ATA pide al Gobierno que mantenga un escudo de protección de los autónomos hasta diciembre

Han transcurrido trece meses desde el estallido de la emergencia sanitaria y ante lo que parece el inicio de una cuarta ola de contagios, los autónomos han solicitado al Gobierno extender el escudo de protección del tejido productivo hasta diciembre. Esto significaría, entre otras cosas, mantener la vigencia de la prestación por cese de actividad y los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) más allá del 31 de mayo. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera primordial llevar ya a las mesas del diálogo social la prolongación de ambas medidas y anunció cuáles serían sus líneas rojas en la futura negociación sobre la extensión del cese de actividad.

El presidente de la Federación, Lorenzo Amor, explicó durante un webinar sobre las ayudas directas y la prestación por cese de actividad -organizado por ATA y el Consejo General de Colegios oficiales de Graduados Sociales- que “el escudo de protección social habilitado por el Ejecutivo jugó un papel esencial al inicio la pandemia”. Según dijo, el cese de actividad ha ayudado a que muchos trabajadores por cuenta propia pudieran aguantar sin bajar la persiana, los ERTE evitaron que mucha gente perdiera su trabajo y más de 900.000 autónomos obtuvieron financiación gracias a las líneas de avales habilitadas a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Sin embargo, una situación que en un primer momento se creyó momentánea se ha alargado ya durante más de 13 meses y “es necesario mantener ese escudo de protección social”.

Según prevé Amor los planes que maneja el Gobierno de tener al 70% de la población inmunizada contra la Covid-19 para verano no se van a cumplir, “la recuperación económica está ligada a la vacunación y está siendo excesivamente lenta. Los últimos datos nos hacen ser pesimistas”, afirmó. A esta circunstancia se le une el hecho de que, aunque muchos negocios volverán a funcionar “cuando las calles se vuelvan a llenar, la recuperación no va a llegar a todos los sectores por igual, porque otras actividades van a necesitar un poco más de tiempo para no quedarse atrás”.

Urge comenzar las reuniones del diálogo social

Por eso, y ante una recuperación del tejido productivo “lenta, gradual y suave”, Lorenzo Amor pidió al Gobierno mantener el escudo de protección social hasta el 31 de diciembre de este año. “Especialmente porque el tejido empresarial está bastante herido y la recuperación va a ser desigual” afirmó.

Mantener el escudo social significa extender nuevamente el cese de actividad para autónomos y los ERTE. En estos momentos, ambas medidas siguen vigentes hasta el próximo 31 de mayo gracias a la aprobación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. “Negociar su extensión tienen que ser la prioridad en estos momentos. Debería ser el primer punto en la agenda del diálogo social. El 31 de mayo está a la vuelta de la esquina y hay que dar certeza a los autónomos y a los empresarios para que puedan organizar su futuro”, señaló el presidente de ATA.

Las líneas rojas de las negociación del cese

Como viene siendo habitual, la extensión de los ERTE estará en manos del acuerdo que se alcance entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales (patronal y sindicatos); y la prolongación de la prestación por cese de actividad de las negociaciones entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las organizaciones de autónomos. En este sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, adelantó cuál iba a ser la línea roja de ATA en la negociación.

“En estos momentos se les está denegando la prestación por cese de actividad -la modalidad compatible con la actividad- a autónomos que no tienen el periodo contributivo necesario para disfrutar de la misma. Vamos a exigir el contador a cero, tal y como ya hizo el Gobierno con los asalariados que están en ERTE” señaló Amor. El presidente de ATA se refiere a la situación por la que están atravesando muchos profesionales por cuenta propia que han solicitado la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia (POECATA) y que no pueden acceder a ella porque ya han consumido los periodos de reconocimiento de la prestación.

Los periodos de reconocimiento o protección son los meses a los que tiene derecho un autónomo por la prestación por cese de actividad en función de los meses cotizados. Así, en base al artículo 338 de la Ley General de la Seguridad Social, un trabajador por cuenta propia que hubiera cotizado entre 12 y 17 meses tendrá derecho a cuatro meses de protección; entre 18 y 23 meses tendrá derecho a seis meses; entre 24 y 29 meses a ocho de prestación y entre 30 y 35 a diez. Se alcanza el año de protección cuando se ha cotizado entre 36 y 42 meses. También entre 43 y 47 meses cotizados el periodo reconocido será de 16 meses y, por último, más de 48 meses equivaldrá a 24 meses de prestación.

Como la cotización por cese de actividad era voluntaria hasta enero de 2019, esto significa que la mayoría del colectivo (unos 2,7 millones) habrán cotizado un año y medio por esta prestación antes de haber solicitado el POECATA en julio del 2020. Y tendrían entre cuatro y ocho meses de reconocimiento de la misma. Por lo que los primeros que la solicitaron estarían a punto de agotarla.

Amor quiere que el contador se ponga a cero. Es decir, que no se tengan en cuenta los periodos de reconocimiento consumidos. Medida que ya habilitó el Gobierno con los beneficiarios del ERTE. “Que se haga lo mismo que se hizo con los trabajadores en ERTE a los afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos” puntualizó Lorenzo. En este sentido, señaló que “España no puede seguir reaccionando tarde y que si hay herramientas que han funcionado deben seguir manteniéndose para dar certidumbre a los autónomos”.

Las ayudas directas son una “limosna”

Por último, el presidente de la Federación denunció que España iba tarde con el reparto de ayudas directas. “Mientras que otros estados europeos daban ayudas cuando imponían restricciones, nosotros hemos tardado 13 meses en reaccionar y dar ayudas directas” expresó.

A través del Real Decreto Ley 5/2021 se van a repartir en los próximos meses 11.000 millones de euros, de los cuáles 7.000 millones de euros van a ir destinados a los autónomos y pequeños negocios más afectados por las restricciones. “Son 7.000 millones de euros que llegan tarde y son insuficientes” puntualizó Lorenzo Amor. 

Para Amor el importe destinado por el Gobierno a ayudar a los pequeños negocios es muy poco si se compara con el volumen de facturación que han perdido a causa de la emergencia sanitaria. “Las empresas han dejado de ingresar 287.000 millones de euros el año pasado por la Covid-19. Un 25% -entorno a 60.000 millones de euros- corresponde a las pérdidas de facturación de los autónomos” señaló Amor. Que continuó diciendo que las ayudas a fondo perdido solo cubren un pequeña parte de esas pérdidas.

“Si a los 7.000 millones de euros en ayudas directas le sumamos lo que se ha pagado en ERTE, en la prestación por cese de actividad y en el resto de medidas -incluyendo moratorias y aplazamientos- el Gobierno se habría gastado en total unos 57.000 millones de euros en ayudar a los negocios durante la pandemia. Aún con todo, el tejido productivo ha tenido que soportar 230.000 millones de euros de pérdidas”. Por eso, Amor catalogó las ayudas directas de 7.000 millones de euros de “limosna”.

Unido a la tardía y a la insuficiencia de las ayudas a fondo perdido, Lorenzo Amor mencionó el hecho de que estuvieran dirigidas sólo a 95 CNAES, lo que dejaba fuera a muchos sectores que necesitaban poder acceder a la partida como, por ejemplo, las peluquerías, las autoescuelas, las tiendas de souvenir, entre otras actividades. “Se ha dejado afuera a muchos sectores porque han escogido los beneficiarios del listado de las actividades más protegidas de los ERTE. No han tenido en cuenta que la mitad del tejido productivo no tiene trabajadores y que, por lo tanto, no han solicitado un Expediente” dijo Amor. Que criticó también que se estableciera como requisito no haber dado pérdidas en 2019, pues se está dejando a todas las pymes de nueva creación fuera.