La cotización por tramos "es una utopía"
Va para largo. El debate sobre la reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) no contará, por el momento, con el voto unánime de los grupos.
Superar el déficit acumulado de 7.000 millones de euros pasa sí o sí por un incremento de la cotización de los trabajadores autónomos. La cuestión es cómo. La propuesta de cotizar por los ingresos reales incoada hace menos de un lustro por ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) se ha convertido en palabras de su presidente, Lorenzo Amor, en “una utopía”.
Esta marcha atrás tiene su razón tanto en la variabilidad del autoempleo como en la diversidad del colectivo. Conocer cuánto gana cada trabajador por cuenta propia es “una tarea prácticamente imposible”. Por un lado, el sistema de comprobaciones de Hacienda lleva un decalaje de 24 meses. Por otro, hay que tener en cuenta a los 300.000 autónomos colaboradores que no tienen la obligación de declarar sus ingresos, así como al medio millón que se dan de alta anualmente y cuyos ingresos no se conocen hasta pasados 18 meses. Amén de los 350.000 que cotizan por el régimen de módulos y del millón de societarios de los que sólo se conoce la facturación de su empresa, no sus rendimientos. En definitiva, desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro apenas se tendría constancia de las cuentas de uno de cada tres autónomos, según las estimaciones de ATA.
Es por ello por lo que suprimir la libertad de elegir la base de cotización es “remar contracorriente; un derecho que no pueden perder”.
Desde UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) no comparten esta posición. A este respecto su secretario general, Eduardo Abad Sabaris, propuso doblar las bases de cotización a los, según sus cifras, 350.000 autónomos que cuentan con unos ingresos superiores a 60.000 euros al año y que cotizan por la base mínima. Medida con la que la asociación estima que se ingresarían 1.400 millones de euros más cada ejercicio.
La réplica de Lorenzo Amor a este respecto es el riesgo de incremento de la economía sumergida “es algo tan sencillo como que quienes hoy en día declaran 60.000 euros pasarían a hacerlo por 59.999”.
Deducirse en sociedades
En aras de mejorar la cultura de cotización en el colectivo, especialmente entre quienes más ganan, la propuesta de ATA va en la dirección de mejorar el sistema de deducciones en el Impuesto de Sociedades. Así tanto la cuota a la Seguridad Social, como su retención y su nómina pasarían a computarse como un gasto más de la empresa. La medida, que afectaría en una primera fase a los más de 380.000 autónomos que administran una sociedad, supondría 1.500 millones de euros adicionales en las arcas de la Seguridad Social.
Destapar las bases máximas de cotización a aquellos trabajadores por cuenta propia mayores de 47 completaría lo anterior. Desde ATA estiman que serían un 20 % de autónomos quienes se “animarían a cotizar más”, sumándose así otros 1.100 millones de euros al sistema.
Por otra parte, incrementar de forma progresiva las bases medias de cotización un 10% en los próximos 10 años aportaría al sistema otros 2.000 millones de euros. En este sentido esta sería la opción más inmediata. De cara a 2017 fuentes próximas a la Federación afirman que “se está negociando ya una subida del 3%, con la que la Seguridad Social se embolsará 500 millones”.
Tarifa plana
En lo que sí parece haber acuerdo es en aligerar la carga de cotización a aquellos trabajadores cuyos rendimientos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Eso sí, con matices. Si bien para Lorenzo Amor se ha de diseñar un sistema “con una cuota similar al de la tarifa plana”, Abad Sabaris se decantó por la exención total de cotización.
La sostenibilidad del sistema pasa, además, por la compatibilidad de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad por cuenta propia, bajar el límite de cotización 10 años (de 35 a 25), fijar una cuota mínima para los trabajadores del Régimen General (médicos, abogados, profesores, periodistas, etc…) que ejercen de forma esporádica fuera de su horario laboral y que las bonificaciones se abonen a través de impuestos.
Un suma y sigue que supondría al sistema la friolera de 7.200 millones de euros, siempre según los cálculos de ATA.
