El Supremo ha denegado todas las reclamaciones de los autónomos que tuvieron que cerrar en la pandemia

El Tribunal Supremo ya ha resuelto en el último año casi 700 recursos de autónomos y pequeños negocios que reclamaban una indemnización patrimonial por los cierres producidos durante la etapa del coronavirus, a raíz del Estado de Alarma. Hasta la fecha, todos los pronunciamientos del Alto Tribunal sin excepción han sido desestimatorios.

Durante los dos estados de alarma, que duraron en total más de medio año, miles de trabajadores por cuenta propia, especialmente de la hostelería y el ocio nocturno, tuvieron que cerrar sus puertas y perder de golpe toda su facturación. Esta situación dio lugar a partir de 2021 a una avalancha de reclamaciones de autónomos y pequeños negocios que solicitaban una indemnización al Estado por los daños provocados.

Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió desde finales del año pasado y hasta el 30 de marzo un total de 679 recursos de negocios que reclamaban la responsabilidad patrimonial del Estado por el perjuicio causado por el cierre de sus negocios durante la pandemia. Hasta el momento, en ninguna de ellas se ha logrado una indemnización y todas han sido rechazadas. En algunos casos, advierten los expertos, es posible que se haya solicitado el pago de costas por parte de los negocios.

De los 679 asuntos, 256 se han resuelto por sentencia y los 423 restantes por auto o decreto por desistimiento de los recurrentes. Es decir, un 60% está desistiendo, mientras que el 40% restante está manteniendo los recursos con el objetivo de recurrir ante el Tribunal Constitucional, para lo que es necesario agotar previamente la vía de casación ante el Tribunal Supremo.

Ya se han resuelto en torno a un 70% de las reclamaciones de indemnización y todas se han rechazado

Todavía quedan reclamaciones por resolver que, a juicio de los expertos, tienen "pocas probabilidades de prosperar", puesto que todas ella parece que se están basando en los mismos fundamentos jurídicos: intentar conseguir una indemnización del estado por la inconstitucionalidad del Estado a través de una reclamación patrimonial. Sin embargo, dicha vía ha sido una y otra vez rechazada por el Supremo, puesto que el Tribunal entiende que las medidas que se adoptaron en aquel momento eran necesarias.

Hasta la fecha, todos los pronunciamientos del alto tribunal han sido desestimatorios, con argumentos comunes que la Sala fijó en la primera sentencia en la que se rechazó el recurso del hotel Alhambra Palace. Este establecimiento solicitaba una indemnización de 417.000 euros por el perjuicio económico provocado por el cierre desde el inicio del confinamiento hasta el mes de junio de 2020.

El Supremo rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado

Según apuntaron todos los expertos del ámbito jurídico consultados por este diario, ahora mismo la probabilidad de que alguna de las restantes reclamaciones prospere es baja. Es más, algunos avisan de que muchos de estos recursos se van a abandonar por temor a que además se impongan costas a los autónomos como ha sucedido en esta sentencia.

Según explicó José María Salcedo, socio-director del despacho Salcedo Tax Litigation, el caso de esta sentencia no es como cualquier otro caso que afecta de forma masiva. En este supuesto, "de una manera u otra, todos los autónomos y empresas afectados habrán recurrido en base a los mismos fundamentos. Estos son la inconstitucionalidad del Estado de Alarma y la responsabilidad patrimonial del legislador. En ambos casos, el Supremo ha rechazado estos argumentos entendiendo que la situación era límite, las medidas eran necesarias y además fue la sociedad en su conjunto quien tuvo que soportar estas restricciones". 

 De hecho, tal y como explicó el Consejo General del Poder Judicial, en todas las sentencias dictadas por la Sala Tercera se recoge la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de los Reales Decretos por los que se estableció el estado de alarma y que expresamente manifiesta que ello no supone un derecho al resarcimiento por responsabilidad patrimonial: “(…) la inconstitucionalidad apreciada en la sentencia no será por sí misma título -así se afirma expresamente- para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las Administraciones Públicas".

 En definitiva, añade el Consejo, "de la declaración de inconstitucionalidad parcial de este Real Decreto no nace en el presente caso un derecho al resarcimiento por responsabilidad patrimonial fundado en dicha declaración”.

Los autónomos que demandaron al Estado se arriesgan a pagar el coste de los juicios

De hecho, según José María Salcedo, en la primera sentencia ya se impusieron "unas costas para la empresa que ha recurrido de 4.000 euros. Por lo tanto, no sólo no ha recibido la indemnización, sino que además va a tener que pagar".

Según explicó el abogado visto que en esta sentencia se impusieron costas de 4.000 euros, siendo que la primera vez que se resuelve un caso de estas características no se suele hacer, "probablemente, en el resto de recursos también se exijan costas a los autónomos que recurran". Por lo tanto, cabría la posibilidad de que una buena parte de estos recursos se abandonen antes de llegar al Supremo.

Si no fuera así, cabría la posibilidad, de que además de no haber pagado ninguna indemnización por estos cierres decretados, el Estado acabe cobrando miles de euros en costas de muchos autónomos que se verían obligados a pagar tras la sentencia denegatoria.