“Paliar, en la medida de lo posible, los daños de todo tipo ocasionados por temporales y otras situaciones catastróficas”. Es el objetivo de las medidas aprobadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y recogidas por el Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros el pasado viernes y para las que el departamento que encabeza en funciones Magdalena Valerio destinará 58,43 millones de euros. Esto es, un 10% de los 557,7 millones de euros de ayudas que destinará  en total el Gobierno.

Buena parte de la partida presupuestada irá directamente a mitigar los daños que, tanto las riadas de mediados de septiembre como los incendios y otras catástrofes naturales acontecidas desde el 1 de abril, han ocasionado a los autónomos. Según informó el Ministerio, el pasado lunes, mediante un comunicado, los trabajadores afectados por alguno de estos sucesos, podrán solicitar la prestación por cese de actividad sin necesidad de haber estado cotizando de forma continuada los 12 meses previos a la solicitud. Además, no se computará el tiempo en el que se perciba el conocido “paro de los autónomos”.

Esta medida es particularmente importante ya que, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez incorporó la cotización por cese de actividad como obligatoria en enero de este año, no revisó el requisito de tener que cotizar por esta contingencia durante los 12 meses inmediatamente anteriores al hecho causante. Es por ello por lo que sin esta excepción muchos de los autónomos afectados por las catástrofes acontecidas desde primavera no tendrían derecho a percibir la prestación.

Además, quienes tengan que solicitar la baja en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y estuvieran percibiendo alguna reducción o bonificación en la cuota podrán volver a solicitarla por el tiempo “pendiente de disfrute” si deciden volver a causar alta como autónomos. Es decir, un autónomo acogido a la Tarifa Plana de 60 euros que sólo haya consumido cuatro de los doce meses del periodo bonificado y se haya visto obligado a darse de baja del sistema a causa de la riada, tendrá derecho a ocho meses de bonificación a partir del momento en el que decida reincorporase.

Los autónomos empleadores también contarán con ayudas

Trabajo considerará como “situaciones de fuerza mayor” las suspensiones de contrato, reducciones de jornada, despidos colectivos y pérdidas de actividad, que se produzcan como consecuencia de las citadas catástrofes. Esto implica que. tanto los negocios como los autónomos -incluidos los del Sistema Especial Agrario (SETA)- podrán acogerse a una moratoria de “hasta un año” para abonar sus cotizaciones a la Seguridad Social, así como de los conceptos de recaudación conjunta (desempleo, Fogasa y Formación Profesional) correspondientes a tres meses naturales consecutivos.

En caso de que el aplazamiento sea aprobado no se cobrarán intereses. Es decir, pagarán sólo el importe neto de la cuota que les corresponda. El tiempo que se conceda finalmente se contará desde el mes anterior al siniestro o, para trabajadores por cuenta propia, desde el mismo mes en que se produjo, tal y como detallaron desde la cartera de la ministra en funciones, Magdalena Valerio.

Asimismo, si la Tesorería lo determina, el propietario del negocio quedará exonerado del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de los citados conceptos de recaudación conjunta en los casos de suspensión de contrato o reducción de jornada con carácter temporal. Exención que se extenderá durante el periodo que dure la contingencia.

Respecto a los trabajadores que se vean perjudicados por esta situación, el periodo de inactividad o jornada reducida se considerará “efectivamente cotizado”. Además, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tendrá capacidad para autorizar que el tiempo en el que el trabajador afectado esté cobrando la prestación de desempleo no se contabilice dentro del periodo máximo de prestación. El SEPE también podrá conceder 'el paro' de quienes no alcancen el periodo de cotización necesario.

Con relación a las indemnizaciones será el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) quien se ocupe de su abono. En cuanto al reparto de los fondos, desde Trabajo estimaron que serán 26,03 millones de euros los que se destinen a actuaciones de Seguridad Social y los restantes, 32,4 millones de euros a las de desempleo.

Casi 22.500 solicitudes al Consorcio de Compensación de Seguros

De forma paralela a las medidas adoptadas por el Gobierno en funciones en el Real Decreto-Ley, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) continúa recibiendo solicitudes de indemnización. Hasta las 18:00 horas del pasado viernes (últimos datos confirmados) el número se elevaba hasta las 22.456 peticiones (casi un 75% sobre las 30.000 previstas). De éstas más de 2.500 se corresponden con comercios e industrias.

La mayor parte procedían de la Región de Murcia donde hay 851 comercios y oficinas que han solicitado indemnización al CCS, además de 210 industrias.

Desde el Consorcio de compensación recordaron que no hay plazo para presentar las solicitudes de indemnización. “Vamos -como siempre- a gestionar todas las solicitudes que nos lleguen después de los siete días que marca la Ley de Contrato de Seguro, ya que el CCS actúa en circunstancias especiales en las que existe un gran número de afectados”, aclararon fuentes de la entidad. Igualmente, insisteron en que "no hay presupuesto límite para atender la siniestralidad" y que los vehículos automóviles inundados están protegidos, “aunque solamente dispongan de la cobertura mínima legalmente obligatoria de daños a terceros”.

Por otro lado, el Consorcio detalló que “se ha ampliado de 175 a 245 profesionales el equipo de peritos de seguros que van a realizar las tareas de valoración de los daños indemnizables” y que éstos “ya se encuentran en las zonas afectadas, habiendo iniciado los contactos con asegurados y las primeras visitas a los dañados para su peritación”.