Montoro penalizará a las empresas morosas

El ministro de Hacienda también apunta que los autónomos podrán seguir aplazando las deudas tributarias durante este ejercicio.
Montoro penalizará a las empresas morosas

La economía española crece, gana competitividad y todo se traduce en empleo. Ahora bien, todavía queda mucho camino por recorrer. Para hacerlo, uno de los temas capitales sobre los que el Gobierno trabajará esta legislatura es el de poner freno al elevado índice de morosidad entre las empresas españolas. Especialmente en la que padecen los proveedores más pequeños.

Ha sido el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia de esta mañana en el seno de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, quien ha puesto la bala sobre las empresas morosas, principalmente las grandes. El Ministerio “penalizará fiscalmente a las empresas que no cumplen con la Ley de Morosidad”, afirmaba. Ahora bien, más allá del titular poco se sabe. Ni siquiera si finalmente se desarrollará el régimen de información y sanciones pactado en el acuerdo con Ciudadanos. A este respecto fuentes próximas al Ministerio de Hacienda insisten en que “no tenemos por qué”.

Negativa, a priori, que tiene un matiz, y es que, tal y como explican desde Ciudadanos, son tres las carteras que intervendrían en la redacción del texto definitivo: Hacienda -para las penalizaciones aplicables sobre impuestos y tributos-, Empleo -para las que afecten a cotizaciones sociales- e Industria -para las sanciones específicas-.

Así las cosas, las competencias de Montoro quedarían limitadas a imposibilitar que las empresas que no paguen en tiempo y forma a sus proveedores se acojan a determinadas ventajas fiscales. A este respecto, una de las opciones que se baraja es que sea el IVA sobre el que recaiga el peso sancionador. “Lo razonable es que se aplique sobre tributos generales. El Impuesto de Sociedades no afecta a la totalidad de las empresas”, puntualizan fuentes de la formación naranja.

Otra de las medidas que se podría llevar adelante, y que también se recoge en el punto 34 del acuerdo, es la de incentivar el régimen de IVA de caja para pymes y autónomos, con el que dicho impuesto sólo se liquidaría una vez cobradas las facturas. Así como impedir la participación en concurso público de las empresas que incumplan la Ley.

En referencia a esta cuestión, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), su presidente, Antoni Cañete, ha insistido en que “hay un compromiso concreto y claro” y se lamenta de que de no proceder a su desarrollo “estaríamos de nuevo con el juego del trato o truco”.

Aplazamiento del IVA

La ambigüedad lingüística de Montoro, tampoco ha aclarado cómo se procederá finalmente a conceder el año de gracia a autónomos y pequeñas empresas para aplazar los pagos del IVA. El portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre, en declaraciones a AyE, ha resaltado que la medida “es inaplicable”, tanto por el perjuicio que puede provocar en la economía real como por la inadecuación de los sistemas informáticos y de gestión con los que cuenta la Agencia Tributaria. Tras aclarar que “la medida no estaba pensada para ellos (autónomos y pymes con bajos niveles de facturación)”, el ministro de Hacienda explicaba que desde su cartera “se está trabajando en mecanismos” que permitan que antes de finales de enero los autónomos y pymes puedan acogerse a dichos aplazamientos. Algo que, celebra el presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), quien se muestra convencido de que “habrá aplazamientos”. Confiando además en que “la instrucción esté terminada antes del día 30”.

Cabe recordar que en el Real Decreto Ley de medidas tributarias aprobado el pasado 3 de diciembre, se impedía el aplazamiento de cualquier deuda derivada de tributos salvo debida justificación de que las cuotas repercutidas no hubieran sido pagadas. Con ello, se ponía una soga de más de 3.000 millones de euros en el cuello a la liquidez de la economía real. Asimismo, pocos días después el fisco daba marcha atrás y adoptaba un compromiso con ATA por el que se ampliaba el plazo de aplicación para los autónomos. Con ello, hasta finales de año el colectivo podría continuar aplazando los pagos -cobrados o no- de hasta 30.000 euros sin, además, tener la obligación de presentar un aval o garantía adicional. En el caso de las pymes el plazo será de seis meses.