viernes. 03.07.2020

Juristas y empresarios recuerdan a las gasolineras desatendidas que deben cumplir la ley

Juristas y empresarios recuerdan a las gasolineras desatendidas que deben cumplir la ley
El abogado y magistrado en excedencia José Ángel Castillo subraya que el Estado de Derecho lo componen normas estatales, autonómicas y locales, todas de obligado cumplimiento.
Juristas y empresarios recuerdan a las gasolineras desatendidas que deben cumplir la ley

Un centenar de empresarios de estaciones de servicio de toda España, juristas, expertos del sector y personalidades de las administraciones central y autonómica se dieron cita el jueves 15 de junio en Madrid para participar en las Jornadas Técnicas del Sector Petrolero. Un acto que reunió a las principales entidades y asociaciones y que sirvió para debatir sobre el estado actual y las tendencias de futuro dentro de un sector que está en continua evolución.

Las cuestiones legales, administrativas y fiscales centraron la atención de los participantes. Y fue precisamente la necesidad y el compromiso del sector de las estaciones de servicio de acatar todas las leyes -estatales, autonómicas o locales- el asunto que dominó la mesa redonda final, en la que los ponentes hablaron sobre estaciones low cost y sobre el exceso de intervención que padece el sector por parte de todas las administraciones públicas.

Con carácter previo, el representante de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, el abogado Manuel Jiménez Perona, defendió la legalidad del modelo desatendido.

Argumentos jurídicos

Su intervención fue contestada, en términos jurídicos, durante la mesa redonda por el abogado y magistrado en excedencia José Ángel Castillo, quien recalcó la necesidad de toda empresa de “cumplir con el Estado de derecho”. Y eso supone, explicó, atenerse a lo que establecen las normas estatales, autonómicas y locales. En ese sentido, recordó que el Estado de Derecho se compone de todas ellas y que no se rigen por el principio de jerarquía -es decir, una ley del Gobierno central no invalida a otra autonómica o municipal- sino por el de competencia.

El exmagistrado insistió en que si una norma autonómica dice que las estaciones de servicio tienen que cumplir determinados requisitos (como tener al menos un empleado, en el caso de Andalucía), esas leyes están para ser cumplidas. Su conclusión fue que todo el sector tendrá que competir, pero mediante el cumplimiento estricto de la normativa.

El secretario general de Aevecar, Víctor García Nebreda, abundó durante su intervención en esa necesidad de cumplir todas las leyes y sacó a colación otros problemas que plantean las desatendidas: de seguridad medioambiental e incluso de seguridad ciudadana. En ese sentido, se preguntó cómo impedir “en un momento como el que estamos” que una persona vaya a una desatendida, cargue tres garrafas de 25 litros de gasolina en su coche y se marche, con el consiguiente peligro.

García Nebreda reclamó a Jerónimo Lorenzo, representante de Cooperativas Agrarias de Castilla León en la mesa redonda, que se limitaran a suministrar combustible a los profesionales del campo para evitar la competencia desleal que ha obligado a cerrar a numerosas gasolineras en el ámbito rural. Además, subrayó que el sector tiene otros problemas importantes como el exceso de regulación de las administraciones públicas, que se ven ignorados por el desmedido protagonismo de las desatendidas.

El presidente de Ceees, Jorge de Benito, también denunció en el turno de preguntas que las estaciones tradicionales “defendemos el cumplimiento de la ley y ustedes no la cumplen” y aseguró que “las estaciones desatendidas, con la legislación vigente, no tienen cabida en el sector”. Asimismo, recordó la imposibilidad de que las desatendidas reciban quejas de los usuarios, pues “no hay a quien pedir una hoja de reclamaciones”.

Seguridad ambiental

El turno de preguntas sirvió para que otros empresarios expresaran sus dudas sobre el modelo desatendido. Carmen Sáez de Miera, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de León, cuestionó que un sistema que puede funcionar en Dinamarca o Suecia se adecúe también a las condiciones de España. Otro de los participantes recalcó que no conoce “ninguna actividad sometida a calificación ambiental que se permita sin supervisión de una persona”.

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