La CNMC investigará a los bancos por algunas quejas sobre malas prácticas en la concesión de préstamos ICO

Impulsada por un aluvión de denuncias recibidas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido investigar a la mayoría de la entidades bancarias por presuntas irregularidades en la concesión de los créditos ICO avalados por el Estado durante la pandemia. Éstos bancos habrían exigido a los solicitantes condiciones innecesarias para acceder a los préstamos públicos. Todo ello, a pesar de que la norma establecía la prohibición de realizar malas prácticas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los que han solicitado créditos ICO son autónomos.

Entre 2020 y 2021, el Gobierno habilitó una línea de crédito avalada por el Estado de 140.000 millones de euros, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de proporcionar liquidez a los autónomos y pymes durante la emergencia sanitaria. Los préstamos se tramitaban mediante diferentes entidades bancarias, que tenían la obligación impuesta por el Estado de no aprovecharse de la situación y no realizar incrementos injustificados en los tipos de interés, o exigir la contratación de productos vinculados como seguros de vida. Una condición que podría no haberse cumplido y que la CNMC pretende ahora averiguar.

Según explica la entidad en un comunicado, “la CNMC investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO COVID. Además analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes”. Para culminar la investigación de estas presuntas irregularidades, la CNMC se ha dado un plazo de 18 meses.

Todo surge a raíz de denuncias de los propios autónomos

La investigación surgió porque los autónomos y pequeñas empresas pusieron la voz de alarma sobre este tipo de irregularidades. Durante el confinamiento, la Comisión habilitó un buzón de denuncias para que tanto empresas como ciudadanos pusieran en su conocimiento cualquier incumplimiento de las normas de competencia en el contexto de pandemia. De esta manera, fueron muchos los trabajadores por cuenta propia los que se dirigieron a ese buzón para quejarse de las malas prácticas sufridas. De hecho, aseguró la CNCM, “el sector financiero ha sido el que más consultas y denuncias ha generado por las posibles infracciones de la normativa de competencia”.

Aunque la Comisión no especifica el número de quejas recibidas por los créditos ICO por parte de los autónomos, es muy previsible que se trate de un alto volumen de denuncias, sino no se hubiera "incoado" una investigación sancionadora. “Tras el análisis realizado, la CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO. Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público”, establece el comunicado del organismo.

Les habrían obligado a comprar televisiones o servicios de alarma

A raíz de las quejas enviadas a la CNMC por muchos autónomos, la comisión pudo constatar “una serie de actuaciones que podrían vulnerar la normativa de competencia”. En concreto, las entidades bancarias investigadas no sólo estarían imponiendo un tipo de interés mayor a los autónomos que solicitasen un ICO, sino que incluso les había obligado a adquirir ciertos tipo de productos adicionales, según aseguró la propia comisión.

La entidad sospecha que los bancos vincularon una serie de productos a la solicitud de la línea ICO COVID, puesta en marcha por el Estado. Algunos de estos productos serían seguros, servicios de alarma o la compra de televisores. También se podría haber obligado a utilizar los avales como un mecanismo para restructurar productos financieros preexistentes.

La norma prohibía realizar este tipo de prácticas

Para poner en marcha la línea de 140.000 millones de euros en avales públicos del ICO, fue necesario que el Instituto y las entidades financieras -a través de las cuáles se gestionaban los préstamos – suscribieran un convenio de colaboración.

Dicho documento obligaba a los bancos a establecer una serie de condiciones ventajosas a los solicitantes de los créditos, pues estaban avalados por el Estado, en cuanto a la rapidez de la concesión y el tipo de interés que se le debería aplicar. Asimismo, se estableció que “no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto”, como afirmaba una nota de prensa emitida por Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el pasado 5 de abril de 2020, cuando se puso en marcha el primer tramo de la líneas de ayudas.

Se trataba de una obligación que insistían frecuentemente tanto la portavoz de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digita, Nadia Calviño, durante sus comparecencias en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. 

El 98% de los ICO concedidos son a autónomos

Los autónomos ha sido el gran colectivo beneficiado por la puesta en marcha de la línea de avales ICO COVID. Según los últimos datos publicado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), hasta el pasado 31 de mayo de 2021, se habían “desplegado avales por importe de 97.104 millones de euros que han permitido movilizar más de 127.000 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.075.682 operaciones”.

En el documento se asegura de que más del 98% de los avales fueron a parar a operaciones con autónomos y pymes. Principalmente de sectores asociados al turismo, ocio y cultura; también al transporte y automoción; a la distribución alimentos y bebidas; y  al consumo y comercio.