País Vasco y Navarra gestionarán el Ingreso Mínimo Vital de los autónomos que residan en estos territorios
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado, por unanimidad, el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la disposición que cedía la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a País Vasco y Navarra. Por lo tanto, aquellos autónomos que residan en estos territorios y puedan acceder al IMV en estas dos comunidades autónomas deberán tramitar esta ayuda en las administraciones regionales.
El País Vasco asumió la gestión del Ingreso Mínimo Vital el 30 de marzo de 2022, mientras que la Comunidad Foral de Navarra lo hizo algunos días después, el 6 de abril, por lo que se trata de una cuestión que lleva dos años esperando para que, finalmente, el Tribunal Constitucional haya terminado avalando la medida. Por su parte, Castilla y León anunció que también solicitaría al Gobierno la gestión del Ingreso Mínimo Vital, después de que el Consejo de Ministros lo aprobara, el pasado 27 de diciembre.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue concedido a un total de 735.562 hogares españoles en 2023, en los que vivían 2.157.712 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La ayuda va dirigida a personas desempleadas, trabajadores o autónomos que están en situación de vulnerabilidad y, según estos datos, en dos de cada tres hogares la titular de la prestación es una mujer.
Estas son las cuantías del Ingreso Mínimo Vital que pueden percibir los autónomos en 2024
El importe de la ayuda económica que pueden percibir los autónomos por el Ingreso Mínimo Vital depende del número de miembros que haya en la familia: aquellas personas que tengan menores a su cargo podrán cobrar más por esta prestación y se les permite tener mayores ingresos a la hora de acceder a ella. Pero también se contempla la cuantía anual del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), ya que es el valor que se toma como referencia para calcular los ingresos anuales que puede tener cada persona en función de su situación.
Con ello, el Ministerio de Inclusión ya ha determinado y actualizado las cuantías para 2024, tal y como se muestran en la siguiente tabla:
El Constitucional dice que la gestión del IMV por parte de las comunidades no rompe la “caja única”
Según esta sentencia, de la que ha sido ponente el presidente, Cándido Conde-Pumpido Tourón, la tramitación y reconocimiento del ingreso mínimo vital no afecta a la “caja única”, porque la normativa que habrán de aplicar las citadas comunidades autónomas es íntegramente estatal y el Estado se reserva funciones (como puedan ser la fijación de criterio, la gestión del sistema de la tarjeta social digital, el control financiero posterior, etc.), que garantizan el mantenimiento del modelo unitario y el funcionamiento económico uniforme.
Además, continúa dictando el Tribunal Constitucional, aunque las comunidades autónomas forales no tienen especiales competenciales en materia de Seguridad Social, su peculiar sistema de financiación les permite, a diferencia del resto de comunidades autónomas, asumir también el pago de la prestación, descontando posteriormente, del cupo y aportación, el importe que se derive del Concierto y Convenio económico con el Estado.
El Tribunal Constitucional constató que el modelo de gestión previsto en la disposición impugnada es réplica del que se está aplicando para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez desde su creación, en 1990. Dichas prestaciones vienen gestionándose por las comunidades, si bien, en las de régimen común, el pago lo efectúa la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que el País Vasco y Navarra lo asumen conforme a su específico modelo de financiación, al igual que ahora se establece para el Ingreso Mínimo Vital.
Finalmente, citó en su fallo una anterior sentencia de este mismo Tribunal, 124/1989, que ya aclaró que dichas competencias autonómicas deben conciliarse con las que corresponden al Estado, para preservar la llamada “caja única”, es decir, la unidad del sistema de Seguridad Social y su funcionamiento económico uniforme. Por lo tanto, las comunidades autónomas que tengan estatutariamente asumida dicha competencia podrán realizar, previo convenio con el Estado, aquellos actos de gestión de las prestaciones de la Seguridad Social que no comprometan la “caja única” ni el modelo unitario de Seguridad Social.
