Otros 100.000 autónomos se vieron obligados a solicitar un crédito ICO en 2021 y ya suman un total de 721.000

En 2021 se han solicitado más de 117.000 créditos al ICO avalados por el Estado, de los cuales la inmensa mayoría fueron suscritos por autónomos, según un informe de la entidad. En total ya hay 721.000 préstamos concedidos desde que se abrieron las líneas ICO Covid-19. El Gobierno ha permitido a las entidades financieras ofrecer quitas en el caso de que los trabajadores por cuenta propia tengan dificultades a la hora de su reintegro ya que, como afirmaban algunos sectores a este diario, podrían tener dificultades para su devolución.

Hace ya casi dos años que el Gobierno puso en marcha dos líneas de avales de 140.000 millones de euros a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), con el objetivo de paliar los efectos y problemas de liquidez de los pequeños negocios durante la pandemia. La primera, de 100.000 millones de euros, está destinada a cubrir las necesidades de solvencia del tejido productivo. Y la segunda, de 40.000 millones de euros, con la intención de promover la realización de inversiones.

Según el último informe de seguimiento del ICO, publicado el pasado diciembre, 619.118 negocios habrían solicitado la línea de préstamos Liquidez y 102.755 la línea de avales para Inversión. Esto supone que hay 117.673 negocios más que han pedido estos préstamos respecto a 2020, cuando había 591.500 y 12.700 respectivamente.

En su conjunto, ambas líneas de avales han permitido al ICO realizar un total de 1,14 millones de operaciones, financiando 135.382 millones de euros. Se trata de un importante montante de dinero que ha ido a parar principalmente a autónomos y micropymes, como destaca el Instituto en su informe.

La mayoría de los beneficiarios de los ICO son trabajadores autónomos

Según los datos de cierre de 2021 del ICO, un total de 721.873 autónomos, pymes y empresas se han beneficiado de alguna de las dos líneas de financiación durante los dos últimos años. Si bien, el documento no detalla el número de trabajadores por cuenta propia que han accedido a cada línea, sí que asegura que la mayoría de los créditos avalados han sido concedidos para ellos. 

Así, el 90% de las operaciones formalizadas con la línea de Liquidez del ICO han sido con autónomos y micropymes, siendo el 32,4% para los trabajadores por cuenta propia y el 41,6% para los pequeños negocios. Y, en el caso de la línea de Inversión, ésta fue en un 34,4% para los autónomos y un 37,6% para micropymes. En total, aglutinan el 79% de las operaciones formalizadas.

A los autónomos les preocupa cómo devolver los créditos

Si bien muchos autónomos se lanzaron hace un año a solicitar créditos ICO avalados por el Estado, este 2022 muchos de ellos también se cuestionan si van a poder devolverlos. El incremento de los costes, la inflación y la falta de recuperación en muchos sectores de actividad, ha hecho que el cierre de 2021 no fuese tan positivo como se pronosticaba. De hecho, el XIII Barómetro realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) revela que la mitad de los profesionales no prevé que su actividad se recupere hasta, como mínimo, 2023. Y que en este ejercicio cerrarán 200.000 negocios.

Por ello, el Gobierno aprobó hace unos meses un Código de Buenas prácticas al que tenían que suscribir los bancos para condonar parte de la deuda de sus clientes. Algo que hicieron la mayoría de las entidades, hasta el punto de que según datos oficiales el 98% del total de préstamos avalados durante la crisis está cubierto. El Real Decreto Ley 5/2021 recoge la creación de un Código de Buenas Prácticas que podrán suscribir las entidades financieras para "facilitar una adecuada respuesta del sector financiero ante la excepcional situación económica, para reforzar la solvencia empresarial y garantizar la liquidez de cara al futuro". Entre otras cuestiones, este documento marca las directrices que deberán adoptar los bancos con los autónomos a la hora de gestionar el fondo de 3.000 millones de euros dirigido exclusivamente "para que el ICO -Instituto de Crédito Oficial- pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera con aval público".

En concreto, la ley ya recogía que estos fondos irían dirigidos a que las entidades, sobre la base del análisis del cliente, puedan acordar medidas como "permitir la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia", es decir, quitas de una parte de los créditos.

Requisitos para pedir una quita

Según el documento que recoge este código de buenas prácticas y al que tuvo acceso El País, el autónomo deberá presentar sus resultados y acreditar una caída mínima del 30% en 2020 respecto a 2019, y podrá acceder hasta un 50% de quita del importe avalado. Aunque, al parecer, este límite de condonación podría llegar a incrementarse hasta el 75% si la caída de la facturación fuera superior al 70%. Todo ello, una vez más, a la espera de la publicación de la norma que regula estas nuevas condiciones.

Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha desembolsado 96.000 millones de euros en aval público a través de las entidades financieras para que los negocios pudieran beneficiarse de créditos avalados - sin necesidad de presentar garantías adicionales- hasta en un 80%.

Ahora, aquellos negocios que no puedan hacer frente a la deuda contraída pero sean viables podrán solicitar una condonación de parte de este crédito que pidieron en su momento a la misma entidad financiera que se lo concedió, siempre y cuando -eso sí-, ésta se haya adherido a dicho código de buenas prácticas. Éstas entidades adheridas serán publicitadas para mostrar a aquellos bancos que hacen un "buen uso de los recursos públicos" y "ayudan a la recuperación del tejido productivo", dijo la portavoz del Gobierno.

En estas quitas, que serán voluntarias y negociadas entre el ICO, la banca y el negocio, el Estado asumirá el 80% mientras que el banco se hará cargo del 20%. Así, el Gobierno pretende compartir la carga con las entidades financieras, reduciendo la deuda con aval, fundamentalmente, pero también la no avalada

Además, según añadió la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención posterior al Consejo de Ministros en el que fue aprobada esta Ley, las entidades financieras que suscriban este código se "comprometen a estudiar la situación financiera particular de las empresas y de los autónomos que soliciten adherirse a este mecanismo, y gocen de financiación con aval público". Y deberán, así mismo, "establecer las medidas más adecuadas para cada situación del autónomo, garantizando así la viabilidad de los recursos públicos".

De hecho, la anterior norma que regula estas ayudas puntualiza que la condonación sería, en todo caso, la última opción a la que deberían recurrir las entidades, ya que antes, si la situación financiera del autónomo lo permite, debería primar la ampliación de los plazos de carencia, que también se extienden en este mismo acuerdo.

Los autónomos podrán seguir pidiendo ICO avalado por el Estado hasta el 30 de junio

Por último, hay que recordar que la línea ICO Inversión sigue el vigor hasta el próximo 30 de junio de 2022. Esto significa que los trabajadores autónomos interesados podrán solicitarla para realizar las siguientes operaciones: 

• Pagos de salarios
• Facturas de proveedores pendientes de liquidar
• Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
• Gastos de suministros
• Necesidad de circulante
• Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias

Como de costumbre, no podrán financiarse con cargo a la Línea de Avales las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes. En el caso de la línea para inversión, iría destinada como hasta ahora a los negocios para adaptar, ampliar o renovar sus capacidades productivas y de servicios o para el reinicio o reapertura de su actividad.