El retraso en el abono de las facturas les cuesta a los autónomos y pymes más de 2.900 millones de euros
La morosidad y los impagos siguen lastrando a los pequeños negocios. En el primer trimestre de 2023, los retrasos producidos en el pago de la facturas supusieron un coste directo para el conjunto del tejido empresarial español, especialmente a los autónomos y pymes, de 2.974 millones de euros. Así se desprende del Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas publicado por Informa DyB.
Según este mismo estudio, el plazo de pago de las empresas y administraciones a sus proveedores, la mayoría de ellos autónomos y pequeños negocios, subió a 95,49 días de media en el primer trimestre de 2023. Esto supone un aumento de casi 0,5 días respecto al mismo periodo de 2022.
De hecho, según distintos informes, seis de cada diez negocios españoles han sufrido en algún momento el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados. Y una buena parte de todas estas empresas que se han visto afectadas por los retrasos en el pago de las facturas ven amenazada la continuidad de su actividad por este mismo motivo.
Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B, explicó que “el retraso en los pagos de las empresas españolas se incrementó en el primer trimestre del año 15,45 días y esto hace que los plazos de pago se dilaten hasta 95 días y medio”.
Informa D&B ha realizado su estudio sobre los hábitos de pago de más de 400.000 empresas. De dicho análisis se desprende que sólo el 28% del total de las facturas se paga dentro del plazo legal mientras que el 68% sufre retrasos.
La Administración es el sector que más dilata sus pagos a los autónomos
Uno de los datos más importantes que se desprenden del estudio es que la Administración es la que más dilató sus pagos en el primer trimestre de 2023 sobre los plazos que marca la ley -30 días máximos- con una demora media de 28,50 días por encima de lo que fija la normativa para el sector público. Le sigue la Hostelería, con 24,12 días más de los 60 día que establece la ley para el sector privado. Aunque ha mejorado porque resta 2,39 días respecto al anterior periodo analizado.
Con mejor comportamiento que la media nacional encontramos a seis sectores: Sanidad, 15,34 días por encima de lo que marca la ley; Educación, 15,13 días; Comercio, 14,09 días; Comunicaciones, 14,05 días; Industrias extractivas, 12,20; e Industria en general, 12,07. Dependiendo de si se contrata con este último sector o con el que peor paga - la Administración-, la diferencia es de 16,43 días.
Por comunidades autónomas, los mayores ascensos en el periodo de pago se dan en Baleares, que sube 2,50 días, y La Rioja, que avanza 2,01 días. Sin embargo, es Canarias la que encabeza el aumento de las demoras, con 21,79 días. Por detrás, los 19,29 de Extremadura, y los 19,23 de Andalucía.
En el lado contrario, sólo Navarra paga con menos de 11 días de retraso medio, con algo más de diez días, y el País Vasco se queda justo en 12 días. Madrid está por encima de la media del país, con 17,54 días, mientras que Cataluña se sitúa por debajo, con 14,12. La diferencia entre la comunidad con peor y mejor comportamiento es de nada menos que 11,69 días.
Solo el 13% de las grandes empresas pagan en plazo y las pymes son las que antes abonan sus facturas
Otra de las conclusiones del informe es que las grandes empresas son las que menos respetan sus plazos de pago a los proveedores. Según Informe DyB, durante el primer trimestre de 2023, el 47,95% de las microempresas y el 42,73% de las pequeñas cumplieron con los plazos de pago que marca la ley, frente a sólo el 27,51% de las medianas y el 12,67% de las grandes empresas.
Las pequeñas empresas son las que tienen una media de retraso sobre los plazos legales más baja, 12,57 días, un ascenso de 0,10 días en un año. A pesar de ello, las medianas y las grandes recortan ligeramente el plazo en 0,10 y 0,06 días, hasta 13,30 y 15,58 días respectivamente.
