La Agencia de Protección de Datos duda si es legal pedir el certificado de vacunación para entrar en bares

Exigir el certificado de vacunación para acceder a establecimientos como bares, restaurantes o tiendas de ropa podría atentar contra el derecho a la protección de datos de los ciudadanos. Es la investigación que está llevando a cabo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), para determinar la legalidad o no de esta nueva norma que parece estar en auge en algunas comunidades autónomas de nuestro país. No obstante, distintos expertos y autoridades europeas que trabajan en la materia ya han alertado de su "preocupación por el uso de estos datos para esa finalidad", alegando que "la salud es una información de nivel máximo de protección".

Hasta el momento, Canarias, Galicia, Andalucía, Cantabria y Valencia han mostrado interés por la implantación de esta medida de acceso en los establecimientos de sus autonomías. No obstante, el Ministerio de Sanidad ha dejado claro que el certificado de vacunación o Covid no se creó para controlar el acceso a locales y negocios.  “El objetivo es permitir una movilidad segura entre países europeos. Además, las CCAA no tienen ninguna potestad legal para obligar a que los autónomos y negocios exijan dicho certificado a sus clientes para dejarles pasar", dijo la ministra, Carolina Darias, durante su última comparecencia.

A todo ello, es importante recordar que la vacunación no es obligatoria, por lo que esta norma "generará una discriminación hacia aquellos que, o bien hayan elegido no vacunarse, o bien no puedan hacerlo por prescripción médica", explicó la AEPD. Muchos trabajadores por cuenta propia están en un profundo desacuerdo con esta medida porque aseguran que "limita la entrada de clientes a sus negocios en plena crisis económica". Más si cabe, cuando deben ser ellos quienes tengan perseguir o señalar a los consumidores.

Un dato de máximo nivel de protección

El principal problema que genera para la AEPD la obligatoriedad de mostrar el certificado de vacunación para entrar a consumir a un bar o comprar en una tienda, es el uso indebido de datos "altamente vulnerables". Según explicó José Ramón Padrón, experto en materia de protección de datos y country manager de la empresa especializada en hosting, SiteGround, "las distintas informaciones tienen un rango de protección dentro del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Y lo referente a temas médicos y salud se encuentra en un nivel máximo". De ahí que "demostrar si se está vacunado o no, atente directamente contra protección de las personas físicas", añadió.

Por ello, el experto entiende que las agencias de protección de datos a nivel europeo y, más concretamente, la española, hayan iniciado un requerimiento de información a las comunidades autónomas que quieren implementar esta normativa. "La AEPD es consciente que, ciñéndose al RGPD, se trata de un dato que no se le puede pedir a nadie", aseguró Padrón. Además, la Agencia insistió en su comunicado que la norma "tiene que contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas, evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas".

A la ilegalidad o no de esta medida, se suma el descontento de muchos autónomos por tener que "hacer de policías", exigiendo a sus clientes que estén vacunados para dejarles pasar a sus negocios. "No quieren exigir nada a sus clientes porque sienten que ese no es su deber" apuntó Juan Arricivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA Canarias).  Asimismo, el experto el RGPD, José Ramón Padrón, explicó que "no es legal que un personal no profesional en la materia gestione esos datos personales. Para que los camareros, taxistas o tenderos puedan comprobar legalmente si alguien está vacunado o no tienen que ser expertos, cosa que la inmensa mayoría no son". 

El ocio nocturno quiere exigir la vacuna para no tener limitaciones

Por su parte, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, ha emitido este miércoles un comunicado dirigido al Ministerio de Sanidad donde reclama la implantación del Certificado Sanitario Digital de la Unión Europea en sus locales. En la patronal no entienden las reticencias hacia esta herramienta, y recuerdan que esta medida lleva siendo exigida por su parte desde hace varios meses.

No obstante, estos autónomos le imponen al Gobierno la condición de "recuperar la actividad con el horario habitual, aforo y pista de baile al 100%". Es decir, la Federación quiere exigir la vacuna a sus clientes para poder levantar sus persianas sin ningún tipo de limitación o restricción. De lo contrario, señalaron que seguirían trabajando como locales de restauración y, por tanto, a pérdidas. 

Los trabajadores por cuenta propia que desarrollan esta actividad están seguros de que dotar de seguridad jurídica al uso del certificado sanitario de la Unión Europea, que recoge información sobre si se ha pasado la enfermedad, la pauta de vacunación o una prueba PCR o antígenos, reactivará sus negocios y ayudará a "volver a la normalidad".

La justicia canaria elimina el certificado para entrar a locales

Los autónomos de la Comunidad Autónoma de Canarias estaban obligados a cumplir con la norma de sólo dejar pasar a sus negocios a aquellos clientes que presentasen su certificado de vacunación, hasta que la justicia del archipiélago ha tumbado la medida. El Tribunal Superior de Justicia Canario (TSJC), eliminó la exigencia del pasaporte Covid para acceder a bares y restaurantes, lo que según explicó el presidente de ATA Canarias, Juan Arricivita, "estaba dividiendo a los trabajadores por cuenta propia del territorio".

No obstante, a pesar de la división de opiniones y la sentencia de la justicia del archipiélago, esta medida fue dispuesta por el Servicio Canario de la Salud como medida disuasoria, según explicó el presidente de ATA Canarias, para que la población "se vacune o se vacune. Con las nuevas variantes necesitamos un 80% de la población vacunada. Si les exigimos a los clientes extranjeros que vienen a España que estén vacunados o tengan una PCR negativa ¿Por qué no lo vamos a poder exigir en las zonas con incidencia acumulada?", opinó Arricivita.

Por su parte, desde la Asociación de Hostelería Compostela, en Galicia, explicaron que sus autónomos estaban "indignados" por tener que exigir pruebas negativas o certificados de vacunación a sus clientes cuando siguen aumentando las reuniones privadas y botellones sin control, "los cuales quedan impunes ante la ley".