La Inspección comienza a sancionar a las empresas que no pagan precios justos a agricultores y ganaderos

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha comenzado a sancionar a las empresas que continúan pagando a los agricultores y ganaderos precios por debajo de sus costes de producción, contra lo regulado en la Ley de la Cadena Alimentaria. En este sentido, ya se han impuesto multas por valor de 756.000 euros, como recogieron desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Sin embargo, la actividad de la Inspección todavía sigue siendo limitada. Prueba de ello es que la AICA sólo ha impuesto 239 sanciones desde la entrada en vigor de la ley. Un dato que, no obstante, muestra cómo la vigilancia sobre las empresas de la industria y distribución de alimentos está aumentando, una de las reclamaciones que las asociaciones de agricultores y ganaderos hicieron durante las movilizaciones que paralizaron parte de España hace unos meses.

A tenor de los datos, desde UPA reconocieron que la intensificación de las inspecciones sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria “está mejorando los precios justos en el campo”, aunque instaron al Gobierno a cumplir con el acuerdo que firmó con la asociación agraria hace unas semanas, que incluye el refuerzo de la AICA para controlar que los autónomos del campo estén cobrando los precios mínimos que marca la ley.

Todo, en un contexto en el cual los autónomos agricultores y ganaderos que tributan en módulos han podido recuperar la rebaja del 15% en su base imponible en la RENTA de este año, después del acuerdo entre las asociaciones y el Gobierno, teniendo en cuenta la incidencia de la sequía y otras circunstancias excepcionales que afectaron a su rentabilidad el año pasado.

El incumplimiento de los plazos de pago es el principal motivo de las multas impuestas a las empresas

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha comenzado a publicar trimestralmente las sanciones firmes que está imponiendo a las empresas por incumplir con las condiciones recogidas en la Ley de la Cande a Alimentaria. Una de las más importantes es la obligación de pagar a los autónomos, como mínimo, el precio de coste de sus productos, aunque también existen otros factores que están provocando la imposición de multas.

Así, el principal motivo de sanción a las empresas de la industria y distribución alimentaria en el último trimestre ha sido el incumplimiento de los plazos de pago, que suman el 63% de las multas firmes impuestas por la AICA. Sobre este asunto, desde UPA destacaron la importancia que esto tiene sobre los negocios de los autónomos, especialmente de aquellos que tienen explotaciones más pequeñas “con un músculo financiero menor, que no pueden afrontar retrasos en los pagos”.

Por otro lado, el segundo motivo de sanciones más recurrente es no formalizar los contratos por escrito, con un 23%. En este sentido, cabe recordar que, desde el pasado julio, el famoso “apretón de manos” con el que se formalizaban muchos de los acuerdos entre los agricultores y ganaderos y sus compradores quedó prohibido. Además, todos los contratos de compraventa de alimentos que los autónomos realicen con éstos deben quedar inscritos en el Registro de Contratos Alimentarios gestionado por la propia AICA, como ya contó este diario.

Por último, el resto de las multas impuestas por la inspección a las empresas que compran los productos de agricultores y ganaderos se produjeron por no incluir el precio en el contrato, algo que, según UPA, “deja en un estado de incertidumbre insoportable que suma su granito de arena a la cuestión de la salud mental en la clase agraria.”

Respecto a las sanciones, las diez más cuantiosas abarcan una horquilla de entre 9.000 y 46.770 euros, impuestas a empresas dedicadas a la comercialización de aceite de oliva, la leche o los frutos secos, pero también a grandes cadenas de distribución. En algunos casos, estas multas han sido más elevadas por obstaculizar la labor de la inspección. En términos absolutos, los sectores que cuentan con empresas más sancionadas son el viñedo y las frutas y hortalizas.

Las asociaciones agrarias aseguran que las inspecciones todavía “dejan mucho que desear”

A pesar de que la AICA ha comenzado a sancionar a las empresas que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria, las asociaciones agrarias consideraron que su labor inspectora, “por desgracia, hasta el momento deja mucho que desear”. Por ello, reclamaron a las comunidades autónomas que hagan uso de sus competencias en Agricultura, complementando el trabajo de la AICA para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

En este sentido, el acuerdo firmado hace unas semanas entre UPA y el Gobierno recoge el refuerzo del organismo de control. “Más recursos, humanos y económicos, significará una mejor vigilancia. En definitiva, esto multiplicará su labor inspectora y permitirá reducir las prácticas desleales en la cadena de valor agroalimentaria, lo que se traducirá en más seguridad para los pequeños agricultores y ganaderos”, valoraron desde la asociación agraria.

La Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe que los agricultores y ganaderos vendan a pérdidas

La Ley de la Cadena Alimentaria entró en vigor en diciembre de 2021, y su cumplimiento ha tardado tres años en comenzar a vigilarse, una situación que los agricultores y ganaderos llevan meses denunciando, y que fue una de sus principales reclamaciones durante las manifestaciones convocadas por las tres organizaciones más representativas de estos autónomos -Asaja, UPA y COAG- hace unas semanas.

Entre las reformas que introdujo la Ley de la Cadena Alimentaria, se encuentran las siguientes:

• La prohibición, con carácter general, de la destrucción de valor en la cadena alimentaria, constituyendo los costes de producción como base de negociación de los contratos.
• Obligación de formalizar los contratos por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior a los 1.000 euros, y se obliga a los compradores a inscribir los contratos con los productores primarios.
• Dotación de un procedimiento seguro para la presentación de denuncias frente a prácticas desleales.
• Publicidad trimestral de las sanciones por infracciones graves y muy graves contra la Ley de la Cadena Alimentaria.
• Creación de un Observatorio de la Cadena Alimentaria para mejorar la transparencia y eficiencia de estas obligaciones.