La energía eólica debería ser la gran oportunidad para el desarrollo socio-económico de España

Es sabido que un modelo de desarrollo socioeconómico deja de ser sostenible cuando, en el proceso de creación de riqueza y bienestar, se generan unos efectos negativos, especialmente de carácter medioambiental, que limitan el crecimiento del mañana. Dicho en términos positivos: el desarrollo de los pueblos, es sostenible si satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras de satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones de progreso.

La acción del hombre no ha sido coherente con este principio a lo largo de su historia pero especialmente desde el inicio de la industrialización, sufriendo las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global. Hay que señalar que, para la supervivencia y desarrollo de los pueblos, la energía es un bien público tan esencial como lo son también la sanidad, la educación o la seguridad y defensa.

En nuestro país, los productos fósiles -petróleo, gas y carbón- constituyen la fuente abrumadoramente mayoritaria, concretamente el 74,6% de la energía primaria. El resto se divide entre las energías renovables -hidráulica, eólica, solar, geotérmica, biomasa, biocarburantes- que representan el 13,9%; la energía nuclear, que supone un 11,3% y el resto, que suma un insignificante 0,2%.

El Informe del Ministerio de Transición Ecológica, en su edición 2019 referida a 2017, cifra en el 76,1% la cuota de aportación de la energía (generación y transporte) al total de emisiones brutas, homogeneizadas en términos CO2 equivalente. Así pues, la energía generada a partir de los productos fósiles, es la causante de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Las dos próximas décadas del siglo XXI, van a registrar el cambio más profundo en las características del desarrollo económico mundial desde la invención del motor de combustión interna en la segunda mitad del siglo XIX, con el despliegue masivo de la energía eléctrica generada con fuentes renovables. Es una energía más limpia, más distribuida y más asequible, basada sobre todo en el sol y el viento, que se une a la energía hidroeléctrica.

Debiera ser la gran oportunidad para el desarrollo socioeconómico de nuestro país y por tanto de Cantabria, porque sus características la convierten en fácilmente incorporable a todas las regiones y territorios. Hemos de reconocer que la energía ha sido en cierta medida un factor limitador más que impulsor del desarrollo económico en España, debido sobre todo a la muy alta dependencia exterior, el aislamiento eléctrico del resto de Europa, a la deficiente política de precios aplicada y a los obstáculos a la exploración y explotación de posibles fuentes energéticas propias.

También es importante, para sacar las lecciones oportunas, tener en cuenta la irregular implantación de la energía renovable en España, con etapas de fuerte expansión, muy costosa porque España ha pagado, por su liderazgo precipitado, la “curva de aprendizaje”, y el consiguiente parón en su despliegue para reequilibrar el sistema financieramente.

En aras a conseguir que la transición energética se convierta en una fuente importante de impulso al desarrollo económico sostenible, debe destacarse especialmente el extenso y bien documentado informe de propuestas llevado a cabo por la Comisión de Expertos de Transición Energética, de marzo 2018 y, un año más tarde, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Ministerio de Transición Ecológica que contempla objetivos vinculantes cuantitativos coherentes con el conjunto de compromisos asumidos a nivel de la Unión Europea, derivados del Acuerdo de París.

Dicho todo esto, centrados en la implantación de parques eólicos, Cantabria tiene pocos instalados teniendo en cuenta el potencial eólico con que cuenta y, por tanto, aún hay mucho camino por recorrer. En este sentido se considera fundamental incorporar la dimensión social para “adelantarse” a ciertos obstáculos que podrían surgir. La modernización ecológica supone una fuerte apuesta por la capacidad de la innovación tecnológica para dar respuesta a las crisis medioambientales.

Gobiernos, empresas y sociedad civil hemos de ponernos de acuerdo para sacar adelante una energía limpia que, al mismo tiempo, se convierte en motor económico de aquellos lugares donde se implanta y donde encuentra diversos grados de resistencia social propios de la incertidumbre que acompaña al cambio. En este contexto, la transparencia y la ausencia de asimetrías en la información, juegan un papel primordial en la mitigación del conflicto. Estos fenómenos que muchas veces expresan el legítimo derecho de las sociedades a integrar las novedades al esquema de valores vigentes, no debe ser obstáculo para construir una sociedad más desarrollada y próspera.

Desde el temor hasta los cuestionamientos éticos se puede apreciar un abanico de actitudes frente al cambio y las mismas reflejan el conflicto subyacente a toda innovación. Pero también el freno al cambio puede provenir de intereses particulares o corporativos. En cualquier caso, lo nuevo genera conflicto y, del carácter del mismo y de la manera que se resuelva, dependerá en gran medida la viabilidad del cambio. Una gestión participativa de los problemas derivados de los efectos medioambientales de la ciencia y la tecnología, minimizaría el conflicto y favorecería la adecuada valoración de todos los factores relevantes.