No queremos ser zombis

Cada día son más las personas que prefieren afrontar sus retos laborales de manera autónoma. Eligen trabajar libres e independientes y no depender profesionalmente de un solo empleador o los intereses de segundos y terceros. Escogen la faz más positiva de la incertidumbre, la de la motivación, por encima de una sobrevalorada seguridad que en muchos casos acaba convirtiendo a sus blindados protagonistas en autómatas, en ‘zombis laborales’.

Los autónomos son, además del 20% de las altas de la Seguridad Social y los creadores del 30% del empleo el año pasado, una mezcla perfecta entre talento, esfuerzo e iniciativa. La tríada esencial para un país como el nuestro, ávido de riqueza y empleo de calidad.

En este escenario, la esperada Ley de Reformas Urgentes para Trabajadores Autónomos se antoja una oportunidad. La oportunidad de dibujar un nuevo ecosistema capaz de atender las conocidas demandas de un colectivo tan heterogéneo como esencial. La oportunidad de reconocer el papel principal de estos actores. Su protagonismo, vital en el día a día y en la noche a noche, en la economía española.

Nos hemos encontrado  alguna sorpresa desagradable en el borrador definitivo de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo enviado al Senado

Ante la publicación de la propuesta, había mucha expectación y muchos interrogantes abiertos. Algunos han encontrado respuesta, pero otros no. Por eso, ante la inminente tramitación del texto en el Senado y la posibilidad de introducir mejoras, desde el Colegio de Gestores Administrativos queremos manifestar algunas consideraciones y esbozar algunas propuestas.

Los grandes olvidados de esta ley son el 1.200.000 autónomos societarios. Según la norma propuesta, la cuota mínima se fijará cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado sin vincularse necesariamente al salario mínimo. Actualmente, ejercer a través de una sociedad como autónomo es 70 euros más caro al mes que como persona física. Nuestra propuesta es que dicha cuota pueda asimilarse a la de los autónomos que ejercen como personas físicas y que puedan beneficiarse de la Tarifa Plana, tal y como están reconociendo los tribunales.

Tampoco la ley establece avances en el acceso a la financiación de los autónomos. Los gestores administrativos, como asesores habituales de los autónomos, sabemos que la mejor financiación es la que se obtiene de la capitalización de su desempleo. Se trata de un dinero que llega de manera inmediata y antes de empezar la actividad, por lo que permite arrancar con un mínimo de seguridad. El problema es que a esta ventajosa financiación solo se accede previo despido y eso nos lleva a la necesidad de abrir un debate para que estas cotizaciones que tienen acumuladas los trabajadores puedan ser utilizadas para poner en marcha un proyecto y no solo para quienes han sido despedidos de una empresa. Avanzar en esta línea potenciaría el respaldo a aquellos profesionales que de manera vocacional apuestan por emprender su propio proyecto.

Nos hemos encontrado, además, alguna sorpresa desagradable en el borrador definitivo enviado al Senado. El texto inicial establecía en un 20% del total de la factura por suministros, pero la nueva redacción la ha rebajado considerablemente ya que habla del 30% de deducción solo de la parte proporcional de los m2 utilizados en la actividad con respecto al total de los m2 cuadrados de la casa, es decir, que si el uso de la casa para el trabajo fuera de un 20% y le aplicamos el mencionado 30%, nos quedamos con un exiguo 6% de deducción.

Echamos de menos, además, la deducción en el IRPF de los vehículos turismos como ocurre en el IVA, es decir, al menos el 50%.

En definitiva, los autónomos queremos y merecemos claridad normativa y seguridad jurídica. Basta de cientos de consultas vinculantes para saber qué es lo que quiere decir la administración. Basta de que a mitad del partido nos encontremos reinterpretaciones de la norma y revisiones tributarias y laborales que derivan en sanciones que, en muchas ocasiones, acaban siendo revocadas por los tribunales.

Es el momento de apoyar y atender de verdad a las necesidades de los trabajadores autónomos. Las administraciones públicas deben dejar de verlos como ‘sospechosos’ y empezar a valorar que se trata de gente valiente que pone toda la carne en el asador para sacar adelante su negocio. Es el momento de apostar por la capacidad, la iniciativa y el talento, valores que representa el colectivo de los autónomos, más vivo que nunca.