Economía no es partidaria de revertir la reforma laboral

El Gobierno se reunirá con las CCAA para eliminar trabas que frenan los negocios

Bajo el marco de la Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, Economía analizará con las CCAA os obstáculos que impiden que los autónomos y microempresas ganen tamaño. Esta es la intención la ministra de Economía, Nadia Calviño, quién también advirtió que “no es productivo revertir o deshacer" la anterior Reforma Laboral.

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El Gobierno se reunirá con las CCAA para eliminar trabas que frenan los negocios

“Vamos a convocar a las comunidades autónomas para regular mejor” y coordinar las normativas de los territorios, así de contundente se mostró la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, al ser preguntada sobre la hoja de ruta del Gobierno para la eliminación de trabas burocráticas que cuestan la friolera de 1.800 millones de euros cada año a autónomos y microempresas.

Calviño, que participó en un almuerzo informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), ha insistido en que  “el reto está en las microempresas. Más allá de las medidas para impulsar el emprendimiento es fundamental pensar en el crecimiento de las que ya existen”.

Así, en caso de que Pedro Sánchez consiga el apoyo suficiente para formar Gobierno, una de las “canteras” en las que trabajará el equipo de Calviño será “revisar los instrumentos para el crecimiento de las pymes y de apoyo a su internacionalización”. Pero dio aún más importancia a la eliminación de las trabas con las que tienen que bregar los autónomos y las pymes de menor tamaño en su día a día.

Bajo el marco de la Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, en la que participarán tanto los primeros espadas del Ministerio de Economía y Empresa como los consejeros de las comunidades autónomas -y que se pretende arranque a lo largo de este año una vez se constituyan los gobiernos autonómicos-, “vamos a explorar y analizar los obstáculos con los que se encuentran las microempresas a la hora de hacer crecer sus negocios", ha aseverado la ministra.

La iniciativa que quedó recogida en la Agenda del Cambio aprobada el pasado mes de febrero, aboga por la necesidad del “trabajo conjunto con las comunidades autónomas y corporaciones locales para garantizar que su regulación y actuación contribuya al dinamismo económico y el crecimiento empresarial sin establecer barreras innecesarias”. En este sentido, Economía tiene previsto llevar a efecto todas las medidas de la Ley de Unidad de Mercado pendientes aún de implementar con el objetivo de “asegurar un campo de juego nivelado para las empresas y profesionales que vendan sus bienes o servicios en distintas regiones” y de este modo “obtengan la escala suficiente para generar conocimiento, productividad y puestos de trabajo atractivos, que puedan posteriormente proyectarse al exterior”.

Asimismo, Economía participará “con voz pero sin voto” en conferencias sectoriales organizadas por otros Ministerios y que puedan facilitar el desarrollo de los negocios en las distintas regiones.

Centenares de normas nuevas cada año

El objetivo de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, aprobada en marzo de 2013 e impulsada por el entonces secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, tenía entre sus principales objetivos solucionar la complejidad del sistema regulatorio de España. Cinco años después todavía quedan miles de trabas por resolver y la producción normativa sigue siendo excesivamente prolija. Y eso pese a que, según los datos facilitados por el Ministerio de Economía, se han tramitado más de 330 casos y se han emitido más de 1.400 informes de valoración por parte de las distintas administraciones en ámbitos como comercio, servicios profesionales o turismo.  

Tal y como denunció la patronal de los empresarios CEOE en marzo, el pasado año se publicaron 588 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal que, a su vez, quedaron plasmadas en más de un millón de páginas repartidas entre el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los boletines y diarios autonómicos. Esto es casi un 14% más que en 2017. Todo ello sin contar con la normativa procedente de la Unión Europea. Esta maraña normativa crea confusión y tiene como resultado final dificultar el trabajo de los autónomos y microempresas, desincentivando sus intenciones de expansión.

Desde hace cinco años, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA viene trabajando con el Ministerio de Economía para ir reduciendo las cargas administrativas que pesan sobre los negocios. Sólo en el 2018 se detectaron 29 trabas que sufren los autónomos y pasan de 100 las que ya han sido puestas sobre la mesa de negociación para que se eliminen.

De hecho, el último informe semestral de la Comisión Europea critica que, pese a las buenas intenciones, no se hayan adoptado medidas “concretas” para, por un lado “eliminar las regulaciones innecesarias en función del tamaño de las empresas” y, por otro, poner coto a la “fragmentación” normativa de las comunidades autónomas.

No se revertirá la reforma laboral

Calviño también se ha referido a las intenciones del Gobierno en materia de empleo. La titular de Economía ha explicado que las miras no están puestas en derogar o revertir la reforma laboral aprobada por el Partido Popular, sino en cambiar los aspectos más lesivos de ésta, tal y como se recogía en el programa  electoral de los socialistas. “No es productivo deshacer, revertir o re-reformar las reformas”, ha afirmado.

Con ello el futuro Gobierno centrará sus esfuerzos en el desarrollo de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recoja las particularidades del mercado laboral a medio y largo plazo. “Tenemos que apostar por una visión de futuro y trabajar juntos para elaborar un Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI. No podemos dedicarnos a volver atrás ni reconsiderar lo que se ha hecho”.

De este modo Calviño, ha lanzado un claro mensaje a sindicatos y patronal, a los que insta a llegar a un acuerdo. “Vamos a sentarnos con los agentes sociales” y todas las decisiones que se adopten se harán “en base al consenso y la negociación”, ha reiterado.

Descarta el efecto negativo de la subida del SMI

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros también ha ocupado parte del debate durante el almuerzo. A este respecto la ministra ha insistido en el impacto “neutro” de la medida. “No se evidencia un efecto negativo en el empleo. Si, por el contrario, uno positivo en la renta disponible de las personas”.

Teoría en la que han coincidido Antonio Madera, head of sovereing & sub-sovereing de Axesor Rating, Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS y Javier Rouillet, vicepresidente de Global Sovereing Ratings de DBRS, que han participado en un debate previo al almuerzo. Todos ellos han constatado que “no hay evidencia de que se haya destruido empleo”, aunque las empresas que se han visto afectadas “sí están sacrificando márgenes”. No obstante, Madera ha querido matizar que, de producirse, “el efecto sería a largo plazo y afectará a los resultados de las empresas. Pero no restará competitividad”.

No obstante, lo que sí se descarta por el momento es una nueva subida del SMI a 1.000 euros tal y como plantea Podemos, previsible socio de Sánchez en el futuro Gobierno. En este sentido y a la espera de obtener conclusiones claras en los próximos meses, Calviño ha apelado a la “prudencia. No podemos aventurarnos al futuro”.