ATA renueva su lucha contra las trabas

El Gobierno firma convenios para reducir cargas administrativas

El gobierno ha firmado convenios de colaboración con ATA y varias organizaciones para identificar y reducir las cargas administrativas que afectan a los autónomos y al resto de ciudadanos. Los convenios firmados permitirán a la Administración consultar sus decisiones con los sectores interesados, así como establecer un contacto directo con las asociaciones y entidades.

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El Gobierno firma convenios para reducir cargas administrativas

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, se reunió el martes con los representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, la patronal empresarial CEOE-Cepyme, la Cámara de Comercio de España y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cerni) para firmar convenios de colaboración que permitan la identificación y la reducción de cargas administrativas. En el caso de ATA se centrará específicamente a aquellas que afectan a los pequeños negocios regentados por autónomos.

Este es el quinto año consecutivo que la federación de autónomos firma convenios con el Gobierno para la reducción de trabas y trámites administrativos. ATA y el anterior Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAP) llevaron a cabo en 2017 el cuarto acuerdo con el fin de identificar y eliminar obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora. Este convenio permitió presentar en 2017 un total de treinta y una propuestas de cambio para la reducción de trabas, que supusieron un ahorro tanto para la administración como para el autónomo de más de 450 millones de euros. Estas propuestas, sumadas a las presentadas en los convenios de 2014 a 2016, hacen un total de 101 propuestas de reducción de trámites administrativas presentadas por ATA que suponen, según criterios de valoración del organismo competente en esta materia, un ahorro de 1.760 millones de euros

Para identificar las trabas y establecer las propuestas para eliminarlas se desarrollarán jornadas con las organizaciones firmantes de los convenios en distintos puntos de la geografía española, en las que los sectores afectados tendrán la oportunidad de trasladar directamente a los representantes de la Administración cuáles son las barreras más importantes que siguen encontrando y cuáles son las propuestas para eliminarlas.

Los convenios firmados permitirán a la Administración, además, consultar sus decisiones con los sectores interesados, así como establecer un contacto directo con las asociaciones y entidades que representan un amplio sector de colectivos y sensibilidades, empresas de distinto tipo de producción y tamaño y colectivos con necesidades específicas.

Estos convenios buscan continuar con la simplificación administrativa y la mejora continua y potenciación de la participación activa del sector empresarial y social en las decisiones.

El balance de la simplificación administrativa, que se quiere impulsar, ha permitido en los últimos diez años la aprobación de diez acuerdos de Consejo de Ministros y tres planes de simplificación departamentales que incluyen más de 600 iniciativas para facilitar la actividad de los emprendedores, simplificar los procedimientos que afectan a los ciudadanos, así como facilitar el pleno acceso y sin exclusiones de las personas con discapacidad a la Administración General del Estado.

Según informó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, los convenios firmados tras el acuerdo unánime con todos los interlocutores ponen de manifiesto "tanto la voluntad como la necesidad de diálogo permanente con los sectores sociales y económicos implicados" para impulsar un intercambio continuo de información y establecer una cooperación intensa entre dichos sectores y la Administración.

La Secretaría de Estado de Función Pública se plantea como uno de sus principales ejes de actuación la transformación e innovación de los servicios públicos con el fin de alcanzar los máximos estándares de calidad y orientarlos, asimismo, a las demandas de los ciudadanos y de las empresas.