Ley de Startups: tras un año en vigor, la burocracia y los escasos incentivos fiscales lastran la norma

Hace algo más de un año que entró en vigor la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, conocida popularmente como Ley de Startups. Un paso que debería ser importante para miles de autónomos, nómadas digitales y pequeños negocios tecnológicos. Su objetivo era servir de impulso para las startups, especialmente en sus fases iniciales, introduciendo incentivos -incluso fiscales- y mejorando el entorno para la innovación.

Apenas 14 meses después, existe un consenso entre los afectados por la ley sobre la necesidad de realizar mejoras en esta normativa, enfocadas sobre todo al apoyo que precisan aquellas empresas emergentes que ya han superado la primera fase de desarrollo, así como la reducción de burocracia o la ampliación de incentivos fiscales para la inversión y la captación de talento. Mejoras que podrían expandir su alcance y fortalecer la competitividad de nuestro país como un ecosistema atractivo para la inversión y el talento internacionales.

La burocracia sigue siendo el gran problema, a pesar de existir una Oficina Nacional de Emprendimiento

La cuestión más preocupante, según los expertos, puesto que es algo que no tiene que ver exclusivamente con las startup, sino con el conjunto mismo de las empresas españolas, sea el exceso de burocracia, a pesar de que la simplificación de los trámites administrativos era uno de los afanes de la norma.  Para ello se creó la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) como organismo encargado de ordenar y coordinar los servicios de apoyo al emprendimiento en colaboración con todos los órganos del Estado y agentes públicos y privados del ecosistema.

“A ojos de los empresarios no es suficiente, y la burocracia continúa suponiendo un pesado lastre que dificulta que más empresas emergentes puedan beneficiarse de la ley y, por consiguiente, aminora sus efectos beneficiosos”, se quejó Ralph Michaud, profesor de OBS Business School. “En España sigue siendo demasiado difícil poner una nueva empresa en marcha, sea esta una startup o de cualquier otro tipo”, continuó el experto, para quien la digitalización de los procesos administrativos sigue siendo una demanda claves del sector para facilitar la creación y gestión de estas empresas. “Deberíamos mirar ejemplos como el de Estonia, donde procesos están 100% digitalizados y la carga fiscal es reducida”.

La Ley de Startups debería tener en cuenta a los negocios que crecen tras sus primeros años de actividad

“La ley ha sido bien recibida por ofrecer definiciones claras”, según Ralph Michaud, “como el hecho mismo de dar carácter oficial a esta categoría de empresa y tratarla de un modo distinto, lo mismo que beneficios fiscales y ciertas mejoras para la captación de talento. Pero es hora de hablar de algo más”, expresó.

La norma fue resultado, en su momento, de un trabajo conjunto de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria, que hizo que la ley se aprobase en comisión sin voto alguno en contra. Sin embargo, a la hora de ser votada en el pleno del Congreso, el Partido Popular votó en su contra; en tanto que Vox, Esquerra y Junts, por motivos diversos, se abstuvieron de aprobarla.

Como indicaron los expertos, se trata de una ley pionera, que, al decir de las fuentes consultadas, apunta hacia donde debe: impulsar la creación y el desarrollo de nuevas empresas en España, la mayoría de raíz tecnológica. Así, durante el primer año de funcionamiento de la ley, se han certificado oficialmente algo más de 600 startups, y se han expedido en torno a 700 visados para emprendedores extranjeros, “unas cifras que deberían incrementarse notablemente a lo largo del segundo año de vida de la norma”, continuó Ralph Michaud.

El primero de los aspectos a mejorar es que una startup sólo sea considerada como tal durante sus primeros años de vida (normalmente, cinco, aunque pueden ser siete en ciertos casos). Un asunto que ya fue objeto de intenso debate durante la propia tramitación de la ley, y probablemente sea un elemento a reconsiderar, “pues revela una visión demasiado encorsetada de lo que se considera como empresa emergente”, indicó Jaime Novoa, miembro de la plataforma Startup Galicia y de la firma de capital riesgo K Fund. “Cuando lo cierto es que no todos los negocios emergentes son iguales. Algunos necesitan más de cinco años para madurar, sobre todo las tecnológicas. No es lo mismo una empresa dedicada al comercio electrónico que un negocio centrado en el desarrollo de un software puntero”. Para este experto tampoco es sensato que recaiga en la Empresa Nacional de Innovación, Enisa, toda la potestad para determinar cuáles son empresas emergentes y cuáles no.

Los expertos consideran que los incentivos para nómadas digitales deberían ser mayores

Otro de los asuntos que no convencen en el sector es el de las condiciones de las stock options -participaciones del negocio- para retribuir a trabajadores, pues la medida "sigue siendo insuficiente para que este instrumento sea de uso habitual en nuestro país, como lo es en el mundo anglosajón”, apuntó el profesor de OBS Business School. En este sentido, Jaime Novoa también lamentó que “los beneficios fiscales en el reparto de las opciones sobre acciones solo estén a disposición de las empresas de menos de cinco años y con menos de cinco millones de euros de ingresos”.

Es cierto, por otro lado, que la ley incluye la atracción de nómadas digitales, “pero los mismos deben trabajar al menos el 80% para pagadores en el extranjero, y eso merma su eficacia”, señaló Ralph Michaud. Para este experto hay dos mejoras pendientes: por un lado, “que los incentivos fiscales se trasladen a las personas físicas que invierten a través de vehículos de coinversión, algo usual entre los business angels”.

Y por otro, que las mejoras en la fiscalidad “afectan a cantidades de inversión consideradas pequeñas, por lo que su impacto no llega a las que siguen desarrollando sus negocios”. El experto añadió también que estas pueden requerir medidas adicionales para abordar sus necesidades específicas, como el apoyo para la expansión internacional. El sector demanda una ley específica para scaleup o una ampliación de la misma que incluya a estas empresas con un grado mayor de madurez.

En cuanto a la innovación a través del apoyo fiscal y administrativo a las empresas emergentes, la ley no aborda de manera directa la transferencia tecnológica desde universidades o instituciones técnicas al mundo empresarial. “Y para una estrategia específica en transferencia tecnológica, serían necesarias iniciativas adicionales que fortaleciesen los vínculos entre el ámbito académico y el sector empresarial”.

Un último aspecto a considerar es que la ley, pese a suponer un apreciable paso adelante, no tiene lo suficientemente en cuenta las competencias transferidas a las comunidades autónomas; algo que llevó a Esquerra y a Junts a abstenerse a la hora de aprobarla. “Un aspecto que no es baladí, puesto que cada territorio tiene su propio microcosmos, no sólo empresarial, sino también científico e innovador”, concluyó el profesor de OBS Business School.