Trabajo quiere que todos coticen por ello

Los autónomos piden la reforma urgente del cese de actividad

El Gobierno quiere que la prestación por cese de actividad se extienda a todos los autónomos y que el aumento de las bases de cotización tenga como contrapartida la inclusión de esta contingencia, junto a la formación o las enfermedades profesionales, hasta ahora voluntarias. Las organizaciones de autónomos responden que antes de incluir el cese de actividad dentro de un pack de contingencias para todos los autónomos es necesario reformar en profundidad esta prestación en la que a más de un 50% de los autónomos que la solicitan se la deniegan -a pesar de haber cotizado- porque no cumplen con los requisitos de una ley mal hecha. La prueba es que sólo se destina cada año a las prestaciones por cese de actividad el 15% de lo recaudado por cuotas

parado banco
Los autónomos piden la reforma urgente del cese de actividad

Una de las propuestas que el Ministerio de Trabajo planteó a las asociaciones representativas del colectivo de autónomos el pasado 23 de octubre mejorar la protección de estos trabajadores y convertir en obligatoria las coberturas por contingencias profesionales, formación y cese de actividad. Esta última, es una de las más polémicas, ya que en la actualidad es prácticamente inoperativa y muy pocos trabajadores se benefician de ella. ATA manifestado que "no se puede empezar la casa por el tejado" y si el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social quiere incluir esta prestación dentro de un pack en donde todos los autónomos estén protegido por esta contingencia, primero hay que reformar el cese de actividad para que cumpla realmente con la función de proteger al autónomo que desgraciadamente se ve abocado al cierre de un negocio. 

Desde que esta cotización empezó a funcionar en 2011, solamente el 15% de la recaudación por cuotas que pagan los autónomos por el cese de actividad se destina, de media, a prestaciones. El propio Gobierno ha dado cifras: según datos de diciembre de 2017, los 478.581 cotizantes que se han acogido al cese de actividad aportaron 128,14 millones de euros. Sin embargo, las mutuas sólo abonaron 17 millones en prestaciones. Es decir, no se gastaron 111 millones de euros, una cifra que cada año se va repitiendo y que se va acumulando en una bolsa que sólo sirve para sostener las cuentas de resultados de las mutuas y no para mejorar la protección de los autónomos.

 Desde 2011 se ha ido produciendo el mismo desfase entre cuotas y prestaciones. Datos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que gestionan el 92% de esta cotización, revelan que cada año las cuotas por la cobertura por cese de actividad superan en más del 86% a lo gastado en prestaciones. El 2014 fue el ejercicio que más recaudaron las mutuas (150 millones de euros) y sólo se gastó en prestaciones 8 millones. En 2015, la recaudación fue de 145 millones y el gasto no llegó a 14 millones y en 2012 - el peor año de la crisis económica- se recaudaron 141 millones aunque sólo se cubrieron 2,9 millones en prestaciones. En este momento puede haber más de 1.000 millones de euros acumulados en cuotas que no han servido para paliar el problema de los autónomos que se han visto abocados al cierre de su negocio pese a haber cotizado por ello.

Un "superavit" que radica en un fracaso

Este "superavit" tan abultado tiene su origen en el fracaso de la prestación por cese de actividad. Y radica en la dificultad de acceder a la prestación debido a los duros requisitos que exige la ley para poder cobrarla a pesar de que el autónomo haya cotizado por ella. Es algo tan onírico como que a muchos autónomos que pagan su cotización por cese de actividad comprueban como las mutuas se la deniegan porque no cumplen con lo que estipula una ley que todos los actores -organizaciones de autónomos, mutuas y Gobierno- califican de injusta. Un sindicato ponía un ejemplo muy gráfico para explicar el problema: "es como si al 50% de los asalariados se les denegara su derecho a desempleo cuando se quedan en paro".

Es decir, el problema es que se trata de una prestación en la que, a pesar de que el autónomo ha cotizado por ella, las mutuas se la deniegan porque no cumple con los requisitos. Según datos de la Seguridad Social, a 2 de agosto, se recibieron 1.906 solicitudes. De ellas, sólo fueron favorables 843 en primera instancia. Es decir, se denegaron el 55,7%. La gran mayoría fue por “no poder acreditar correctamente el cese”. Este es uno de los nudos gordianos que las organizaciones de autónomos piden que se corten antes de hablar de incluir el cese de actividad como mayor protección de los autónomos y aumentar las cotizaciones sociales: con los requisitos que marca la ley más de la mitad de los autónomos que cotizan por cese de actividad no pueden acceder a la prestación pese a haber cotizado por ella.

Medidas propuestas

La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la organización mayoritaria en el sector, ha propuesto al Gobierno una reforma de la figura del cese de actividad. Dicha reforma equivale, en conjunto, a una equiparación con la cobertura por desempleo que contempla el Régimen General de la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta ajena.

Concretamente, ATA, además de reclamar la constitución de una mesa técnica para analizar qué cambios hay que introducir en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se creó el llamado cese de actividad, cree necesario:

  • Acercar periodos de cotización con periodos de prestación para los autónomos. En este momento un trabajador por cuenta ajena necesita cotizar un año para tener derecho a dos años de prestación, mientras que un autónomo necesita cotizar cuatro años para recibir un año de prestación.
  • La prestación por cese de actividad debe poder cobrarse a partir del primer mes y no a partir del segundo mes como ocurre actualmente.
  • La cotización por cese de actividad debe poder ligarse a programas de segunda oportunidad, formación e inserción laboral.
  • Y, lo más importante, revisar los requisitos que establece la ley para el cobro de la prestación dado que muchos autónomos (los que tributan por módulos o los colaboradores en negocios familiares) no pueden acreditar pérdidas.

En definitiva, se pretende modificar la ley para que todo autónomo que haya cotizado pueda cobrar la prestación y que su disfrute esté en función de unos periodos de cotización equilibrados dentro de los seis años anteriores a la situación legal de cese de actividad de los que, al menos doce meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación. Por ejemplo, si el periodo de cotización va desde 360 días hasta 539, se pide que el periodo de prestación sea de 120 días; si ha sido de 540 hasta 719 días, la prestación debe cubrir 180 días; de un periodo de 720 hasta 899 días, la prestación debe durar 240; desde 900 hasta 1.079 días, la prestación debe ser de 300; desde 1.080 hasta 1.259, se alarga a 360; de 1.260 hasta 1.439, se llega a 420 días de periodo de prestación; desde 1.440 hasta 1.619 días, 480 días de prestación; de 1.620 días a 1.799, 540; de 1.800 hasta 1.979, 600 días; de 1.980 hasta 2.159, 660 días; y, por fin, desde 2.160 días de cotización en adelante, 720 días de prestación.

La propuesta también incluye establecer una ayuda de 426 euros durante seis meses para aquellos autónomos que hayan agotado la prestación por cese de actividad, similar a la recibida por los trabajadores afiliados al Régimen General.