Y medidas para reestructurar los préstamos del ICO

El Gobierno aprueba ayudas directas a los autónomos que cubrirán el 40% de su caída de ingresos en el último año

El Gobierno aprobó un nuevo real decreto que incluye, entre otras medidas, ayudas directas a los autónomos para que cubran sus gastos fijos y deudas. Cobrarán "hasta el 40% de su caída de ingresos" en el último año si tienen menos de diez empleados.
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El Gobierno aprueba ayudas directas a los autónomos que cubrirán el 40% de su caída de ingresos en el último año

El Gobierno ha dado luz verde a las esperadas y controvertidas ayudas directas para los autónomos. Después de varios meses de tensión, el Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial que recoge tres fondos diferentes: una línea de ayudas directas a autónomos y empresas, dotada con 7.000 millones de euros, una segunda línea de 3.000 millones de euros para que el ICO pueda reestructurar las deudas de los negocios con aval público y una última de 1.000 millones de euros para recapitalizar empresas afectadas por la COVID.

A la espera de que entre en vigor el decreto y se concreten de forma pormenorizada estas medidas mediante su publicación en el BOE, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía avanzó que las ayudas que tanto esperaba y necesitaba el colectivo cubrirán "hasta un 40% de la caída de ingresos" de todos aquellos autónomos y micropymes -con menos de diez empleados- , que sean "fundamentalmente viables", y "cuyos ingresos hayan caído más de un 30% respecto a 2019".

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA  celebraron "que el 60% del plan se destine a ayudas directas". Aunque el presidente de la federación recordó que "llega tarde para muchos autónomos y empresas que se han quedado en el camino", puso en valor que finalmente se haya puesto en marcha y que "vaya a compensar a los autónomos que no se hayan visto compensados por cerrar sus actividades. Pedimos que se impulse de forma ágil para que llegue pronto".

Ayudas directas para cubrir las deudas y gastos fijos del último año

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Calviño puso por fin cifra a estas ayudas que se canalizarán a través de las comunidades autónomas, como ya avanzó este diario. Al parecer, esta cobertura del 40% de la caída de ingresos en el último año para autónomos que hayan experimentado más del 30% de bajada en su facturación se materializará en ayudas que se moverán en un rango de "entre 4.000 y 200.000 euros para las empresas y sectores más afectados", como pueden ser la hostelería y el ocio nocturno, el comercio, las actividades culturales y un largo etcétera que abarcaría cerca de 100 epígrafes de CNAE. En el caso de los autónomos en módulos, las ayudas serán de una cantidad fija de 3.000 euros.   

Así pues, según dijo Nadia Calviño, "con cargo a esta línea, las Comunidades Autónomos podrán ceder ayudas no reembolsables y de carácter finalista", a sus autónomos. En principio, y a la espera de que se concreten los destinos a los que se podrán dirigir estas subvenciones-, la ministra avanzó que cubrirán "las deudas contraídas desde marzo de 2020, facturas con proveedores, gastos fijos, deudas financieras y no financieras o suministros energéticos". 

Requisitos específicos

En cuanto a los requisitos, y una vez más a falta de publicación en el BOE, de momento se sabe que "podrán acceder a las ayudas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30%, con respecto a 2019", según explicó la ministra de asuntos económicos. Esto, siempre y cuando, el negocio se encuentre "dentro de un conjunto de determinadas actividades, casi 100, que son las más afectadas por las restricciones".

Al parecer, el proceso sería similar al que se estableció con los nuevos ERTE, donde se publicó una lista de CNE de los sectores más afectados y las actividades relacionadas, como podrían ser restauración, comercio u  ocio nocturno y sus proveedores.  Así mismo, la concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones de personal colectivo.  

Por otro, lado queda todavía por determinar el requisito más importante -y que también fue el más sonado- para acceder a estas ayudas: tener un negocio viable. Todavía falta por concretar qué negocios sí y que negocios no entrarían en esta categoría.

Cantidad a percibir

Además, se hace distinción en el tamaño de la empresa y también en su sistema de tributación a la hora de calcular la cuantía de ayuda a la que podrá acceder cada beneficiario:

  • Autónomos y micropymes (menos de diez empleados): se cubrirá "hasta un 40% de su caída de ingresos adicional" desde marzo de 2020. Se pagará en relación a esta caída entre 4.000 y 200.000 euros.

  • Autónomos en estimación objetiva (módulos): se dará una ayuda fija de 3.000 euros

  • Resto de empresas: Se cubrirá "hasta un 20%" de su caída de ingresos en el último año. Se pagará en relación a esta caída entre 4.000 y 200.000 euros

Así pues, en principio y en base a esto, se podría estimar que un autónomo, cuya facturación haya sido 100.000 euros en el 2019 y haya tenido, por ejemplo, una caída de ingresos del 50.000 euros (y por tanto mayor que el 30% que exige como requisito el decreto ley) las ayudas le cubrirán el 40% de esta caída, es decir, 20.000 euros que tendrá que destinar a pago de proveedores, facturas impagadas, costes fijos,... 

Baleares y Canarias tendrán más fondos 

A la hora de considerar las necesidades de las distintas empresas y territorios para asignar los fondos, el Gobierno decidió otorgar una mayor cantidad de recursos a las Islas Baleares y Canarias, ya que " resulta evidente el impacto diferencial de la pandemia sobre ellas, debido al alto peso del sector turismo en los archipiélagos", dijo la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos.

Por ello, la nueva línea de 7.000 millones de euros a las empresas y autónomos de sectores más afectados tiene dos compartimentos: "un primer compartimento de 5.000 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo canarias y baleares, a repartir con los mismos criterios que se estableció en los fondos de REACT-EU - impacto de la pandemia, desempleo y PIB".  Y, por otro lado, " un segundo compartimento con 2.000 millones de euros para empresas de Canarias y Baleares, atendiendo así al mayor peso en su economía de los sectores más afectados por la pandemia", añadió Calviño.

La ministra se refirió al plazo de un mes para el ingreso de los fondos a las comunidades autónomas, por lo que se espera que, a pesar de que las autonomías ya hayan podido  preparar la convocatoria antes de recibir el dinero, los autónomos no cobren el dinero hasta, como mínimo, dentro de dos meses.

Reestructuración de los préstamos avalados por el ICO

Por otro lado, el Real Decreto aprobado por el Gobierno también reserva un fondo de 3.000 millones dirigido exclusivamente "para que el ICO -Instituto de Crédito Oficial- pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera con aval público", según avanzó la vicepresidenta y ministra de asuntos económicos, Nadia Calviño, tras el Consejo de Ministros.

Este segundo eje de actuación incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera.

Al parecer, la idea del Gobierno es que, sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera, se puedan acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.

Así mismo, y como medida de último recurso en este ámbito, incluso se podría "permitir la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia", según comunicaron desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Las ayudas se destinarían a las empresas que cumplan los criterios que se establecerán posteriormente en un Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.

Según dijo la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para la articulación de estas medidas "se aprobará un Código de Buenas Prácticas", de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario, cuyo objetivo es favorecer una actuación coordinada y eficiente de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia. 

Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID

En tercer lugar, y para los casos en que las medidas anteriores no hayan sido suficientes, también se crea un Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.

Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y será gestionado por COFIDES, empresa con capital público-privado. Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por SEPI, que tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones de euros. 

Al parecer, y a falta de confirmación a través de la publicación en el BOE, este último  fondo sólo iría dirigido a empresas medianas.

Moratoria concursal hasta el 31 de diciembre 

Por último, como avanzó este digital, el Gobierno también aprobó este viernes una nueva extensión de la moratoria concursal hasta final de año para evitar que los acreedores de autónomos con deudas puedan obligarles a ir a concursos que acabarían con el cierre de sus negocios.

El Ejecutivo eliminó la obligación de poner en marcha un proceso concursal y la posibilidad de hacerlo por parte de los acreedores hasta el próximo lunes 14 de marzo de 2021, aunque el autónomo no pueda hacer frente a sus obligaciones. La medida, que impide a los acreedores abrir un concurso necesario -obligatorio- a sus deudores, se puso en marcha hace un año y se amplió de nuevo hasta este próximo lunes, día en que dejaría de estar en vigor.

Ahora, el Gobierno volvió a ampliar en Consejo de Ministros de esta moratoria concursal, para evitar una avalancha de concursos que acabarían en liquidación.

El objetivo que perseguiría el Ejecutivo es ofrecer un salvavidas a los pequeños negocios afectados por la emergencia sanitaria. Según explicó la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la anterior prórroga, “la crisis sanitaria del Covid-19 puede suponer que muchas empresas sufran una caída de sus ingresos que dé lugar, con carácter transitorio, como consecuencia de la situación excepcional al cumplimiento de las condiciones que normalmente reflejan una situación de insolvencia y que llevarían a entrar en alguna de las causas que exigiría solicitar el concurso de acreedores [...] Se trata, en definitiva, de apoyar a empresas solventes, permitiéndoles la refinanciación o reestructuración de su deuda”.

Eso sí, para los expertos, esto sólo tiene sentido si viene acompañado de algunas medidas -que parece que se vana implementar- como ayudas directas que apoyen de forma efectiva la viabilidad de los negocios y, por supuesto, de la trasposición de la directiva europea de insolvencia. A fin de cuentas, para lo que sirve esta directiva es para anticiparse a las liquidaciones para que los negocios no lleguen a concurso en situaciones tan precarias y poner alternativas a su disposición para que puedan reestructurar sus deudas y salir adelante.