Seis lecciones del 1-O y tres dimisiones imprescindibles

Era una obviedad que no habría seguridad ni garantías jurídicas para que los votos se pudieran contar, que su convocatoria era ilegal y que sus promotores eran tan irresponsables como cómplices del balance de daños que hoy, ineludiblemente, debemos hacer. La foto nos sale bien cara y movida, sin enfocar.

Pero conocido todo eso con antelación y superada la jornada --esta sí pasará a la historia--, conviene realizar algunas aproximaciones urgentes a lo acontecido:

1) Los mandos de los Mossos d'Esquadra quedan invalidados para dirigir la policía autonómica de un país moderno y serio. Han desobedecido el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña​ que debían cumplir sin pestañear y, a partir de esa desobediencia judicial, su actuación queda en entredicho y bajo sospecha mientras mantengan la misma cúpula. Tras la acontecido, después de los errores no explicados en el atentado de agosto, los Mossos son menos fiables y nos hacen sentir más inseguros que otras policías. Sus agentes están igual de capacitados, ellos no son el problema; la dificultad de su función nace de que reciben órdenes de un policía-político como el Mayor José Luis Trapero, que ejerce como tal sin haberse sometido a las urnas. Su dimisión es una condición necesaria para que el cuerpo de seguridad no sea considerado una policía política nacionalista. Y la investigación iniciada sobre ellos por varios jueces catalanes es deseable e higiénica.

2) Si los responsables de los Mossos hubieran cumplido de madrugada las órdenes de cierre de los colegios electorales, parecería innecesaria ninguna violencia policial posterior para frenar la votación. La dejación de responsabilidades profesionales que han cometido les culpabiliza de manera directa de parte de lo sucedido a continuación, tanto como a los políticos impulsores del referéndum y de la desobediencia de la ley.

Si los responsables de los Mossos hubieran cumplido de madrugada las órdenes de cierre de los colegios electorales, parecería innecesaria ninguna violencia policial posterior para frenar la votación

3) Hubo ciudadanos y policías heridos. Sólo el Gobierno de la Generalitat y su apoyo parlamentario de la CUP son responsables políticos de ello. Mariano Rajoy, que se equivocó mucho con Cataluña en el pasado, ha sido escrupuloso en la aplicación de las medidas coercitivas con que cuenta el Estado de derecho. Si algo puede reprochársele es quizá la tibieza empleada en el uso de la Constitución y la posible suspensión de la autonomía después de las 48 vergonzosas horas del Parlament de Cataluña en las que se aprobaron dos leyes inmediatamente suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Las entidades civiles que aleccionaban e instruían el comportamiento de la ciudadanía (esas que dirigen dos tipos -Sànchez y Cuixart- que mandan más que el presidente Carles Puigdemont) son corresponsables de esas heridas, muchas de las cuales -a modo de cicatrices y/o imágenes- residirán en la memoria de los catalanes más jóvenes como un legado inmaterial similar al que acumulamos quienes conocimos los estertores del franquismo y algunas de sus totalitarias prácticas. No se puede utilizar a los ciudadanos como escudos humanos ni fomentar la violencia por la vía de la resistencia a la ley.

4) Con la parcial celebración de la consulta independentista (sin evaluar si puede considerarse mucho o poco exitosa), Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tienen dos vías por las que transitar políticamente a partir de ahora: la primera es cumplir con su ley y declarar con urgencia la independencia de Cataluña y atenerse a las consecuencias que de ello se deriven o convocar de inmediato nuevas elecciones autonómicas para revalidar su posición en el hemiciclo y convertirse en los interlocutores adecuados para resolver con Madrid el lío político en que nos han sumido. Si hacen lo primero serían más coherentes, cosa que es difícil de esperar por la cobardía de ambos personajes, pero liquidan su carrera política y las vías de diálogo que queden abiertas. Esa actuación a la brava puede derivar en una involución de autogobierno inesperada y desconocida, lo que seguro que no figura en ninguna de las agendas (u hojas de ruta, como les gusta ahora denominarlas) de los dirigentes del nacionalismo catalán. Lo segundo deberá esperar a que sea tácticamente apropiado, seguro.

Nada volverá a ser igual después de la estúpida demostración de fuerza nacionalista que lo único que produce es un fraccionamiento y división mayor de la comunidad catalana

5) Los catalanes que no acudimos a votar, ni fuimos objeto de la represión fruto de la actuación policial, tampoco estamos menos preocupados por el futuro de nuestra tierra, hoy una especie de sociedad enferma. Nada volverá a ser igual después de la estúpida demostración de fuerza nacionalista que lo único que produce es un fraccionamiento y división mayor de la comunidad catalana. El hálito supremacista que siempre incorpora el nacionalismo ningunea a quienes no practicamos esa religión, pero ni somos peores ni estamos acomplejados con respeto a quienes sí acudieron a votar. Tan legítima y democrática es una y otra posición. Salir a la calle ayer no era cosa de valientes, sino de convencidos y militantes fanatizados, y eso no siempre es una actitud de dignidad y gallardía personal o colectiva.

6) Mariano Rajoy debería asumir su cuota de hipoteca de país en lo acontecido. Insisto, no se trata de atribuir a su figura un problema que arranca antes de que el presidente entrara en política. El nacionalismo lo único que ha hecho en los últimos años es subir su intensidad, siempre moderada, pragmática y posibilista, y Rajoy no ha querido enterarse y, después, ha judicializado el asunto. Ésa, y no otra, es su fatídica y estaférmica contribución. No se equivoquen, no digo que debiera claudicar ante los independentistas, pero sí gobernar sabiendo que existen y que debe manejar esa situación. Sólo por esa dejación de funciones políticas, si convocara elecciones generales anticipadas, una parte del PP y los españoles en general darían las gracias si dejara paso a una generación de políticos conservadores no salpicados por la corrupción o los vestigios del franquismo. La apelación al diálogo ya es insuficiente.