El lento declive de las gasolineras desatendidas
Las gasolineras desatendidas ya sólo sobreviven como tales las 24 horas del día en Cataluña y Galicia. En La Rioja, Ceuta y Melilla no se han aprobado limitaciones a estos establecimientos, simplemente porque no existen. El resto de España se apunta al modelo tradicional atendido por razones de seguridad y calidad del servicio.
Extremadura ha sido la última autonomía en obligar por ley a que todas las estaciones de servicio funcionen bajo la supervisión de al menos un empleado. El pasado 18 de agosto entró en vigor una modificación del Estatuto de los Consumidores de la comunidad, aprobada en mayo pasado, por la cual las empresas con gasolineras que no dispongan de un trabajador presente entre las 7:00 y las 22:00 horas serán multadas con cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 15.000 euros.
El Gobierno regional que preside Guillermo Fernández Vara se suma así a un goteo de limitaciones aprobadas en el último año por la mayoría de los ejecutivos autonómicos, entre los que destaca el de la Comunidad de Madrid, respecto al total automatismo de las estaciones de servicio. La limitación es siempre la misma: tiene que haber al menos un empleado. Varían los horarios o las sanciones, pero siempre se exige que, por lo menos una parte de la jornada, no existan gasolineras sin personal.
Normativa autonómica
La mayoría de las comunidades autónomas han fijado estas limitaciones modificando sus respectivos estatutos de consumidores y usuarios, competencia exclusiva, porque lo cierto es que no existe una normativa estatal que exija la atención de personal en estas gasolineras.
Esa falta de concreción de la normativa estatal es, precisamente, el clavo ardiendo al que se agarran las desatendidas para defender su modelo. En una estrategia que amaga con desvirtuar las normas aprobadas por las comunidades autónomas, y que llega a cuestionar la obligatoriedad de cumplirlas, desde estos negocios se ha pretendido convencer de una falsa preeminencia –por motivos jerárquicos- de la normativa central sobre la autonómica. Este argumento ha sido rechazado en diversos foros por reputados juristas, que recuerdan que el Estado de derecho se compone de normas estatales, regionales e incluso locales, todas de obligado cumplimiento.
Galicia es la excepción más notable a esta tendencia. Esta comunidad parece dispuesta a enrocarse en la no intervención y a no seguir, a corto plazo, el camino al que acaba de sumarse Extremadura. El consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta, Francisco Conde, declaró hace dos días que la normativa estatal no exige que se imponga obligación de personal en estas gasolineras y que éstas, en territorio gallego, “cumplen la normativa vigente”.
Riesgos para la seguridad
Las que sí lo han hecho y han decidido tomar medidas, se basan en la necesidad de que se cumplan las normas, en los riesgos para la seguridad que entraña dejar la manipulación de un producto potencialmente peligroso e inflamable como es el combustible en manos de ciudadanos sin formación específica y en el mantenimiento del empleo.
Los que abogan por las gasolineras atendidas también señalan que los derechos de los consumidores se pueden ver vulnerados al no haber, por ejemplo, nadie a quién poder plantear una reclamación. Además, está la problemática de las personas con discapacidad, para quienes repostar puede convertirse en misión imposible.
El pasado 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobó una instrucción sobre normas de seguridad industrial extensible a todo tipo de estaciones de servicio. La norma fija unas obligaciones básicas, como son la existencia en las gasolineras desatendidas de un interruptor de paro de emergencia que permita el corte de corriente, además de cámaras de seguridad y conexión a una central receptora de alarmas. Estas reglas básicas responden en parte a la demanda de más normas de seguridad que hace el sector a través de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) y la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES).
Tanto a los empresarios como a los sindicatos y a los propios consumidores –como es el caso de Facua-Consumidores en Acción- le han parecido bajas las cuantías de las multas aprobadas en Extremadura por no carecer de personal. Reclaman más normativa, pero enfrente tienen la oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que cree que las gasolineras desatendidas deben existir porque “mejoran la oferta y ayudan a que el precio de los carburantes sea más bajo”.
Lejos de reducirse, la polémica en torno al futuro de este modelo en el sector va a más. Como ha ido a más, en los últimos años, el número de comunidades que por motivos prácticos de seguridad, de protección de los consumidores o para preservar puestos de trabajo, se han apuntado al modelo tradicional de estaciones de servicio atendidas mediante la aprobación de una normativa específica para regular el sector en su territorio.
