jueves. 06.05.2021

CONTRATOS, AYUDAS, SUBVENCIONES, ERTE ESTRUCTURAL

Todos los aspectos de la reforma laboral que afectan a los autónomos y que el Gobierno quiere aprobar en 2021

yolanda-diaz-ministra-trabajo-subida-smi
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió este miércoles a realizar una reforma laboral antes de diciembre de este año. Estos son los cambios que afectarían a los autónomos.
Todos los aspectos de la reforma laboral que afectan a los autónomos y que el Gobierno quiere aprobar en 2021

El Gobierno quiere llevar a cabo una reforma profunda del mercado laboral, que afectará a miles de autónomos, empresas y asalariados, y cuyas medidas entrarán en vigor antes de final de año. Así lo avanzó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al termino de la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo con las comunidades autónomas que tuvo lugar el miércoles pasado.

En la intervención posterior al encuentro, Díaz recordó que todas las reformas laborales para "modernizar el mercado de trabajo", recogidas en el componente 23 del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación del Ejecutivo se remitirán a Bruselas y, se comprometió a que estén "culminadas a lo largo de este año".

Las diecisiete medidas recogidas en el plan de recuperación presentado por el Gobierno apuestan por llevar a cabo una reforma "estructural" del mercado de trabajo en base a varios ejes. Los principales y que más afectan al colectivo de autónomos serían la reducción a tres de los tipos de contratos disponibles, con el fin último de "generalizar el contrato indefinido"; la puesta en marcha de un ERTE estructural como herramienta para evitar despidos y recualificar a los empleados; o la revisión de las subvenciones y ayudas a la contratación, simplificándolas y centrándolas en la empleabilidad de las personas en paro. 

Según Díaz todas estas reformas servirán  para "modernizar" el mercado de trabajo español y han de  "formalizarse antes de diciembre". Concretamente, las medidas a las que se refiere la ministra, según recoge el plan del Gobierno, serán abordadas "en el marco del diálogo social" y estarán orientadas a "reducir el desempleo estructural, corregir el desempleo juvenil y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleos".

Generalización del contrato indefinido y limitación del temporal

Especialmente importante para los autónomos empleadores será la reforma 4 del componente 23, que busca simplificar los contratos, " generalizar el control indefinido", o devolver la causalidad al contrato temporal, que a juicio del Gobierno se ha usado más de la cuenta en los últimos años. 

Como ya avanzó este diario, Trabajo está centrado en la "reducción del exceso de temporalidad en los contratos". Entre las "reformas en el ámbito laboral y de pensiones" que el Ejecutivo envió a Bruselas para su aprobación a finales de enero, se dedica un apartado completo a la "Generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación indefinida".

Esta reforma apunta como objetivo prioritario " reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de la productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a precariedad laboral". Según indica el texto, esto se haría simplificando y reordenando "las modalidades de contratación laboral y generalizando la contratación indefinida", así como "devolviendo la causalidad al contrato temporal". También "revisando la aplicación del contrato fijo-discontinuo e introduciendo mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad". En definitiva, el Ejecutivo pretende "penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral".

Actualmente, según los expertos, más de un 25% de los nuevos contratos que se celebran en España son temporales y, muchos de ellos, se utilizan de forma fraudulenta. Por ello, el Ministerio de Trabajo seguirá intensificando las actuaciones en línea con lo recogido en el Plan Director por un Trabajo Digno, que prioriza, entre otras cosas, la vigilancia en los negocios que abusan del uso de contratos temporales para extender el periodo de prueba y abaratar el coste de un posible despido. 

Así, se atacará especialmente el uso fraudulento de la figura del autónomo -los falsos autónomos- y el uso de contratos temporales para empleados que, en realidad, cubren necesidades permanentes del negocio.  Esto se hará, además de aumentando la vigilancia de la inspección, incrementando el número de cartas que se envían a los negocios  -una 85.000, el 4% más-, con las que se les insta a que regularicen de motu propio la situación de sus empleados. 

Históricamente, este tipo de contratos está más generalizado en las grandes empresas. Para los expertos, esta práctica tiene cada vez menos sentido sobre todo para los autónomos que buscan empleados de confianza ya que dos meses de prueba es casi siempre tiempo suficiente para conocer el desempeño de un trabajo y prescindir del contratado si no es idóneo sin necesidad de indemnización. Además, con el uso del contrato temporal se pierden buena parte de las bonificaciones disponibles para contratos indefinidos que muchas veces pueden llegar a superar los 4.000 euros para el empleador. 

Revisión de todas las subvenciones y ayudas a la contratación

También son especialmente importantes para el colectivo las reformas 5  y 7 del plan del Ejecutivo: la "modernización de las políticas activas de empleo" y la "revisión de subvenciones y ayudas al empleo". En cuanto a la primera de estas dos medidas, la intención es que estas políticas se conviertan en "un elemento clave" en la lucha contra el desempleo. 

Aunque no se precisa exactamente cómo y qué instrumentos se cambiarán, la intención es reformar las subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal. Entre las medidas para conseguirlo, se encuentran la simplificación de los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y que vayan para contratos indefinidos. También se evaluarán las actuales políticas activas de empleo dirigiéndolas a trayectorias individualizadas de orientación, que impulsen la capacitación digital y los nuevos nichos de empleo, además de mejorar la coordinación de los servicios públicos de empleo en toda España, "promoviendo ventanillas de empleo para jóvenes y replanteando la Garantía Juvenil para reforzar el seguimiento personalizado".

Podrían eliminarse algunos incentivos al empleo

Si bien todavía no se ha aclarado si esto se traduciría en un recorte de subvenciones o beneficiarios de las ayudas, lo cierto es que en mayo de 2019, el Gobierno publicó la Actualización del Programa de Estabilidad  para ese año. La tarea encargada por el Ejecutivo socialista al AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) dio como resultado un documento en el que ya se previó un proceso de revisión de los gastos para ese año. Con él, se puso la lupa en cuatro áreas, una de ellas, las bonificaciones y reducciones de las cuotas a la Seguridad Social.  

Aunque hay que tener en cuenta que las directrices publicadas ese año partían de un análisis en un contexto diferente, sin pandemia, no es menos cierto que en el documento ya se ponía de manifiesto la intención de “reorganizar” estos incentivos dirigidos a los autónomos y enmarcados en las políticas activas de empleo en marcha. El Gobierno pretendía que esta revisión generara unos ingresos extra a la Seguridad Social de unos 500 millones anuales y que éstos ayuden a la sostenibilidad del sistema público.   

La revisión de estas ayudas a autónomos para el fomento de la empleabilidad podría poner punto y final a muchos incentivos implementados desde 2012 y que según el gobierno socialista no están siendo todo lo eficaces que deberían.  

Incentivos que podrían estar en el punto de mira: la tarifa plana de los autónomos

En el documento publicado el pasado mes, el AIREF pone en el punto de mira seis bonificaciones y reducciones de las cuotas de los autónomos, algunas de ellas, muy utilizadas por los afiliados al RETA. El organismo de responsabilidad fiscal duda que estos incentivos estén cumpliendo su objetivo último que es fomentar la empleabilidad. Las ayudas a autónomos señaladas en el documento para su posible "reorganización" son:

  • Incentivos a la contratación de jóvenes menores de 30 años   

  • Incentivos a la contratación de mayores de 45 años    
  • Bonificaciones por contratar a mujeres con infrarrepresentación en determinadas profesiones y oficios  
  • Incentivos por la transformación de contratos temporales en indefinidos  
  • Tarifa plana de trabajadores autónomos  
  •  Reducciones al trabajo autónomo con carácter general y específico.  
  •  Incentivos a la contratación de personas con discapacidad.   

Estas ayudas compuestas por bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social, supusieron un gasto de 2.600 millones de euros en el presupuesto de 2018, según el documento.  Por eso, la AIREF considera que estos incentivos suponen “una minoración de los ingresos por cotizaciones sociales” y cree “ necesario conocer su efectividad para la consecución de sus objetivos, que no son otros que fomentar el empleo de determinados colectivos”. 

Implantación del ERTE estructural 

Otra de las reformas laborales que Trabajo se ha comprometido a llevar a cabo antes de final de año es la número 6 del componente 23: el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición. O, en otras palabras, un ERTE estructural al que los negocios puedan acudir de forma permanente y que sirva para renovar las competencias de los asalariados, con un modelo similar al alemán.

La idea preliminar ya se incluyó en el paquete de medidas para la reforma laboral que el Ejecutivo mandó a las autoridades europeas para su aprobación. En este sentido, el Gobierno, desde el presidente hasta los titulares de diferentes ministerios, llevan meses aclarando que su intención es no dejar caer los ERTE, ni sus exoneraciones para los negocios en las cotizaciones a la Seguridad Social por sus trabajadores. 

De hecho, la vicepresidenta económica y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya sugirió en agosto que el diálogo social abordará tarde o temprano si los ERTE deberían “transformarse desde el instrumento de choque que son ahora a una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen, en línea con lo que hace Alemania”. El Gobierno tiene la vista puesta en el modelo 'Kurzarbeit', una modalidad de jornada reducida en la que el Estado paga temporalmente hasta dos tercios del salario al trabajador y ofrece formación para reincorporarle al mercado laboral e impedir despidos masivos. 

Si bien todavía están pendientes de concretarse los detalles del futuro modelo, previsiblemente, este expediente estructural cubriría a los negocios con caídas de demanda -en principio de cualquier dimensión, desde micropymes hasta grandes empresas- para quitarles parte de la carga salarial de sus empleados y un porcentaje, que aún no está concretado, de exoneración de las cotizaciones sociales a la Tesorería. Sin embargo, y como punto clave de diferencia respecto a los actuales ERTE, es probable que esta herramienta se financie compartiendo los costes con los negocios y los empleados, a través de un fondo 'tripartito' -Administración, empresa y trabajador- que recaiga, por un lado, en las arcas públicas y por otro lado, se costee con un porcentaje fijo sobre las cotizaciones. 

Otras reformas que podrían entrar en vigor antes de diciembre

Así mismo, el componente 23 del plan recoge otras catorce medidas que también entrarían en vigor a lo largo de este año. Es el caso de la regulación del trabajo a distancia, que ya está en marcha; medidas para eliminar la brecha de género -que también se ha implementado a través del registro salarial y las auditorías-; o la regulación del trabajo de los riders, falsos autónomos, en plataformas digitales.

Además, también se incidirá en la modernización y refuerzo de la formación para el empleo, se pondrá en marcha la estrategia de activación para el empleo 2021-2024 o la reforma de la Ley de Empleo en lo relativo a las políticas activas, así como su gobernanza.

Se incluye también dentro de plan la intención de modernizar la negociación colectiva, adaptándola a las necesidades de empresas y sectores para hacer "un sistema de relaciones laborales equilibrado a nivel nacional". Para ello, se abordará la ultraactividad de los convenios, la relación entre los convenios sectoriales y de empresa o el refuerzo de la representatividad de las partes negociadoras y la seguridad jurídica en la aplicación del convenio.

Todos los aspectos de la reforma laboral que afectan a los autónomos y que el Gobierno quiere aprobar en 2021