Fin del apretón de manos: agricultores y ganaderos deberán firmar contratos con sus compradores
Desde el pasado 1 de julio, todos los contratos de compraventa de alimentos que los agricultores y ganaderos realicen con los llamados “primeros compradores” deben quedar inscritos en el Registro de Contratos Alimentarios, un listado gestionado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Eso supone el fin de los contratos verbales y del tradicional apretón de manos que ha estado vigente desde hace siglos en miles de poblaciones de España.
Se trata de una norma que se enmarca dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria y que servirá, según los propios autónomos del sector primario, para aportar “transparencia y garantías” a los agricultores y ganaderos de todos los sectores, así como para “seguir rompiendo el brutal desequilibrio que sufren a la hora de negociar con las empresas compradoras”, explicaron desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Por contra, desparece en este sector un uso y costumbre que incluso está admitido en la legislación española: darse la mano o acordar verbalmente una compra-venta de ganado o de productos agrarios.
Pero también, las asociaciones de agricultores y ganaderos reconocieron que aún queda mucho por hacer para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. Por ejemplo, a la hora de establecer los costes de producción de los principales sectores para que puedan ser tenidos en cuenta a la hora de firmar los contratos e indexar éstos a diferentes factores. Según UPA, avances como el Registro de Contratos Alimentarios “deben seguir desarrollándose en la próxima legislatura.”
Sobre el registro, cabe destacar que todos los contratos que agricultores y ganaderos firmen con sus compradores deberán inscribirse en la web de AICA, y que corresponde a la parte compradora la obligación de inscribirlos. Por tanto, los autónomos agrícolas no tienen que realizar ningún trámite administrativo adicional, aunque a partir de ahora se elimina la posibilidad de negociar "de palabra" los acuerdos comerciales.
El Registro de Contratos Alimentarios debe ayudar a la Inspección de la Ley de la Cadena Alimentaria
Tal y como aseguraron algunas asociaciones de agricultores y ganaderos, el Registro de Contratos Alimentarios obligatorio servirá para mejorar la transparencia y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, algo que hasta ahora no se estaba vigilando. “Todas las leyes están para cumplirse, y una ley sin régimen sancionador ni posibilidad de control quedará en papel mojado”, expresó, en este sentido, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.
“La contratación por escrito es obligatoria desde 2013, pero es ahora, diez años después, cuando el sector y la Administración cuentan con un instrumento que va a asegurar que los contratos se firman conforme a la ley. Hasta ahora, era imposible comprobar si los contratos se firmaban antes de iniciarse la relación comercial. Ahora ya no”, explicó Lorenzo Ramos, quien consideró que esta medida beneficia, sobre todo, a los autónomos agrícolas, los más afectados por la imposición de precios de sus compradores.
En el mismo sentido, Arturo Hernangómez, técnico de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), explicó a este diario que la entrada en vigor del registro “servirá en muchos aspectos, porque sigue habiendo muchas situaciones de compraventa que son acuerdos de palabra, sin firmar. Ahora, por lo menos, podrás fijar tus condiciones y no siempre estarás apretado con las condiciones de mercado. El contrato se tendrá que respetar”, afirmó.
Todo, pese a que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) no cuenta con los recursos suficientes para vigilar el cumplimiento de todos los contratos que los agricultores y ganaderos firman con sus compradores. “Sí está realizando inspecciones, pero tienen los recursos que tienen. Lo que vemos es que los controles que hacen son limitados, pero van sacando documentos de sanciones a eslabones que no cumplen”, explicó Arturo Hernangómez.
Tal y como valoraron a este medio desde Asaja "lo que nosotros proponemos ante esta situación es que las propias administraciones autonómicas cuenten con sus propios organismos”, algo que ya ocurre, por ejemplo, en Castilla y León.
Los agricultores y ganaderos no deberán inscribir los contrato pero sí firmarlos
Aunque la entrada en vigor del Registro de Contratos Alimentarios sólo obliga a los compradores a inscribir los contratos en el registro oficial, “éstos se tienen que negociar con el vendedor, que son los agricultores y ganaderos”, recordó el técnico de Asaja. Ante este cambio, que elimina la posibilidad de que los contratos se acuerden de palabra, desde la asociación agraria afirmaron estar trabajando con la industria “para que exista un modelo y los productores se puedan orientar y tener unas bases.”
“No queremos hacer un tipo de contrato fijo ni homologado, porque sería como fijar demasiado muchas condiciones, y cada relación entre el productor y el comprador tiene sus propias cláusulas”, aclaró Arturo Hernangómez. Sin embargo, la intención del colectivo es aportar a los autónomos del sector agrario “un documento de mínimos para que se pueda trabajar con ello y que, cuando vayan a negociar, sepan un poco la dirección a seguir”, explicó.
Sobre el trabajo adicional que podría suponer la preparación de este tipo de contratos para los agricultores y ganaderos, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, reconoció que “el control de la normativa supone cargas administrativas para los administrados. En el caso del sector primario, se justifica sobradamente el coste que supone subir a la plataforma online los contratos que se firman con la constatación de la seguridad de que son firmados; de que, cuando un agricultor entregue un producto, conozca su precio y las condiciones de la entrega”, valoró.
La subida del precio de los alimentos no tiene que ver con la Ley de Cadena Alimentaria
Como ya se ha dicho, la entrada en vigor del Registro de Contratos Alimentarios se ha producido bastantes meses después de la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que pretendía acabar, entre otros asuntos, con que los agricultores y ganaderos vendieran sus productos a pérdidas. Sin embargo, tal y como explicaron desde el colectivo, su impacto es todavía difícil de medir con claridad.
“A nivel general, es complicado evaluarla, porque la situación en los últimos meses no ha sido fácil por diferentes circunstancias, como el incremento de los precios de la energía o la sequía que ha afectado al campo español”, explicó a este diario Arturo Hernangómez. “Nosotros pensamos que los precios de la cadena no se han subido por la ley, sino por las condiciones de oferta y demanda. Las producciones han sido bajas y el precio es el que es porque no hay producto”, valoró.
Sin embargo, el técnico de Asaja considera que “tenemos que apoyarla un poco más, aunque es pronto para poder determinarlo. Tenemos que hacerlo más para que sí influya en el pre vicio en el futuro”, concluyó.
