ATA reclama mayores sanciones a los que no pagan sus facturas a los autónomos
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmó que la morosidad sigue siendo "una lacra" para los autónomos y negocios. Ante esta situación, la Federación reclama a las instituciones europeas que el nuevo reglamento "sea realista" y les tenga en cuenta.
La morosidad sigue siendo una de las grandes lacras para los autónomos y pequeños negocios. Así lo expresó el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en una jornada organizada por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), en la que reclamó que la nueva legislación europea contra la morosidad sea "realista" y tenga en cuenta la especial vulnerabilidad de este colectivo ante el retraso de los pagos, elevando las sanciones a los que dejan de pagar sus facturas a los trabajadores por cuenta propia.
La jornada se ha producido después de conocer la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Lucha contra la Morosidad en las transacciones comerciales, que se está tramitando. Participaron en las mesas de debate: Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME; Bonifacio García Porras, representante europeo de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes; Pablo Arias, eurodiputado del Grupo Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo; Laura Ballarín, eurodiputada del Grupo S&D en el Parlamento Europeo; Lorenzo Amor, presidente de ATA; y Luis Collado, presidente del Observatorio de Morosidad de CEPYME; entre otros asistentes, que representaron a los principales ramos de actividad.
Según valoró durante las jornadas Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, es necesario cambiar el marco normativo europeo, para reducir la morosidad y el impago en las pymes. "Trabajar en la normativa europea permitirá establecer unas normas de juego comunes, para que las empresas mejoren su competitividad, algo crucial para que las pymes tengan mayor liquidez y previsiones de tesorería, y puedan aumentar su competitividad”, afirmó.
La morosidad sigue afectando a cuatro de cada diez autónomos, según ATA
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, recordó que “la morosidad es una lacra que lleva demasiado tiempo amenazando la supervivencia de pymes y autónomos, y cuya evolución no responde en exclusiva a un contexto económico desfavorable, ya que, pese a la mejora en nuestra economía, no conseguimos que sea marginal”.
Según expresó Lorenzo Amor, la morosidad, tanto pública como privada, sigue siendo uno de los principales problemas del colectivo de autónomos, “afectando a cuatro de cada diez“, expuso Amor. En concreto, durante 2023 el 38,2% de los autónomos dice haber sufrido morosidad; de éstos, el 22,7%, por parte de empresas privadas; 10,9%, tanto por parte de entidades públicas como privadas; y el 4.6%, por parte de las administraciones públicas.
Y, añadió, “si tomamos los datos de los periodos medios de pago que publica el Ministerio de Hacienda, se puede observar que los datos medios de pago de las administraciones regionales se han reducido diez días en diez años. Así que, apostilló, “si bien hemos mejorado en los últimos 15 años en cuanto a los plazos medios de pago, especialmente por parte de las administraciones públicas, lo cierto es que todas las tentativas legislativas con dos directivas europeas, y su transposición a nuestro ordenamiento jurídico, han sido incapaces de atajar la morosidad de forma sustancial”.
ATA reclama mayores sanciones contra los impagos que sufren las pymes
Las conclusiones que presentó Lorenzo Amor constituyen la base de lo que el colectivo de los trabajadores autónomos transmite a la Unión Europea para que se tenga en cuenta. Según el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, “el impago es más grave que la demora y debe priorizarse y ser combatido mediante fuertes sanciones. Por lo tanto, deben establecerse procedimientos ágiles y eficientes de reclamación de las deudas e imponer recargos automáticos a quien se demore en el pago de las facturas, pero con plazos razonables para pymes y autónomos. Treinta días para los autónomos nos parece poco realista; 60 nos parece más viable”.
El segundo punto que propuso fue “sancionar el origen de la morosidad y la mala praxis en el pago a proveedores”. Una tercera propuesta estuvo basada en el tratamiento especial, con mayor flexibilidad, que deben recibir pymes y autónomos.
La Transparencia como algo esencial para el control efectivo, constituyó la cuarta propuesta. Y así lo argumentó Lorenzo Amor: “creemos que la digitalización en curso y la factura electrónica, pero, dada la entrada en vigor de forma inmediata del reglamento europeo contra la morosidad, no sabemos cómo se va a poder verificar el plazo de pago, si aún no existe obligación de reportar los mismos, y quién será el organismo responsable de la verificación de dichos plazos”.
El plazo medio de pago a las pymes se sitúa en 82 días
Desde CEPYME observaron que la normativa preexistente no ha conseguido atajar el problema, pues el periodo medio de pago (PMP) sigue 20 días por encima del plazo legal. Y consideraron que la tramitación en curso de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la Lucha contra la Morosidad brinda la mejor oportunidad para transmitir las necesidades sectoriales y problemáticas específicas, de cara a definir una actuación que sí logre reducir los plazos de pago sin perjudicar a las pymes y autónomos, que suelen ser los más vulnerables.
El presidente de esta Confederación, Gerardo Cuerva, puso sobre la mesa los datos de la última edición del Observatorio de Morosidad de CEPYME: la morosidad elevó a 2.700 millones de euros el gasto financiero de la deuda comercial de las pymes, duplicando la cifra registrada sólo un año antes, mientras que el PMP se situó en 82 días, frente a los 60 que establece la ley.
Y advirtió “que es necesaria una reflexión sobre las normas anteriores para que no se repitan fallos del pasado. El uso de conceptos poco claros o difusos en la normativa previa, o la falta de toma en consideración de especificidades de los distintos sectores, llevó a que la aplicación práctica se alejara de lo buscado por la norma. Por eso, en la confección del Reglamento se echa de menos un análisis sectorial de acompañamiento”.
Por último, la secretaria de Estado de Industria, además, se comprometió a buscar nuevas vías de financiación para las pymes, los pequeños negocios y los autónomos, independientemente de lo que estén aportando los fondos ‘Next Generation, pues, según ella misma ha explicado, este colectivo no “siempre han tenido acceso directo” a estas ayudas en las últimas fechas.
