La Justicia permite a un negocio dejar de pagar un préstamo ICO por su mala situación financiera
Un juzgado ha permitido a un negocio dejar de pagar cautelarmente el 50% de la cuota del préstamo ICO que solicitó en la pandemia por su mala situación financiera y el retraso del juicio. Los economistas recordaron que los avales son una garantía para el banco, pero los autónomos deben seguir pagando.
Los autónomos y negocios que solicitaron un préstamo ICO durante la pandemia y, cuatro años después, siguen viviendo una complicada situación financiera podrían suspender su pago total o parcialmente hasta que sus cuentas mejoren o exista un juicio firme. Así lo han considerado los jueces de primera instancia de Madrid, después del recurso de una empresa turística, permitiendo a ésta no abonar el 50% de las cuotas a su entidad bancaria de forma cautelar.
Según argumentaron los jueces, se trata de una medida cautelar hasta que se emita una resolución judicial firme, o ambas partes -negocio y entidad bancaria- alcancen un acuerdo para pagar el préstamo ICO en unos términos asumibles para la empresa. Se trata de una decisión que podría sentar precedente, y que afectaría a alrededor de 34.000 autónomos y pequeños negocios que han tenido dificultades para pagar los préstamos que solicitaron durante la pandemia, según los últimos datos oficiales.
Consultados por este diario, los economistas recordaron que, a pesar de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunció que respondería del 80% del riesgo de estos préstamos, en realidad se trata de un aval a las entidades bancarias. Así, los autónomos y negocios que firmaron estos créditos deberán responder ante los bancos con los que los suscribieron, incluso, con sus propias garantías personales.
Todo, en un contexto donde los negocios y autónomos que solicitaron la ampliación del periodo de carencia tras haber solicitado un crédito ICO COVID-19 deberán comenzar a hacer frente a estas deudas, en un momento “de elevada inflación e incremento de los costes laborales que hará complicado el pago para muchas empresas”, afirmaron fuentes del Consejo General de Economistas (CGE).
La suspensión cautelar del pago de los préstamos ICO también depende del tiempo de retraso del juicio
La decisión de los jueces de suspender el pago del 50% de las cuotas de un préstamo ICO COVID-19 firmado por un negocio turístico durante la pandemia está condicionada, en primer lugar, a la buena fe de la empresa para alcanzar un acuerdo de refinanciación que les permita abonar la deuda en el futuro.
Así, la empresa solicitó “una quita y el establecimiento de un periodo de carencia con relación al principal del préstamo ICO objeto del litigio, con el fin de reequilibrar los compromisos contractuales asumidos por las partes”, detallaron. Todo, ligado a la demostración de que el negocio ha sufrido “una pérdida de beneficios considerable”.
Ante esta situación, y “ante el inevitable retraso en el dictado de una resolución sobre el fondo de la controversia en el juicio ordinario -que se extiende desde hace dos meses-”, los jueces han considerado aceptable que, hasta que se emita un fallo en firme, el negocio deje de pagar el 50% de las cuotas del préstamo debido al peligro de quiebra que podría suponer su abono completo.
Sin embargo, la suspensión cautelar del pago del 50% de las cuotas está supeditada a la sentencia firme. En caso de que el juzgado falle a favor de la entidad bancaria, el negocio tendría que abonar el 100% de la deuda, incluyendo las cantidades que no ha satisfecho durante este tiempo.
Los economistas recuerdan que los autónomos y negocios con préstamos ICO deben responder de toda la deuda
A pesar de que la decisión de los jueces abre la puerta a que miles de autónomos y negocios en dificultades puedan reducir temporalmente las cuotas que pagan por los préstamos ICO que solicitaron durante la pandemia, los economistas recordaron a este diario que se trata de una deuda contraída con la entidad bancaria, y que deben responder de la totalidad de ésta, incluso, con los bienes o el patrimonio que aportaron como garantía.
En este sentido, Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE), valoró que muchos autónomos y negocios todavía piensan erróneamente que, cuando se anunciaron los préstamos, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) era el que avalaba a los autónomos, cuando en realidad lo estaba haciendo a los bancos.
“Los autónomos y negocios que han solicitado uno de estos préstamos los han firmado con una entidad bancaria, no con el ICO. El organismo sólo explicó que se encarga de asumir el 80% del riesgo de impago, pero en su relación con el banco, no con los clientes”, explicó. Por tanto, los autónomos que no puedan pagar un préstamo ICO COVID-19 “y hubieran tenido que aportar como garantía algún bien personal, podrían tener que responder con ellos”, afirmó Antonio Pedraza.
Miles de autónomos y negocios corren el riesgo de no poder hacer frente a los préstamos ICO tras el fin del periodo de carencia
Esta situación podría afectar a un número todavía mayor de autónomos en los próximos meses, cuando finaliza el periodo de carencia que estableció el Gobierno para dar tiempo a los autónomos y negocios a recuperarse financieramente después de la pandemia. Sin embargo, la situación por la que atraviesan hará difícil que muchos puedan pagar.
Por ejemplo, debido a “la inflación y a la caída del consumo, pero sobre todo al importantísimo incremento de los costes laborales que han tenido que asumir los negocios -especialmente los más pequeños- a causa de los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde que solicitaron los préstamos ICO COVID-19, hace ya cuatro años”, explicó el presidente de la Comisión Financiera del CGE.
