A la mayoría de las gasolineras no les sale rentable poner puntos de recarga para coches eléctricos

La jornada Actualidad y futuro de las Estaciones de Servicio ha servido para que el sector de las gasolineras, en su mayoría compuesto por negocios familiares, propiedad de autónomos, analizase a fondo su porvenir. Y los tres frentes que tiene abiertos con la Administración. Por una parte, denunciando el fraude del IVA en la distribución de gasolinas y gasóleos. Un problema que ha generado unas pérdidas para las arcas públicas, que la patronal, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), cuantifica en más de 1.000 millones de euros.

Pero también el desafío de la transición energética, con la obligación para la industria y el transporte de cumplir con pasos establecidos por las autoridades europeas de alcanzar la neutralidad en emisiones contaminantes, como paso precio al abandono de los combustibles fósiles. La patronal argumenta que descarbonización no debe confundirse con electrificación, y que los ecocombustibles con emisiones netas cero son una opción viable que debe ser considerada, toda vez que la instalación de puntos de recarga es, hoy por hoy, casi utópica; además de no ser rentable para una realidad del mercado del vehículo eléctrico que apenas supera aún el 10% del parque automovilístico total.

Y, finalmente, el aumento en el número de puntos de venta de carburante, que ha hecho descender la rentabilidad de éstos. En especial de aquellos que cuentan con empleados, en detrimento de las gasolineras autoservicio: más de 2.000 ya, y creciendo.

España ha pasado de algo menos de 9.000 a 12.900 gasolineras, la mayoría sin personal

En primer lugar, uno de los retos a los que se enfrentan los gasolineros tiene que ver con el cambio de normativa acaecido hace ahora una década, que dejó de obligar a que los planes urbanísticos hubiesen de tener contemplada la puesta en marcha de estaciones de servicio, para permitir que cualquier suelo urbanizable pudiese acoger una gasolinera, “lo que hace que hayamos pasado de algo menos de 9.000 a 12.900; la mayoría de las nuevas con poco personal o un ninguno”. Para García Nebreda no tiene ningún sentido, “desde el punto de vista del servicio al parque automovilístico o a la población española, cuando un país como Alemania, que tiene casi el doble de habitantes y de vehículos, sólo tiene 4.000 gasolineras más”.

Según el presidente de la patronal, se pretendió que un mercado libre actuara en favor de una reducción de precios, “cuando lo que ha hecho es reducir las ventas medias por estación de servicio de los 2,8 millones de litros de entonces a los 1,8 millones de ahora”. Lo cual ha influido a la baja en el empleo, que ha decrecido también: “Hace una década trabajaban 58.000 personas en las estaciones de servicio de toda España, y hoy apenas superan las 51.000. Pero claro, si te ahorras los 28.000 euros que puede suponer cada empleado, en cuanto prescindas de dos o tres, ya puedes bajar los precios, ya; ahora bien, ¿qué servicio prestas a los usuarios?”, reflexionó.

El sector aboga por la neutralidad tecnológica, promoviendo el desarrollo de combustibles sintéticos y biocombustibles

Con la aprobación del veto a la venta de vehículos de combustión con emisiones de carbono a partir de 2035 por parte del Parlamento Europeo, el sector de las estaciones de servicio se enfrenta a una transformación que, hasta hoy, parecía inevitable hacia la instalación de puntos de recarga eléctrica. Aunque llevan ya un tiempo surgiendo voces que discuten si este es el giro adecuado.

Lo cierto es que la transición no es sencilla para los pequeños empresarios, ya que no les salen las cuentas debido a la baja rentabilidad de los puntos de carga y las altas inversiones requeridas para llevar a cabo su instalación, cuando no la imposibilidad por falta de suministro de las compañías eléctricas. Muchos gasolineros, especialmente autónomos, consideran que esta reconversión es inviable sin un apoyo significativo de la Administración, si el Estado se empeña en seguir por el camino de la movilidad eléctrica, sin explorar otras posibilidades.

Y es que la instalación de puntos de recarga eléctrica en las estaciones de servicio se enfrenta a múltiples desafíos. La baja rentabilidad de estas infraestructuras, las elevadas inversiones que requieren y la ausencia de ayudas públicas hacen que muchos pequeños empresarios vean inviable esta transición. Además, existe el riesgo de que las grandes compañías monopolicen el mercado si los pequeños empresarios no pueden hacer frente a estas inversiones, ya que el 70% de las cerca de 13.000 gasolineras con las que cuenta España son propiedad de trabajadores por cuenta propia y de pymes familiares.

Así, el sector de las estaciones de servicio aboga por la neutralidad tecnológica, promoviendo no sólo la electrificación sino también el desarrollo de combustibles sintéticos y de cero emisiones, como los biocombustibles a través de residuos urbanos o agrícolaforestales, que apenas llevan fósil, para alcanzar ese primer objetivo de reducción del 50% de las emisiones para 2030. Estas alternativas podrían ofrecer una solución más equilibrada y sostenible para la descarbonización de la movilidad en España, “convirtiéndonos además en exportadores de estos nuevos combustibles, y pasando de depender de terceros a ser quienes controlasen la movilidad del futuro”.

Grandes operadoras, como Cepsa o Repsol, ya están trabajando en la producción de estos combustibles, pero necesitan la seguridad jurídica que proporcionan las leyes para acometer las grandes inversiones necesarias para reconvertir sus refinerías. “En Francia, por ejemplo, han sacado el E85, que es etanol en un 85% y de ahí su nombre, que está siendo un éxito absoluto: empezó funcionando en apenas 300 puntos de repostaje y ya está por encima de los 5.000”, indicó Víctor García Nebreda. “Y en algunos países nórdicos han eliminado ya las subvenciones al coche eléctrico."

Hacienda ha lanzado una campaña de Inspección en 400 estaciones de servicio para luchar contra el fraude del IVA

El fraude del IVA en las gasolineras ha tenido lugar, presuntamente, cuando algunos distribuidores minoristas no han liquidado este impuesto correspondiente a sus ventas y desaparecen, diluyéndose con sociedades interpuestas que simulan una actividad económica inexistente. Facilitado por la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2015, que permitió que minoristas vendieran a otros minoristas o incluso a mayoristas, permitió la aparición de prácticas fraudulentas. “La realidad es que complicó el control y supervisión del sector, pasando de un número reducido de empresas que realizaban procesos de compraventa, apenas un centenar, a cerca de 7.000 operadores”, recordó a este diario Víctor García Nebreda, presidente de Aevecar.

Sus repercusiones incluyen una notable disminución de ingresos para el Estado, que en 2022 fue de algo más de 700 millones de euros, y el pasado año superó los 1.000 millones. Pero además está el incumplimiento de los objetivos de descarbonización, la falta de establecimiento de reservas estratégicas, la evasión del impuesto de eficiencia energética, “y una competencia desleal que está afectando gravemente a las empresas que operan de manera legal, sacando del mercado a no pocos autónomos con asalariados”, continuó García Nebreda, para quien “la diferencia entre quienes se abastecen legal e ilegalmente es de unos 30 céntimos por litro. Y es que ofrecer el litro de carburante a 1,23 euros, como hacen algunos, es vender muy por debajo del coste legal, y eso es delito”.

De hecho, un Real Decreto Ley ha intentado corregir la situación, prohibiendo el suministro entre distribuidores minoristas y de minoristas a mayoristas, pero aún es pronto para evaluar su efectividad. Así, no es de extrañar que Hacienda haya lanzado una campaña de inspección en 400 estaciones de servicio para luchar contra este fraude. Los inspectores están solicitando datos en tiempo real de proveedores, con el fin de detectar posibles sociedades instrumentales que puedan formar parte de entramados en este impago del IVA. Además de información sobre la procedencia del producto, con justificantes y precios de suministro, así como medios de cobro al consumidor final.

“De hecho, hemos invitado a la UCO de la Guardia Civil a una jornada del 6 de junio, en la sede de la CEOE, donde KPMG va a presentar un informe sobre cómo se ha resuelto este tema en Portugal, donde ya han erradicado a los defraudadores con una enmienda que nosotros hemos presentado también en el Congreso”, explicó el presidente de Aevecar, para quien las autoridades sólo deberían permitir que estuviesen en el mercado “aquellos operadores que sí que ofrecen garantías de seguridad en su funcionamiento”.