos más críticos que señala el informe es la falta de verificación por parte de Enisa sobre si las empresas cumplen los compromisos adquiridos al solicitar el préstamo. No se realiza ningún tipo de control sobre la inversión comprometida, ni sobre la creación de empleo prevista. “En otras palabras, se da por válida la información inicial sin contrastarla posteriormente, lo que abre la puerta a usos inadecuados o directamente fallidos de los fondos públicos”, continuó Vicente Pléyades.
Enisa ha financiado desde su origen más de 8.600 préstamos, por un valor total de 1.332 millones de euros, repartidos entre unas 7.580 empresas. Sin embargo, a día de hoy, no dispone de una estrategia definida para evaluar el impacto real de esas inversiones. Tampoco cuenta con procedimientos para revisar qué proyectos han generado empleo, cuáles han cerrado, cuáles han sido vendidos y cuáles simplemente han desaparecido sin dejar rastro.
La entrada en vigor de la Ley de Startups amplió el papel de Enisa
A este contexto se suma un hecho reciente: la entrada en vigor de la Ley de Startups ha ampliado el papel de Enisa, que ahora también tiene la responsabilidad de certificar qué empresas cumplen los requisitos para ser consideradas emergentes. Esa certificación es clave para acceder a beneficios fiscales, incentivos a la inversión y exenciones administrativas. Sin embargo, el informe apunta a que esta nueva función se ha asumido sin recursos adicionales y con serias lagunas operativas.
Durante meses, Enisa realizó certificaciones sin contar con un manual de procedimiento. Se produjeron también “descertificaciones” retroactivas, debido a errores o incumplimientos detectados a posteriori. “Y claro, esa improvisación en este proceso ha generado inseguridad jurídica entre los emprendedores, que dependen de esa calificación oficial para acceder a otras ayudas públicas o para captar inversión privada”.
El informe también pone el foco en el funcionamiento del Comité de Riesgos de Enisa, que debería velar por la solvencia de las operaciones y alertar sobre posibles deterioros de la cartera de préstamos. Sin embargo, las actas de sus reuniones apenas contienen información, más allá de las declaraciones de los miembros del comité afirmando no tener conflictos de interés. Según el Tribunal de Cuentas, no hay análisis detallados, ni criterios objetivos para evaluar el riesgo real de los préstamos aprobados.
Las pérdidas recaen por completo en las arcas públicas
El organismo estatal opera con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, y el informe deja claro que el riesgo de impago lo asume íntegramente el sector público. Esto significa que, si una startup no devuelve el préstamo, la pérdida recae por completo en las arcas públicas. No existen mecanismos compartidos de corresponsabilidad ni incentivos claros para la recuperación de fondos fallidos.
En la práctica, esto ha provocado que se multipliquen los préstamos, sin que exista una estructura robusta para controlar su retorno. Para paliar la falta de personal, Enisa ha recurrido a la contratación de asistencias técnicas externas. Pero el Tribunal de Cuentas considera que esto supone un riesgo adicional, ya que debilita el control interno y fragmenta la responsabilidad sobre el seguimiento de cada operación.
Pese a que las cifras reveladas en el informe son preocupantes, el mayor problema radica en la inacción. Enisa no ha desarrollado un plan de actuación para corregir los fallos detectados. “La falta de mecanismos eficaces de seguimiento y recuperación del dinero prestado compromete la sostenibilidad de cualquier modelo de financiación pública. Sobe todo, cuando el riesgo de impago lo asume íntegramente el sector público”, indicó Vicente Pléyades.
El organismo público se ha vendido como una alternativa de financiación pública para startups
El modelo de préstamos participativos de Enisa ha sido defendido como una alternativa viable frente a la banca tradicional, en especial para proyectos con un perfil innovador que no cuentan con garantías suficientes. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas evidencia que ese modelo necesita una revisión profunda si se quiere evitar que se convierta en un canal de pérdida estructural de dinero público.
En paralelo, la falta de seguimiento puede generar un efecto perverso: premiar a quienes no cumplen y desincentivar a los emprendedores que sí desarrollan sus proyectos conforme a los compromisos adquiridos.
“Sin transparencia, control y consecuencias ante el incumplimiento, la financiación pública puede dejar de ser una palanca de transformación”, concluyó el experto, “para convertirse en una fuente de desigualdad y pérdida estructural de recursos”.
