Por la reducción de los atropellos de operarios de auxilio en carretera
Hace apenas unas semanas se reunían la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, y el director general de Trafico, Pere Navarro, con varios representantes del sector del Auxilio en Carretera, entre otras cosas, para abordar el cierre del nuevo Reglamento que establece las condiciones en las que deben realizar sus funciones los servicios de auxilio en vías públicas y sus condiciones de seguridad, cuyo texto ya ultimado por la DGT se remitirá en breve al Consejo de Estado para su preceptico informe y subsiguiente aprobación por el Consejo de Ministros. Unos días después hemos sufrido otro lamentable atropello grave de un operario de auxilio en carretera mientras desempeñaba funciones de auxilio en la AP-7 a la altura de El Ejido, en Almería.
El sector del auxilio en carretera, compuesto por una gran mayoría de autónomos, se muestra complacido de que la tramitación del citado Reglamento, tras más de tres años de trabajos, esté en su fase final. Toda vez que dicha norma, afecta directamente al interés de todas las empresas titulares de grúas de auxilio y que aúnan a más de 11.000 vehículos. Pero, no por ello se satisfacen con esta norma, las necesidades sectoriales de regulación, ni mucho menos se mejora sustancialmente la Seguridad Vial, incluida, por supuesto la de los operarios de grúa de auxilio. Ésta es el objetivo final de las partes implicadas en las tareas de auxilio a vehículos accidentados o averiados en las vías públicas.
Y esta finalidad señalada no se logra al sustraerse una parte importante de la regulación clave en dicha norma como es que, más allá de la regulación de los vehículos grúa y sus titulares se profundice en la interacción de estos con otras partes sustanciales de las operaciones de auxilio en carretera, como son los equipamientos y formación de los operarios de auxilio, pues estos son los que les protegen en las duras condiciones de su trabajo. Y también dicha interacción con las plataformas o compañías de asistencia en carretera para que sean sujetos de la regulación, puesto que -a nuestro juicio- no solo organizan parcialmente las operaciones de auxilio, sino que tienen una responsabilidad indudable respecto a los conductores o asegurados, a las empresas de grúas o proveedores y a ciertas condiciones de las operaciones en la vía, sobre todo en aquellas que pueden poner en peligro la circulación o suponen la implicación de medios de rescate inapropiados para el tipo de siniestro, y otras relacionadas con la seguridad y prevención de riesgos en el trabajo, etc.
Es esta última área, la de la prevención y seguridad en el trabajo, la que estando más regulada teóricamente, más adolece de carencias que conllevan numerosos riesgos y tristes acontecimientos como el último atropello grave de un operario de grúa de auxilio en la A-7, en El Ejido, antes citado y del que nos tenemos que lamentar y que tristemente vuelve a poner en la palestra la desprotección de estos trabajadores en sus labores en la vía.
Paradójicamente, junto con la preocupación y buen hacer de las mejores empresas de auxilio en carretera agrupadas en la Red de Empresas de Auxilio en Carretera (REAC) y los enormes esfuerzos que desde esta organización se hacen por el incremento de la formación de estos operarios, así como de los requisitos de calidad e idoneidad de la flota para la prestación de un servicio de excelencia, nos encontramos con la desidia de las administraciones en recoger y elevar a rango normativo los procedimientos y elementos de seguridad que éstos necesitan para auxiliar más seguros los accidentes.
De modo que abogamos porque las empresas que no siguen los estándares de excelencia y seguridad que REAC autoimpone para sus miembros, no pongan en mayor riesgo a sus operarios por ningún motivo, pero menos aún por motivos económicos o de desidia en el conocimiento de los materiales y procedimientos de trabajo más seguros, tales como son los Equipos de Protección Individual (EPIs) más idóneos. Para que los operarios, cuando se encuentran realizando labores en la calzada, puedan ser advertidos y vistos por el resto de conductores, resultan adecuado que lleven puestos en todo momento EPIs de categoría reflectante grado III (según normativa de alta visibilidad EN-471), aptos para su uso en circunstancias climatológicas adversas. Así como que cumplan con los procedimientos aconsejados por el Protocolo de Auxilio en Carretera aprobado por la DGT hace ya más de un lustro.
Estos uniformes de máxima categoría reflectante y la ordenación del escenario del accidente conforme al citado protocolo y su señalización correcta, junto con una adecuada formación y un respeto de las condiciones de trabajo y ausencia de fatiga por parte del operario, minimizan las probabilidades de riesgo de atropello de este y por tanto, no solo salvan vidas, sino que dignifican una profesión de ayuda al prójimo en difíciles circunstancias como son las derivadas de un siniestro vial.
Por eso es oportuna esta columna, para recordar que esta batalla y esta apuesta por la seguridad de los trabajadores del sector del auxilio en carretera, no se está dando desde las plataformas, compañías de seguros y operadores de asistencia en carretera, ni tampoco por los sindicatos de trabajadores, sino por las empresas de auxilio en carretera. Y justo es reconocerlo, escucharlo y actuar conforme a estos principios para que la Seguridad Vial se refuerce en España y los operarios que sufran percances en sus tareas de auxilio sean -si no ninguno más porque el riesgo cero no existe-, tan pocos, que no vuelva a hacer falta lamentar atropellos que pudieron haber sido evitados.