La factura electrónica creció más de un 30% en España en 2022, según un estudio de SERES
La compañía especialista en Intercambio Electrónico seguro de Documentos, SERES, ha publicado una nueva edición de su "Estudio Comparativo del uso de la factura electrónica en España", que incluye un análisis completo del aumento en emisión y recepción de documentos emitidos por comunidades autónomas, tamaño de empresas y sectores de actividad durante el ejercicio 2022.
Este informe actualiza los datos correspondientes al ejercicio anterior que, a diferencia de los informes publicados en años anteriores, se contextualizan como antesala a la aprobación de la Ley Crea y Crece, en vigor desde el 19 de octubre de 2022, y la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas entre empresas y autónomos, al cual las grandes compañías tendrán que comenzar a acogerse a partir de 2024.
El estudio concluye que en el periodo 2021-2022 el uso de la factura electrónica se ha acelerado significativamente, sobre todo en las pymes privadas. Más concretamente, el volumen total de facturas electrónicas emitidas en España ascendió en 2022 hasta las 339.987.782 en el ámbito B2B, lo que supone un aumento del volumen de facturas electrónicas intercambiadas del 31,98% con respecto a 2021 y 82.382.249 facturas electrónicas más.
Además, el análisis también recoge las causas positivas que otorga el uso de la factura electrónica en el medioambiente que, sumado al ahorro de tiempo y material que este recurso conlleva, se traduce en un ahorro considerable de costes para las compañías.
En concreto, el uso de la factura electrónica en 2022 contribuyó al ahorro de más de 2.600 millones de euros en costes de gestión en entornos B2B, un 25,32% más respecto al ejercicio anterior, lo que se traduce en la reducción de uso del papel equivalente a 18.966 pinos. El ahorro medioambiental creció de forma similar, hasta en un 30% respecto a 2021, ahorrando un tiempo de trabajo en horas equivalente a 728 años laborales, un 17,70% más que en 2021.
En el cómputo global, sumando los ámbitos B2B, B2G y B2C, esta cifra creció hasta las 379.203.250 facturas electrónicas intercambiadas, un 22,77% respecto al ejercicio precedente, lo que supone casi 3 millones de ahorro en costes de gestión.
"Las herramientas digitales, en especial la factura electrónica, siempre han brindado grandes beneficios a las compañías. Sin embargo, el carácter esencial de la digitalización empresarial nunca había sido tan evidente como hasta ahora. La Ley de Creación y Crecimiento introduce, por primera vez en nuestro país, la obligatoriedad de uso de la factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresas privadas con el fin de mejorar el clima de negocios e impulsar el crecimiento y la digitalización empresarial", explicó el director general de SERES, Javier López.
La Comunidad de Madrid, líder en la emisión y recepción de facturas electrónicas
La Comunidad de Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas más activas en 2022 en volumen de emisión de facturas electrónicas con un 32,11% del total. Le siguen de cerca Cataluña, que ocupa el segundo puesto en el ranking con el 28,37%; y Andalucía que se sitúa tercera con el 12,07%. A ellas le siguen País Vasco (6,46%) y la Comunidad Valenciana (4,49%).
En el extremo opuesto, Islas Baleares, (0,28%), Extremadura (0,24%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0%) son las tres comunidades con los volúmenes de emisión más bajos a nivel nacional.
En cuanto al volumen de recepción de facturas electrónicas, el ranking de comunidades mantiene una tónica similar: la Comunidad de Madrid lidera la lista con el 33,30% del total, un 6,34% más que en 2021. Cataluña (22,33%) y Andalucía (8,90%) completan los tres primeros puestos. A ellas le siguen la Comunidad Valenciana (7,12%) y Galicia (6,92%).
Por otro lado, Islas Baleares (1,47%), La Rioja (1,23%) y Ceuta y Melilla (0,25%) son las tres comunidades con menor volumen de facturas electrónicas recibidas en el periodo de 2021-2022.
Estos resultados reflejan que Ceuta y Melilla e Islas Baleares se encuentran a la cola en emisión y recepción de facturas electrónicas, siendo necesaria una mayor labor de concienciación del uso de este recurso antes de la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece.
Las pequeñas empresas son las que más facturan electrónicamente
El Estudio Comparativo del uso de la factura electrónica en España que elabora SERES también extrae datos sobre la implementación de la factura electrónica en función del tamaño de las empresas. La comparativa refleja que las pequeñas empresas fueron las mayores emisoras de facturas electrónicas durante 2022, con un 36,17% del total, un 3,34% más que en 2021. Esta tipología de empresas también registró un 32,12% de recepción de facturas electrónicas, un 1,09% más que en el año anterior.
Tras estas, las empresas que más utilizaron la factura electrónica fueron las medianas, que registraron un porcentaje de emisión del 27,48%, mientras que el dato de recepción de estas fue superior en las microempresas, con un 31,99% del total. En ambos casos este recurso fue un elemento clave para seguir impulsando la digitalización de esta tipología de empresas.
Por otro lado, las emisiones y recepciones de facturas electrónicas adquirieron mayor presencia en las grandes empresas. En concreto, la emisión de facturas electrónicas alcanzó un 21,48% del total, un 1,59% más que en 2021, mientras que la recepción de facturas representó el 14,11%, lo que supone un 0,15% más, cifra ligeramente superior al año anterior.
Más de la mitad de las empresas que utilizan la factura electrónica pertenecen al sector terciario
La mayor parte de las empresas que emitieron y recibieron facturas electrónicas durante 2022 eran del sector terciario. En concreto, el porcentaje de empresas receptoras fue ligeramente mayor al de empresas emisoras con un 56,24% y 50,23%, respectivamente. Además, el 62,41% de los documentos emitidos y el 76,91% de los recibidos correspondieron a empresas relacionadas con este sector de actividad.
La tendencia fue diferente en el caso del sector secundario. Este sector comprendió el 47,90% de las empresas emisoras y el 42,01% de las receptoras, representando el 37,02% de los documentos emitidos y el 22,57% de los recibidos.
En este sentido, la aceptación de la e-factura en el sector primario continúa siendo una tarea pendiente en España. Su utilización apenas experimentó cambios significativos respecto al año anterior, con una representación del 1,87% de empresas emisoras y un 1,75% de receptoras. A su vez, los documentos emitidos y recibidos coparon porcentajes similares, un 0,57% y un 0,52% respectivamente.
Las fábricas y el sector retail, las que más apuestan por la factura electrónica
Las empresas del sector retail fueron las que emitieron un mayor volumen de facturas electrónicas. En concreto, los datos de emisión de documentos fueron del 23,14% y el 27,37% de recepción, representando el 27% y el 30,55% de las empresas emisoras y receptoras respectivamente.
Dentro de la industria, las fábricas con el 28,31% de los documentos emitidos y el 6,21% de los recibidos también emitieron un gran volumen de facturas electrónicas, representando un 27,75% de las empresas emisoras y un 36,70 de las receptoras. Entre ambos sectores englobaron más del 50% de la recepción de facturas electrónicas en nuestro país.
Por otro lado, el sector de la automoción, la construcción y la industria energética fueron también segmentos bastante activos en el uso de factura electrónica, dejando muy atrás a sectores todavía reticentes en el uso habitual de esta herramienta en sus relaciones comerciales: el inmobiliario o el educativo.
Las claves: aumenta el uso de la factura electrónica en entornos B2B con el sector terciario y las pequeñas empresas a la cabeza
La expansión de la factura electrónica en España viene explicada, en parte, por el aumento de la digitalización empresarial tras la pandemia. La Ley de Creación y Crecimiento impulsada por el Gobierno de España, que entró en vigor el 19 de octubre de 2022, introduce como novedad la obligatoriedad de uso de la facturación en las relaciones comerciales entre empresas privadas y profesionales del sector con el fin de impulsar el emprendimiento y el desarrollo empresarial.
Esta normativa será obligatoria en la primavera de 2024 para empresas y autónomos que facturen más de 8 millones y para las demás en la primavera de 2025. Esto hace prever que el avance de la e-factura seguirá creciendo, convirtiéndose en una oportunidad única para agilizar, mejorar la eficiencia de las empresas y optimizar recursos.
Los datos reflejados en este estudio reflejan la importante actividad que la factura electrónica está teniendo en sectores como el de gran consumo, la automoción, la industria y la construcción. Sin embargo, su avance en otras áreas continúa siendo insuficiente, especialmente dentro de áreas de negocio más reticentes al uso habitual de estas herramientas en sus relaciones comerciales, como ocurre en el caso del sector primario.
Las pequeñas empresas se sitúan a la cabeza en el uso de la factura electrónica, aunque en este último año también ha repuntado entre las grandes empresas. Son más de la mitad las empresas del sector terciario que ya emiten y reciben documentación electrónicamente, seguidas muy de cerca por los negocios industriales. Las cifras indican que la transformación digital en las empresas va en buena dirección, aunque todavía hay margen de mejora.
Dentro del marco de la Unión Europea ha comenzado a implementarse la obligatoriedad de la facturación electrónica de manera gradual en las Administraciones Públicas centrales y regionales de todos los Estados Miembros. España, que incorporó la obligación de uso de este recurso en el ámbito B2G en el año 2015, ha extendido la obligatoriedad para los subcontratistas del Estado desde hace unos años.
En septiembre de 2022, el Gobierno de España amplió la obligatoriedad del uso de la factura electrónica a las empresas privadas a través de la "Ley Crea y Crece" con la que se busca impulsar la creación de empresas, facilitar su crecimiento y generalizar el uso de la factura electrónica para combatir la morosidad comercial y los retrasos en los pagos de algunos proveedores.
