Informe ATA de Morosidad 2017

Grandes empresas y municipios, los que peor pagan a los autónomos

Unos 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia sufren morosidad y 400.000 esperan cobrar facturas más de seis meses.

fogura euro
Grandes empresas y municipios, los que peor pagan a los autónomos

Cuanto más grande es una empresa, la experiencia demuestra que paga peor. No es que no puedan hacer frente a los pagos, es que se han instalado en una mala praxis desde hace ya tiempo: financiarse a costa de sus proveedores. 

Los datos están ahí: las empresas con más de 1.000 trabajadores tardaron 114 días de media en 2017 en pagar a sus proveedores, sólo cinco días menos que en 2016. Pero las que tienen entre 250 y 1.000 trabajadores tampoco mejoraron mucho más, pues tardaron de media 110, con lo que sólo bajaron cuatro días respecto al año anterior, según datos del Informe de Morosidad 2017 elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

A medida que disminuye el tamaño de la empresa, el periodo de pago va mejorando. Así, las de 50-250 trabajadores utilizaron de media 66 días; las de 9 a 50 empleados, 51 días; y las más pequeñas, de 1 a 9 empleados, 46 días. Entre autónomos, el periodo de pago se quedó en 40 días. Las pymes mejoraron unos pocos días en relación a 2016.

La situación irrita de tal modo que el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha declarado en la presentación este martes del informe que “hay grandes empresas que no pueden ir presumiendo de tener responsabilidad social corporativa cuando tienen ahogados a sus proveedores”. Amor ha explicado, además, la razón de estas demoras en las grandes: “Un autónomo o una pyme pequeña nota enseguida los efectos de no pagar una factura, le llegan cartas y requerimientos en muy poco tiempo”.

El resultado es que unos 1,2 millones de autónomos, el 40%, sufren los efectos de la morosidad, una de las lacras de este colectivo, y de ellos unos 400.000 tienen facturas sin cobrar desde hace más de seis meses.

Los ayuntamientos, los más incumplidores

Respecto a la morosidad pública, los datos tampoco mejoran. En 2017, el periodo medio de las Administraciones públicas ha sido de 70 días, con lo que es evidente que continúan incumpliendo la Ley de Morosidad, que fija un máximo de 60 días.

El informe destaca que entre las tres Administraciones, la local es la más morosa e insumisa. Mientras que la Central (con la que apenas trabajan unos 5.000 autónomos) y las autonómicas tardaron una media de 49 días el año pasado (con excepciones como la Comunidad Valenciana o Cantabria), los ayuntamientos tienen periodos de pago de tres meses de media. Lo peor es que la situación ha empeorado en comparación con 2016, pues entonces se tardaba una media de 80 días y en 2017 fue de 91 días. Unos 500 municipios pagan a más de 100 días. El presidente de ATA ha explicado que en parte estas demoras pueden deberse a que los ayuntamientos no disponen de un mecanismo como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como las Administraciones autonómicas. Tampoco es ajeno el truco de contabilizar con distintos baremos el momento de entrada de las facturas en el consistorio.  

Si se analizan los ayuntamientos más morosos, se observa que hay de todo y que no depende de tamaños, color político o comunidades autónomas. El peor de todos fue el año pasado el de Jaén, que ostenta el liderazgo con 483 días de demora. Le siguen Algeciras con 390 días, Parla con 344 días y Telde, con 326. Los datos son fríos, pero también tienen sus lecturas: así, el ayuntamiento madrileño de Alcorcón aparece con 198 días pero es que hace cuatro años tardaba hasta 700. En el otro extremo, se encuentra Fuengirola, municipio que paga a sus proveedores en 11 días de media.

Las diputaciones y cabildos insulares son bastante cumplidores, según el informe de ATA. Solamente una diputación se salta la Ley de Morosidad y es la de Cádiz, que tarda de media 62 días. Como cumplidor de primer orden se encuentra el Cabildo Insular de Gran Canaria, que paga en 16 días.

Un problema que preocupa, además, a los autónomos es que la Ley de Morosidad no contempla ningún tipo de sanciones ni de requerimientos para el que no paga. Al proveedor únicamente le queda iniciar un proceso monitorio y reclamar intereses pero la mayoría desisten porque el gasto en abogados y procuradores no les merece la pena. Esta situación puede cambiar a partir de la próxima primavera. “El proyecto de ley que ahora se encuentra en el Congreso de los Diputados para establecer sanciones a los morosos no se puede demorar”, ha señalado Lorenzo Amor.