La morosidad aniquila 250.000 negocios al año en el sur de Europa

La morosidad uno de los males endémicos a los que tienen que enfrentarse los autónomos y las pymes, y lo peor es que el virus se extiende por toda Europa. Según un informe elaborado por la Comisión Europea eliminar la “morosidad crónica” en España, Portugal e Italia salvaría del cierre a entre 124.000 y 248.000 negocios cada año.

Los problemas de liquidez y la falta de ingresos que origina esta lacra, que afecta principalmente al tejido empresarial de menor tamaño, suponen además un lastre para la sostenibilidad y la creación de empleo. En concreto, durante 2017 (fecha a la que se refiere el informe), se podrían haber creado 6,5 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea si se hubieran cumplido con los plazos de pago establecidos por la normativa comunitaria, que fija en 60 días de máximo el periodo para las empresas y en 30 para la Administración.

Gran parte de estos puestos de trabajo se habrían generado en España si tenemos en cuenta que el país lidera el ranking de la morosidad empresarial. Las operaciones entre empresas se pagan a 51 días de promedio, dos por encima de Grecia -segundo país entre los peores pagadores-, seis por encima de Italia y 20 por encima de la media de los 28.  

La situación no tiene visos de mejorar. El Estudio sobre plazos de pago en la empresa española elaborado por Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, resalta el empeoramiento de éstos por tercer año consecutivo: hasta los 97 días de media, el máximo desde 2009 y ocho por encima del mínimo de 89 días que se registró en 2011.

En Europa Occidental, Crédito y Caución alerta también de este aumento en los índices de morosidad. El pasado año 2018, casi un 42% del valor total de las facturas que se emitieron entre empresas se vieron lastradas por la morosidad. Porcentaje un punto por encima del anterior barómetro.

Obligados a aceptar

El mal del moroso no es privativo de las grandes compañías, sino que se da en todas y cada una de las capas del tejido empresarial, sectores y regiones. Pese a ello las pymes y las microempresas son las que, en línea con lo que se viene produciendo históricamente, abonan sus facturas en el menor tiempo. Así se pone de manifiesto tanto en el informe de la Comisión Europea como en los documentos elaborados por la compañía de seguros de crédito a la exportación que fija en 98 días el periodo medio de pago de las microempresas frente a los 110 días de las grandes.

También desde ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) ponen de relevancia el mejor comportamiento de pago entre los autónomos y los pequeños negocios. Si bien el cuatro de cada diez trabajadores por cuenta propia reconocen sufrir las consecuencias de la morosidad, esta es inversamente proporcional al tamaño: cuanto menor es el negocio, más pronto se abonan las facturas. Concretamente los trabajadores por cuenta propia lo hacen de media en 38 días y las microempresas de menos de diez empleados en 47. Frente a ello las medianas y las grandes se demoran hasta  63 y 109 días respectivamente.

Por sectores, ninguno rebaja los 60 días de media, siendo el de los servicios el que menos se hace esperar (90 días) y la construcción el que más (108 días), recoge el informe de Crédito y Caución.

El 72% de los proveedores españoles, en su mayoría pymes y autónomos, se ve obligado a firmar contratos con plazos de pago superiores a los 60 días, la mayoría de ellos cuando trabaja para grandes compañías, destaca el informe de la Comisión Europea.

Tal y como ha denunciado en varias ocasiones desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), detrás de estos flagrantes incumplimientos de la Ley de Morosidad se encuentra el ahorro de costes financieros de las empresas morosas, que se financiarían a tipo cero pagando sus facturas fuera de los plazos legales establecidos. Ahora bien, lo que se ahorran unos les cuesta dinero e incluso el negocio a otros. 930 millones de euros es el sobrecoste de la morosidad para los autónomos y las pequeñas empresas según las cifras que aporta la Comisión Europea.

De la morosidad al impago

Entre la morosidad y el impago hay sólo un paso. Y, lamentablemente, bastante próximo. Al igual que ha ocurrido con los periodos medios de pago el número de facturas no abonadas también registra una peligrosa línea roja ascendente. El Índice de Crédito y Caución de Incumplimiento recoge un incremento de los impagos del 4%. Se trata del tercer año consecutivo con subidas desde 2016.

El impacto de los impagos es significativo para siete de cada diez autónomos, pequeños negocios y empresas. El 9% se ve obligados a cerrar su negocio por esta causa, pero otro efecto perverso es el incremento de los costes financieros que tienen que soportar cuatro de cada diez autónomos. Y es que muchos han de solicitar préstamos o líneas de crédito específicas con las que mantener los niveles de liquidez. Le siguen la pérdida de ingresos y la limitación del crecimiento y las inversiones.

Régimen sancionador

En el citado informe la Comisión Europea recomienda a España implantar un régimen sancionador en el que sea incluso la propia Administración quien pueda penalizar el incumplimiento de los plazos máximos de pago. A este respecto será en las próximas semanas cuando aterrice el texto definitivo de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, impulsado por Ciudadanos y acordado con el resto de grupos parlamentarios.

En ésta se establecen sanciones de hasta un millón de euros para quienes superen los 60 días de tope en el abono de sus facturas a proveedores. De no producirse cambios de última hora, serán las Comunidades Autónomas quienes dispongan de las competencias para sancionar a los deudores. No obstante, las autonomías podrán renunciar a esta competencia, en cuyo caso será la Administración central sobre quien recaiga el brazo ejecutor. Si la denuncia se produjese a través del Buzón de la Morosidad será la propia Agencia Tributaria (organismo de quien dependerá) la que inicie el procedimiento sancionador “de oficio”.

Precisamente otro de los focos de la morosidad son los pagos que dependen del sector público. Hasta el mes de octubre (último dato publicado por el Ministerio de Hacienda) el periodo medio de pago de la Administración central fue de 39,28 días, el de las comunidades autónomas de 35,66 y el de las entidades locales de 62,01 días. No obstante, y pese a que poco a poco éstos van mejorando, lo cierto es que hay regiones como Cantabria y la Comunidad Valenciana que abonan sus facturas a 68 y 58 días respectivamente o Ayuntamientos, como el de Jaén y Telde (Las Palmas de Gran Canaria) con un periodo medio de pago de 637 y 565 días.