El teletrabajo, las restricciones y el temor al contagio ponen en jaque el negocio de las máquinas expendedoras

En mayor o menor grado, buena parte del tejido empresarial español está afrontando múltiples retos y dificultades durante la pandemia. No son muchos los negocios que pueden afirmar haber salido reforzados de la crisis, más bien al contrario. La situación es desalentadora para tantos trabajadores y autónomos de nuestro país que, con algo de suerte, pueden consolarse con no haber salido tan mal parados del campo de batalla en el que se encuentran desde hace ocho meses.

Además del comercio, la hostelería, el ocio nocturno, el turismo y una larga lista de sectores perjudicados por el nuevo escenario que ha dejado la Covid-19, se encuentra el negocio de las máquinas de vending -muchos regentados por autónomos- que, tras el parón de los meses de confinamiento, siguen arrastrando pérdidas económicas derivadas de la falta de clientes en oficinas que ha traído el teletrabajo, por un lado, y el hecho de evitar a frecuentar determinados lugares o el contacto con superficies por temor al contagio, por otro.

“Las máquinas expendedoras no son focos de infección, no se ha demostrado. Esta paranoia de algunos departamentos de prevención en riesgos laborales no está justificada”, aseveró Raúl Rubio, presidente de la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA), quien además explicó a este medio que han necesitado emprender campañas de concienciación para acabar con esa alarma social.  

Se enfrentan a pérdidas del 40% de su facturación

En el sector ha hecho mella la irrupción y mantenimiento de la figura del teletrabajo, provocando que grandes edificios de oficinas, así como de pequeñas empresas se hayan prácticamente vaciado de personal. Esto inevitablemente se traduce en un menor consumo de los productos típicos que ofrecen estas máquinas expendedoras como es el caso de cafés, tés, refrescos o snacks y que suelen ser tan recurrentes a la hora de hacer descansos durante la jornada laboral.

“Las restricciones de la movilidad nos afectan en el canal público y las restricciones de la economía repercuten en el canal privado. Ahora mismo, nos enfrentamos a una caída media del 40% de facturación en el sector, que, en varios momentos, ha llegado a ser del 80%”, explicó Rubio. Según los datos aportados por ANEDA, en 2019, la industria del vending facturó 1.460 millones de euros en España y aunque todavía no han cifrado las pérdidas registradas y previstas para este 2020, desde la organización afirmaron una caída pronunciada en las ventas que ha dejado muy tocado al sector.

“Estamos muy mal, todo está marcado por la incertidumbre y condicionado por unas medidas extremas impuestas hasta mayo del año que viene”. “¿Cómo podemos prever nosotros el futuro si no va a haber funcionamiento normal de las instituciones y empresas?", se cuestionó Rubio, que alertó también de que si, a partir de marzo, el Gobierno no prorroga el pago de los créditos ICO, los autónomos y empresarios del vending tendrán “graves problemas” al verse obligados a sufragar esas deudas sin haber incrementado las ventas. “Lo que se ha recaudado en este plazo, a duras penas sirve para mantener lo que tenemos”, advirtió Rubio.

El 20% de las máquinas no están dando servicio

La caída de sus ventas se explica también por el ‘apagón’ de muchas de sus máquinas expendedoras a la espera de que la actividad que tiene lugar en su emplazamiento vuelva a retomarse. En concreto, un 20% del parque de máquinas de ANEDA no está funcionando porque, en su mayoría, dan servicio en hoteles donde los bajos niveles de ocupación les impide el mantenimiento de su actividad. Según confirmó Rubio, parte de esas empresas, que dan servicio a la hostelería en Canarias, han tenido que acogerse a los ERTEs por el tiempo máximo permitido e, incluso, prevén que necesitarán mantener esta medida como mínimo hasta el verano que viene.

Otro de los factores que influye en la mala situación que atraviesan los autónomos y trabajadores del sector es la renegociación sin éxito de los contratos suscritos con carácter previo a la crisis. “El problema es gravísimo y nos está sangrando”, destacó Rubio. El sector asegura que las distintas administraciones a las que han apelado la cláusula rebus sic standibus, prevista por la legislación actual para modificar las obligaciones de un contrato si concurren algunos requisitos como la imprevisibilidad. Este instrumento jurídico que sí está amparando a parte de la hostelería con la rebaja del pago de sus alquileres, no está funcionando sin embargo con las obligaciones económicas contraídas por el vending.

“Fue una de las reivindicaciones que llevamos a la mesa de reconstrucción nacional, que el Estado reconociera esta cláusula en los contratos públicos para renegociarlos o, al menos, pasar los cánones de fijos a variables. Sin embargo se cerró la mesa de negociación y como hemos sabido, no queda nada”, informó el presidente de ANEDA.

Para combatir este panorama, algunos autónomos del sector se han intentado subir al carro del negocio de las mascarillas, cuyo crecimiento ha sido exponencial desde su uso obligatorio. En distintos enclaves de la ciudad – como el metro–, pueden verse instaladas máquinas expendedoras de mascarillas quirúrgicas, sin embargo, ni por esas han logrado remontar el vuelo. “Te puedo garantizar que la experiencia con máquinas de 100% mascarillas y gel hidroalcohólico ha sido nefasta porque ese producto lo llevas tu de tu casa”.

La explicación radica en que la actividad que desarrollan los operadores de vending se fundamenta en un "consumo casual", señaló Rubio, así que solo pueden permitirse habilitar un carril de este tipo de productos higiénicos dentro de la oferta de su gama de surtidos.

Nuevas turbulencias para el sector con la subida del IVA

Por otro lado, cabe reseñar que se avecinan nuevas turbulencias para el sector. La subida del IVA al 21% de las bebidas azucaradas y edulcoradas podría derivar en un nuevo golpe a sus ingresos.

El incremento de este gravamen es una de las novedades tributarias que introdujo el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. El anuncio de esta medida suscitó preocupación entre los diferentes segmentos de la cadena de alimentación, pero tal y como señaló después el Gobierno, finalmente la hostelería y restauración no tendrán que asumir los costes de este nuevo tributo. Sin embargo, podría afectar a otras actividades como las máquinas de vending que, en principio, no parecen estar exentas de su aplicación.

Para Rubio, este nuevo horizonte llega como “una piedra más en el zapato” que agravará la sensación de “inseguridad” e “incertidumbre” que ya viven los autónomos y trabajadores del sector. Reconoció además que “no termina de entender” el fin de la medida. Además “tendrán que explicar si el impuesto se aplicaría también a las bebidas denominadas ‘zero’”, añadió.

A la espera de que se despejen todas las dudas relativas a la subida del IVA de los refrescos, ANEDA ha organizado una reunión con el ministerio de Consumo y han solicitado otra con el de Hacienda para abordar de forma directa el asunto. Desde la organización quieren saber si pueden aplicarse al sector la misma exención que se ha introducido para la restauración y la hostelería.

Tras la aprobación del anteproyecto de Presupuestos del Estado por el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el incremento del IVA a los refrescos azucarados no afectaría a bares ni restaurantes manteniendo el gravamen al 10% actual con el fin de no “perjudicar” la coyuntura actual de la hostelería. De modo que el aumento de esta fiscalidad recaerá sobre el gremio de distribución, como es el caso de supermercados y las maquinas expendedoras.

¿Subir el IVA de los refrescos reducirá realmente su consumo?

La subida en principio no se espera que sea muy cuantiosa. Desde sinAzúcar.org informaron en su perfil de Twitter de que “el precio de una lata de Coca-Cola subirá 0,06 €”, incrementando el coste de este producto de los 0,65 a 0,71 euros.

Sin embargo, estos no son los precios que habitualmente encontramos en las máquinas de vending, que por los cánones administrativos que deben pagar por sus emplazamientos –aeropuerto, estaciones de metro, bus y tren, entre otros– se ven forzados a fijar precios más altos que la media.

En este sentido, incrementar el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, que constituyen un parte importante de su oferta, les limita a actuar en base a dos opciones: o bien asumir pérdidas en los márgenes de beneficio, o bien, subir los precios de venta al público arriesgándose a una caída en su demanda, ya que sus precios de por si son ya bastante elevados, por lo que aumentarlos podría desincentivar su compra provocando finalmente un descenso en las ventas del sector de distribuidores automáticos.

“Cada uno en particular podrá hacer lo que quiera, pero como sector no podemos asumir un coste de ese tipo. Estamos hablando de una subida que en algunos productos puede llegar a ser de hasta 12 céntimos”, lamentó Rubio.  

En cualquier caso, que se consuman menos refrescos en las máquinas expendedoras no implica que se reduzca su consumo en general. Según el Gobierno, la subida del tipo en las bebidas azucaradas no se aplica con afán recaudatorio sino con el objetivo de fomentar hábitos más saludables en la ciudadanía y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, el texto de los PGE recoge que “marginalmente, la subida del tipo […] aportará unas décimas al crecimiento de los ingreso”

No obstante, Rubio cuestionó la efectividad que realmente pueda llegar a tener un aumento de la fiscalidad sobre los hábitos de los consumidores porque “si los impuestos fueran disuasorios, entonces nadie fumaría”, sentenció.

Precisamente, un informe elaborado por PWC sobre fiscalidad y alimentación advirtió de que “la evidencia científica basada en la experiencia de países que han implementado impuestos a alimentos y bebidas con el objetivo de mejorar la salud demuestra que la política fiscal utilizada para resolver el problema de la obesidad es limitada, inconcluyente e incluso lo han eliminado por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad”.

El estudio pone de ejemplo a Francia y México, países donde el impuesto a las bebidas azucaradas lleva operando seis años sin demostrar por el momento una reducción en el sobrepeso de la población. También señaló que países como Dinamarca, Eslovenia, Australia y Colombia acabaron eliminando este tipo de impuestos sobre las bebidas azucaradas por ser “ineficaz y negativo para el conjunto de la economía”.