Domingo. 16.06.2019

INFORME COMISIÓN EUROPEA

La morosidad costó a los autónomos y pymes cerca de 1.000 millones trimestrales

La morosidad costó a los autónomos y pymes cerca de 1.000 millones trimestrales

Sólo durante el segundo semestre del año pasado los costes financieros asociados a la mala práctica de pagar tarde ascendieron a 930 millones de euros. Así se extrae de un informe de la Comisión Europea en el que recomiendan establecer plazos de pago y sanciones más estrictos según los sectores.     

La morosidad costó a los autónomos y pymes cerca de 1.000 millones trimestrales

Pagar tarde sale gratis al moroso y muy, pero muy caro, a los autónomos y pequeñas empresas que sufren esta lacra. Concretamente 980 y 930 millones de euros durante el primer y segundo trimestre de 2017. Así se refleja en el informe Business to Business transactions elaborado por la Comisión Europea y en el que se recoge una comparativa de las medidas y herramientas legales para mejorar los plazos de pago en los 28 países de la Unión Europea (incluye Reino Unido).

El informe afirma, gráficamente, lo que supone una pésima noticia para España. Con 45 días de media, es el tercer país con los periodos de cobro más largos en el sector privado, sólo por detrás de Grecia, con 54 días e Italia con 50. Asimismo, recoge la diferencia entre los términos de pago inicialmente pactados entre las empresas y los que realmente se producen. En el primero de los casos éstos son de 51 días de media. Sin embargo, el tiempo de espera real se alarga hasta los 54, es decir, tres días más. En definitiva, no sólo no se cumple lo establecido en la Ley de Morosidad (en muchos casos) sino que tampoco se respetan los acuerdos entre las empresas.

Las 184 páginas del estudio -elaborado a partir de informes de expertos y artículos periodísticos- abunda en la idea de que, en la U.E., son los autónomos y las pequeñas empresas las que más sufren el impacto de la morosidad. El 35% de ellas afirma que se ve abocada a asumir costes financieros o administrativos adicionales. Otro 33% apunta los problemas de liquidez como la principal consecuencia de estos comportamientos. Menos ingresos y, por tanto, menos posibilidad de crecer es el resultado de la morosidad para un 19% y un 17% respectivamente. Este último porcentaje se eleva en España hasta un 40%.

Por otra parte, el retraso en el abono de facturas representa un lastre para la creación de empleo en el 8% de los titulares de negocios. De hecho, el documento de 183 páginas pone de relieve que de haberse reducido los periodos medios de pago a lo establecido por la legislación, se hubieran creado 6,5 millones de puestos de trabajo en los países de la Unión Europea.

Por sectores, el de la construcción es más moroso porque abona sus facturas con 72 días de media, siempre según el informe de la Comisión Europea y en referencia a los 28 países de la UE. Tal y como consta en el documento el 65% de las empresas del sector propusieron plazos de pago superiores a los que marca la Ley a los autónomos y pymes que subcontrataron. Lo preocupante es que el 58% aceptó. De estas, siete de cada diez lo hicieron por la “posición de poder” de las grandes empresas que emplean esta mala praxis para obtener financiación a coste cero. Mismo motivo que aducen los profesionales que trabajan para las grandes compañías logísticas del sector del transporte, que también supera los 60 días a la hora de pagar.  

En la parte contraria, el sector de la alimentación, y más concretamente, el subsector de comidas y bebidas son los que mejor pagan a proveedores y subcontratas. El 54,77% afirma cobrar a menos de 30 días.

A la espera de un Régimen Sancionador

España debería tomar buena nota de las recomendaciones urgentes que se recogen en el informe de la Comisión Europea. Entre ellas el desarrollo de un régimen con plazos de pago y sanciones más estrictas y adecuadas a las particularidades de cada sector. En junio del año pasado Ciudadanos presentaba en el Congreso una proposición de Ley de lucha contra la Morosidad que establecía un régimen sancionador con multas de más de 800.000 euros que fue respaldada de forma unánime por todos los grupos parlamentarios. Casi año y medio después, el texto sigue encallado en los despachos de la Cámara Baja. Algo “inexplicable” para Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) que recuerda que la Ley debía haberse aprobado antes de verano y sin embargo está por ver que se convoque la primera de las ponencias, que de producirse otro aplazamiento se celebrará la primera semana de octubre. “Estaremos atentos a que la ponencia se constituya la semana que viene, tal y como nos han informado; en caso negativo, pediremos explicaciones”.

Desarrollar sistemas alternativos a la mediación de conflictos, impulsar actuaciones que generen un cambio en la cultura empresarial o publicar un listado de morosos, son otras de las ideas que aporta la Comisión de cara a acabar con una lacra que durante la época de crisis acabó con la vida de 500.000 empresas en España.

La morosidad costó a los autónomos y pymes cerca de 1.000 millones trimestrales