Opinión

Retos para las gasolineras

Empieza un nuevo curso después de unas merecidas vacaciones y comienza con importantes retos que tendremos que afrontar en los próximos meses.

Retos para las gasolineras

En primer lugar, nos encontramos con una nueva ITC 04, aprobada en el mes de julio, y que ahora tenemos el deber de explicar a nuestros asociados, para lo cual organizaremos una jornada lo antes posible. Es importante porque es curioso observar la cantidad de “rumores” que corren en torno a lo que la nueva norma obliga o deroga, y la rapidez de algunas empresas para ponerse en contacto con los empresarios del sector y advertirles de lo que “ahora es ya obligatorio”. Tranquilos, la ITC04 da plazos para su aplicación y los deja claros en las disposiciones transitorias, de todas formas, como ya se ha dicho, en breve organizaremos una jornada en la que se tratará de explicar el contenido de la norma y sobre todo aquello que haya sufrido modificación con respecto a la anterior ITC04.

En segundo lugar, tenemos un nuevo convenio firmado también en el mes de julio y que aún no se ha publicado en el BOE, momento en el cual entrará en vigor.

Es de esperar que la publicación no se demore y que en este mes de septiembre se produzca. El convenio marca las revisiones salariales para los años de su vigencia, que van del 2016 al 2018, ambos inclusive, y contiene algunos cambios con respecto al convenio anterior que también serán objeto de explicación a nuestros asociados, probablemente compatibilizándolo en la jornada de la ITC04.

Se nos presenta un tercer reto, quizá el más importante. Como ya sabréis, en el mes de agosto hemos iniciado una campaña de recogida de firmas junto con UGT, CCOO, CEEES y COCEMFE. La campaña tiene como fin tratar de conseguir el número suficiente de firmas para promover, en el Congreso de los Diputados, una iniciativa legislativa, con el objeto de que se haga obligatoria la presencia de un empleado en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos, durante el horario en que permanezcan abiertas al público. Se pretende que sea obligatorio en toda España.

Los motivos son claros y no es cuestión el volver a repetirlos en su totalidad, pero sí conviene recordar que se están vulnerando derechos de los consumidores que están recogidos en leyes o decretos, que se están menoscabando los derechos de personas con capacidades diferentes, que se están incumpliendo normas del transporte de mercancías peligrosas que son de obligado cumplimiento en el Estado, que se están incumpliendo normativas de seguridad medioambiental y de recogida de residuos contaminados con hidrocarburos, que se están relajando de forma peligrosa las medidas de seguridad tanto industrial como ciudadana en las instalaciones y todo esto ¿en función de qué?.

Pues vamos a ver si nos entendemos de una vez.

Las gasolineras desatendidas a través de la asociación que las representa no paran de hacernos ver la bondad de su actuación. Nos cuentan y nunca mejor dicho, que han llegado a nuestro sector para hacerlo transparente y competitivo, para que de una vez bajen los precios y, por fin, el sufrido consumidor pueda vivir feliz. Hasta han llegado a explicar los puestos de trabajo que son capaces de crear en instalaciones sin trabajadores. Muy loable y entendible el intento.

Lo que no han contado es que las gasolineras desatendidas son un estupendo negocio, normalmente ofrecido por empresas franquiciadoras, en el que, a cambio de una pequeña inversión, por supuesto mucho menor de la que se viene realizando para instalar una gasolinera tradicional, ofrecen a sus futuros franquiciados un panorama idílico de beneficios sin precedentes en el sector y una amortización de su inversión en un tiempo récord.

¿Como es posible? Muy fácil, en sus folletos publicitarios lo explican perfectamente, al no tener personal no tienen que soportar los costes salariales de un trabajador, lo que les permite hacer una rebaja en el precio. Lógicamente la franquiciadora cobra a cada franquiciado por la gestión de compra, por la atención telefónica centralizada en algún lugar de España o de cualquier otro país y por la instalación llave en mano de la gasolinera. Buen negocio.

No estamos en contra de la competencia en el sector, estamos acostumbrados desde hace ya bastantes años a ella. Nos gustan los precios bajos, se vende más y, aunque parezca extraño, cuando estamos en un panorama de precios bajos nos suelen salir mejor las cuentas. Pero lo que no podemos permitir es que se trate de engatusar a los ciudadanos con planteamientos buenistas, que de una manera sorprendente son seguidos por algunos organismos institucionales.

Estas instalaciones están en la parte baja de los listados de precios que obligatoriamente tenemos que comunicar diariamente al Ministerio de Energía, lógico, no suelen ser las más baratas, los hipermercados suelen tener políticas comerciales muy agresivas ya que combinan ofertas con sus tiendas, pero lo más importante es preguntarnos realmente si sabemos lo que estamos pagando y lo que significa hacerlo.

Un ciudadano español que tenga coche hace de media 8.000 km al año. Suponiendo que la media de consumo de los coches esté en 7-8 litros a los 100 km, consumirá al final del año entre 560 y 640 litros, pongamos 600 litros. Supongamos que, con este tipo de instalaciones sin trabajadores se consigue un ahorro de 7 céntimos por litro, habríamos conseguido un ahorro anual de 42 €, 3,5€ al mes, no es que sea desdeñable cualquier tipo de ahorro, pero ¿3,5€/mes nos va a cambiar nuestro panorama económico?

Vamos a ver ahora qué obtenemos a cambio de ese ahorro:

Nula contratación de trabajadores y pérdida de los puestos de trabajo actuales, se han abierto el año pasado 500 instalaciones nuevas y se han perdido 2.500 puestos de trabajo en el sector.

Pérdida de derechos de los consumidores y de las personas con capacidades diferentes, puesto que al no haber nadie en la instalación hay preceptos legales que no se cumplen.

Pérdida de seguridad medioambiental al no poder hacer frente inmediatamente a cualquier tipo de incidente como un derrame o una contaminación, fortuita o no, e incumplimiento de la normativa de tratamiento de residuos peligrosos.

Pérdida de seguridad vial al no cumplirse con la normativa internacional ADR de transporte de mercancías peligrosas. Es ilegal transportar gasolina en un coche porque es muy peligroso, pero no estamos seguros de que sin personal se vaya a evitar y un coche con 70 litros de gasolina en el maletero es una bomba con ruedas.

Pérdida de seguridad en las instalaciones y para las personas en general, ¿cómo se va a impedir que se reposte fumando o con el motor en marcha sin personal en la instalación?, o ¿cómo o se va a responder a un incidente que necesite el uso de un extintor si no hay ningún trabajador formado para utilizarlo?

En fin, no es un capricho el tener personal, debidamente formado, en las instalaciones, es más bien una necesidad. No vamos contra ningún empresario del sector simplemente creemos en un tipo de sociedad y en el respeto a unos valores y normas que tienen que estar por encima de los beneficios económicos.

*Victor García Nebreda es secretario general de Aevecar y de Aeescam.

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