Los autónomos y pymes soportan un 53% más de presión fiscal que el promedio de la Unión Europea

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ha reflejado el difícil panorama que tienen autónomos y negocios en España ante el marco fiscal y burocrático actual, que está ahogando la productividad y la supervivencia de muchos de ellos. Y lo ha expuesto en una serie de demandas que, a la vez, intentan aportar soluciones para que sean contempladas ante la formación del futuro Gobierno.

Según CEPYME, la competitividad de España ha sufrido un importante deterioro, ya que el esfuerzo fiscal se sitúa en máximos históricos. La presión fiscal normalizada en función de la renta es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea (UE) que, de por sí, ya resulta elevado en términos de comparativa internacional. Entre las grandes economías del mundo, España se sitúa a la cola en cuanto a atractivo fiscal, como consecuencia de la alta presión existente desde la perspectiva del negocio y del patrimonio. Hay que considerar, además, la importante carga en forma de cotizaciones sociales, que desincentiva la contratación y aumenta los costes laborales, junto a la presión derivada del Impuesto de Sociedades, que también resulta elevada.

Así pues, la fiscalidad marca de forma decisiva los costes de autónomos y negocios. Es más, apunta CEPYME que los negocios españoles contribuyen a los ingresos públicos por encima de la media de la UE, y que España lidera la presión tributaria sobre el patrimonio. El marco fiscal, el llamado esfuerzo fiscal (presión fiscal normalizada en función de la renta) resulta decisivo para incrementar o no incrementar la actividad y mantener el negocio.

Ante todo ello, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ha planteado una serie de demandas para que los grupos parlamentarios las tengan en cuenta en el contexto de negociaciones políticas sobre la conformación del futuro Gobierno. Demandas que llevan implícitas posibles soluciones y que son las siguientes:

•  Reducir la presión fiscal y promover el ahorro y la atracción de la inversión.
• Disminuir las cotizaciones sociales, que conllevan una mayor consecuencia en los pequeños negocios debido a su reducido tamaño y el mayor peso de los costes laborales.
• Promover un sistema tributario eficiente, que minimice la cargas que afectan especialmente a este tipo de negocios y autónomos. En concreto, debe simplificarse el Impuesto de Sociedades.
• Promover un marco fiscal que no penalice la competitividad de autónomos y pequeños negocios respecto de sus homólogas europeas. Deben eliminarse los impuestos que no existan o sean minoritarios en nuestro entorno.
• Evitar que la fiscalidad obstaculice la inversión en nuestro país.
• Actualizar el marco de los incentivos fiscales al I+D+i y garantizar la seguridad jurídica en las deducciones fiscales por innovación tecnológica.
• Limitar la implantación de nuevas cargas fiscales de carácter medioambiental y articular un marco fiscal común en este ámbito para todas las comunidades autónomas. En este sentido, urge la llegada a un acuerdo para que el Estado dé forma a dichos impuestos y, posteriormente, los ceda a las comunidades mediando cierta flexibilidad normativa.

Demasiadas cargas burocráticas para pymes y autónomos

La Confederación se ha centrado también en el exceso de regulación y de burocracia, que supone un obstáculo para generar nuevos ingresos y hacer crecer el negocio. Este exceso de “papeleo” administrativo implica importantes costes de cumplimiento. Así pues y de la misma forma, ha puesto sobre la mesa una serie de puntos que el nuevo Gobierno debería abordar, y lo califican de urgente:

• Reducir las cargas burocráticas de la Administración. Muchas normas agregan nueva burocracia y todo ello es un suma y sigue administrativo, sin tener en cuenta el reducido tamaño de negocios y el esfuerzo que tienen que hacer porque no cuentan con recursos suficientes.
• Adecuar las normas a la realidad de los autónomos y los negocios españoles.
• Evaluar de forma realista las cargas, obligaciones y costes ligados a las nuevas normas. Para no aumentar la carga burocrática, habría que poner en práctica de manera efectiva el principio “una más, (al menos) una menos”; es decir, derogar una o más normas del mismo nivel por cada una nueva.
• Aplicación efectiva del principio “una sola vez”, para que ciudadanos y negocios comuniquen una misma información, a cualquier nivel de gobierno, solamente una vez.
• Fomentar las declaraciones responsables para agilizar la obtención de permisos.
• Evitar que la normativa haga que los negocios españoles compitan en desigualdad de condiciones frente al resto del mundo y, en especial, con respecto a los de la Unión Europea. Por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad, autónomos y pequeñas empresas se ven obligadas a asumir en solitario importantes inversiones para cumplir con unos estándares legales que resultan elevados, cuando en otros países se puede llegar a ello con ayudas, debido a que las obligaciones exigidas son menores.
• Impulsar la coherencia normativa y reforzar la calidad legislativa. La pérdida de calidad de la norma ha resultado un problema creciente que juega en contra de la seguridad jurídica que necesita cada negocio.
• Modernizar la administración de Justicia. A la proliferación de tanta normativa, se suman los retrasos y colapsos de la administración de Justicia cuando se judicializan ciertas cuestiones.

El Barómetro de ATA refleja la preocupación de los autónomos por la burocracia

También, la preocupación de los autónomos por la excesiva carga burocrática que soportan ha quedado reflejada en el XVIII Barómetro del segundo trimestre que elabora la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.

Así, uno de los aspectos que se analizaron en esta encuesta fue si los autónomos consideraban que habían aumentado las cargas administrativas y las cotizaciones en los últimos tres años. Un rotundo 91,5% afirmó que sí, frente a un 5,4% que consideró que no.

Como la encuesta se realizó antes de las elecciones del 23 de julio, los autónomos hicieron balance de las políticas desarrolladas por el Gobierno en la última legislatura y valoraron del 1 al 5 las políticas y las medidas llevadas a cabo para autónomos y negocios por las distintas administraciones (siendo 1 el mínimo de puntuación y el 5 para el máximo). El panorama no ha cambiado desde entonces. El 57,2% lo valoró con un 1; el 20%, con un 2; el 12.4% con un 3; el 5,4% con un 4; y, finalmente, el 3,5% con un 5.