Agrava la crisis del pequeño comercio

Las falsificaciones destruyen más de 50.000 empleos al año en España

La venta de productos falsificados en España provoca la pérdida de 6.766 millones de euros anuales y más de 50.000 empleos. Desde la Confederación de Comercio han calificado a estos grupos de mafias que esclavizan a las personas que venden estos artículos.

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Las falsificaciones destruyen más de 50.000 empleos al año en España

En un momento en el que el pequeño comercio esta atravesando una dura crisis, cada vez se esta haciendo más evidente el auge de las ventas ilícitas. Falsificaciones que han llegado a España para quedarse y que están provocando que el sector pierda el 10,6% del volumen total de sus ventas, lo que se traduce en 6.766 millones de euros anuales. Esta pérdida deriva en la destrucción de 53.467 puestos de trabajo al año, según el informe de 2019 publicado por la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) con motivo de la celebración, el 8 de junio, del Día Mundial contra las Falsificaciones.

Esta situación se hace más notable cuando se atiende a la significativa caída de las ventas en el sector de la confección, el calzado y los accesorios, que se sitúa en el 14,9% (8,2% el año pasado). En conjunto, el valor de las pérdidas anuales en ventas en España equivale a 146 euros por ciudadano. Y es que el comercio ha perdido 3.808 millones de euros solo en prendas de vestir (14,9%), 853 millones de euros en medicamentos (4,5%), 839 millones de euros en cosméticos (14,1%), 438 millones de euros en vinos y bebidas alcohólicas (8,3%), y 386 millones de euros en smartphones (10%).

Una situación “alarmante” para el comercio

Tanto la Confederación Española de Comercio (CEC) como Andema (Asociación para la Defensa de la Marca) han calificado de “alarmantes” los resultados del nuevo informe y han recordado que la venta de falsificaciones es una actividad ilegal que está controlada por bandas organizadas y vende artículos que no han pasado ningún control de seguridad y calidad, además de provocar grandes perjuicios al empleo y a la economía del país.

Ambas organizaciones han destacado que “el consumidor tiene que ser consciente de que cuando compra falsificaciones su dinero va a subvencionar el crimen organizado, y pone en riesgo su salud y su seguridad”. Como bien explica el vicepresidente de la CEC, Pedro Campo, se trata de organizaciones criminales y las personas que están en la calle vendiendo esos productos son esclavos de esas mafias”.  Campo ha añadido que es necesaria la sensibilización del consumidor: “Cuando compras un producto falsificado estás comprando un producto que no paga impuestos, están cometiendo fraude. Además, luego no podrás reclamar nada por cualquier defecto”.

Según José Antonio Moreno, director general de Andema, en el último año el anuncio del lanzamiento del Plan Integral contra las Falsificaciones por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, permite albergar alguna esperanza de que el problema pueda reconducirse. “Pero queda muchísimo por hacer y las administraciones, especialmente los ayuntamientos, tienen que percibir que éste es un problema de competencia desleal, de ocupación ilegal del espacio público y de distribución y venta de productos inseguros”, destaca Moreno.

Para el secretario general de la CEC, José Guerrero, “la venta de falsificaciones hace un daño irreparable al comercio local. Los comerciantes crean empleo, pagan impuestos y se esfuerzan en abrir su puerta cada día. En algunas zonas de determinadas localidades, nos sentimos totalmente desprotegidos ante la venta ilegal de falsificaciones delante de nuestros locales”.

Los comerciantes exigen sanciones a los consumidores

Pedro Campo ha denunciado que llevan muchos años observando la inactividad de las administraciones: “No hemos visto a ningún político, ni antes ni después de las elecciones, mencionar este tema”, ha dicho. Por lo que desde la CEC exigen mayor vigilancia a la entrada de falsificaciones en España, aumentar las incautaciones, tanto en los lugares de almacenaje como en los puntos de venta; y sanciones a los consumidores que compren productos en la calle. “En Italia ya hay sanciones de 6000 euros, y en zonas como en Mallorca o Valencia ya se está haciendo lo propio”, ha comentado el vicepresidente de la entidad.

Y es que según un estudio realizado por la EUIPO y la OCDE este año, las estimaciones de la vulneración de los derechos de propiedad industrial en el comercio internacional, en 2016, podrían alcanzar hasta un 3,3% del comercio mundial. Hasta el 6,8% de las importaciones de la Unión Europea -unos 121.000 millones euros al año- son productos falsificados.