El papel de las pymes en el ecosistema de las finanzas públicas
Cuando en la actualidad nos preocupamos, con buen acierto, por el cuidado mayor del medioambiente somos conscientes de que la acción de todos los agentes implicados en este ámbito es necesaria. Sabemos muy bien que, si permitimos desequilibrios causados por la acción del hombre, si miramos hacia otro lado en un mundo que parece sólo buscar el enriquecimiento de una parte del mismo, acabaremos pagando las consecuencias de estos actos. Dentro de esa acción “colectiva” no sólo están las actuaciones de grupos particulares, muy loables al mostrar su generosidad frente a otros que dedican sus “dineros” a otros menesteres, sino que también, de manera muy especial, cobra todo el sentido la actuación de la Administración pública y, en general, de todo el entramado del Estado, en el que también están implicados los políticos, a quienes corresponde llevar la palabra a la acción.
El equilibrio de la ecuación que tiene como fin la convivencia de las especies en armonía, y en la que todos debemos estar implicados, pequeños y grandes, muy bien sería aplicable al logro del equilibrio en la ecuación del ecosistema de las finanzas públicas, porque, en el caso de los ingresos públicos, el mantenimiento del equilibrio depende, no sólo de la capacidad de actuación de la Administración, de las grandes empresas y de otros grandes contribuyentes, sino, de manera muy especial, del papel que en ese ecosistema desempeñan las pymes.
Las pymes representan la mayor parte del tejido productivo de cualquier país, e implican al conjunto de la sociedad porque en ellas participan, de manera directa e indirecta, todos los ciudadanos. Todos compramos en pymes, conocemos a emprendedores que, con mayor o menor acierto, arriesgan su capital durante un tiempo para poner en marcha un negocio, y también tenemos familiares que trabajan en este tipo de empresas. El cuidado de esa parte del ecosistema empresarial es fundamental para el buen funcionamiento de nuestras finanzas públicas y, en definitiva, de nuestro estado de bienestar. Si sobreviven y crecen, su productividad podrá aumentar y, en consecuencia, podrá producirse un mayor crecimiento económico del país, lo que, sin lugar a dudas, implicará efectos directos en el aumento de la recaudación tributaria y en una mejora de las infraestructuras y servicios públicos disponibles para los ciudadanos.
Aunque los datos oficiales ofrecidos por CEPYME nos dicen que las pymes crecen en número, este dato hay que matizarlo con el número de empresas que sobreviven, después de su creación. De qué le sirve al país tener un número elevado de pequeñas empresas si éstas, por distintas razones, entre las que se encuentran los costes indirectos derivados de la Administración, no pueden superar el primer año de vida, y tienen que echar el cierre, con las consecuencias, que desde el punto de vista económico, sociológico y psicológico, este cierre conlleva.
Con buen tino, la Administración tributaria en España, a fin de reducir esos costes indirectos, ha implementado diversas acciones dirigidas a mejorar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y, en especial, de las pymes, aunque todavía queda camino por recorrer. Así, se han mejorado los servicios de información y asistencia, y se han diseñado fórmulas diversas que pretenden acercar las pymes a la Administración tributaria, incrementando, además, sus niveles de comunicación en la era de la digitalización. Pero, a pesar de estas mejoras indudables, las pymes siguen quejándose de que el trato que reciben no es el mismo que el que recibe la gran empresa.
En este sentido, sería muy positivo que se lograra un mayor entendimiento tributario a través de lo que la OCDE ha llamado cumplimiento cooperativo y que, en España, lleva implementándose desde el año 2009 a las grandes empresas, a partir de la creación del Foro de grandes empresas (FGE) y del Código de Buenas Prácticas (CBP).
El cumplimiento cooperativo permite mejorar el grado de transparencia en la información y la confianza que debe darse entre la empresa y Administración tributaria. Debemos dejar la relación confrontativa, basada en la verificación del cumplimiento de la obligación tributaria a base de controles coactivos en los que Administración y contribuyente se enfrentan, sólo para aquellos contribuyentes que presentan mayor riesgo de cumplimiento tributario. Es necesario pasar a ser más eficientes en la utilización de los recursos públicos, tratando de que todos los contribuyentes, entre los que están las pymes, mejoren día a día y sientan el acompañamiento de la Administración tributaria como algo natural, y alcanzar, de esta forma, el tan deseado equilibrio de las especies que conviven en el ecosistema de las finanzas públicas. En tiempos de pandemia, esa ayuda y ese seguimiento amistoso debe incrementarse y la Administración debe poner todos los medios a su alcance para lograr ese fin.
Cuidemos esa parte tan importante del ecosistema de las finanzas públicas porque, de no hacerlo, estaremos abocados a tiempos muy difíciles donde la credibilidad como Estado y, en consecuencia, los servicios públicos que éste ofrece, podrán ponerse en cuestión. De ello depende, entre otras cuestiones, nuestra supervivencia y prestigio como Nación.