viernes. 15.01.2021

LA MAYORÍA EN EMPRESAS DE REPARTO, SEGUROS O PERIODISMO

La Inspección de Trabajo no frenó su labor durante la COVID y destapó más de 9.200 falsos autónomos

Los inspectores regularizaron más de 9.200 falsos autónomos en lo que va de año, a pesar de la pandemia. 

La Inspección de Trabajo no frenó su labor durante la COVID y destapó más de 9.200 falsos autónomos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social destapó y regularizó la situación de algo más de 9.200 falsos autónomos en lo que va de año, a pesar de las limitaciones por la crisis del COVID-19. Esto supone una liquidación total de 56,53 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social.

Así quedó reflejado en una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria llevada a cabo por el senador socialista Miguel Ángel Heredia. La consulta fue formulada con fecha del pasado 16 de noviembre y el Ejecutivo la contestó el día 18 de diciembre.

El senador quiso saber cuántos falsos autónomos regularizaron los inspectores en 2020, a lo que el Gobierno contestó que "la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado en el año 2018 un total de 18.851 falsos autónomos y durante 2019 un total de 22.383. Estos datos se completan con los provisionales de enero-octubre de 2020, en que se han detectado 8.521 falsos autónomos”. Aunque, con las últimas actuaciones en los meses de noviembre y diciembre, se espera que la cifra de regularizaciones supere los 9.200. 

Casi 50.000 falsos autónomos regularizados en tres años

El fraude de los falsos autónomos se produce cuando una empresa contrata a una persona como autónomo cuando, en realidad, debería ser asalariada, con el fin de ahorrarse el coste de las cotizaciones sociales. De esta forma, se origina la figura fraudulenta que se puede encontrar en todo tipo de ámbitos: desde el sector público, hasta el privado, pasando por las aerolíneas, clínicas dentales o repartidores, entre otros sectores. Para la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, erradicar el uso de esta figura en el mercado laboral es una prioridad y está comprometida a actuar “con rapidez” para impedir su uso.

De hecho, desde que se puso en marcha el  Plan Director Por un Trabajo Digno, ya se han regularizado a casi 50.000 falsos autónomos, es decir, se ha obligado a las empresas que les contrataban a pasarles del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), al Régimen General, y soportar sus cotizaciones a la Seguridad Social.

De acuerdo con las cifras facilitadas por el Gobierno, sumando los tres últimos años, el número de detecciones y posteriores regulaciones de falsos autónomos afectó a 48.034 trabajadores.  Estas actuaciones que fueron llevadas a cabo por los inspectores sirvieron para reportar más de 295,36 millones de euros a la Seguridad Social en concepto de cuotas. Este dinero es el que habían dejado de pagar las empresas responsables de emplear a estos falsos autónomos.

Los sectores donde se emplea a más falsos autónomos

Para el abogado laboralista Alberto Ara, las diferentes sentencias contra algunas plataformas como Glovo o Deliveroo han sido determinantes para facilitar el trabajo de la Inspección y regularizar a estos falsos autónomos. Este fraude, según la reciente decisión del Supremo, que ha marcado jurisprudencia, se estaría dando presuntamente entre los riders de plataformas de reparto muy conocidas que , según el Alto Tribunal, en su mayoría estarían trabajando como autónomos repartiendo comida pese a que deberían tener una "relación laboral". 

Para la ministra de Trabajo “había escasas dudas jurídicas acerca de la naturaleza laboral de los denominados riders o repartidores”. A su modo de ver “no caben dudas de que un trabajador que va en bicicleta no es un emprendedor. Es un simple trabajador, pues no hay ningún margen de autonomía en su relación laboral”.

Empresas del sector asegurador o del periodismo

Sin embargo, estas plataformas de reparto, al parecer, no son las únicas que utilizan esta figura para librarse de hacer frente al pago de sus obligaciones con la Tesorería. Uno de los sectores a los que se refirió Ara y que estarían especialmente afectados por esta prácticas es el de los seguros donde, según el abogado, “ha ido aumentando bastante la incidencia”.

También se han dado casos de clínicas dentales, veterinarias, despachos de abogados o pequeños medios de comunicación. Suelen ser negocios, de todo tipo de tamaños, que pueden decidir contratar a un trabajador estableciendo con él una relación mercantil cuando debería ser laboral.

Por tanto, esta mala práctica no se limita -ni mucho menos- a las grandes corporaciones. A pesar de ello, el abogado laboralista reconoció que en otros negocios como pueden ser las “ típicas tiendas de ultramarinos o talleres de reparaciones regentados habitualmente por autónomos, es mucho más difícil que se dé este tipo de fraude”

La Inspección de Trabajo no frenó su labor durante la COVID y destapó más de 9.200 falsos autónomos