Los pequeños robos de las bandas hacen perder 1.799 millones al año al comercio
El comercio pierde 1.799 millones de euros al año debido a la inexistencia de una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia en el hurto de productos cuyos autores intentan no sobrepasar los 400 euros de valor para evitar las penas. Estos robos, muchas veces organizados por bandas, han sido analizados en el estudio realizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC, en colaboración con Ernst & Young.
Según esta organización patronal, existe un vacío legislativo que abre una brecha a las bandas organizadas que se dedican al robo de productos de alto precio, como el alcohol. De hecho, las bebidas alcohólicas son uno de los productos más codiciados por los delincuentes, alcanzando un índice de hurto del 93%. Detrás de los destilados le siguen la charcutería, los aperitivos y las conservas. Por otro lado, la ropa, los accesorios electrónicos, las herramientas y los maquillajes son otros de los productos más perseguidos por estas bandas.
Esta situación supone un gran problema para el autónomo, que no solo pierde el dinero por los productos robados sino que le obliga a invertir para evitar estos hurtos. Se sabe que los pequeños negocios son los preferidos de los ladrones por motivos obvios. El trabajador por cuenta propia no tiene la misma capacidad para impedir un robo que una gran superficie, que suele contar con departamentos dedicados única y exclusivamente a impedir estos hurtos. En la gran mayoría de los casos, es el propio autónomo el que se ve obligado a garantizar la seguridad de su establecimiento. El Ministerio de Comercio y la Policía Nacional publicaron recientemente la ‘Guía de Comercio Seguro' para evitar robos en pequeños establecimientos ante la previsible afluencia de clientes estas Navidades.
Las bandas organizadas quedan impunes
Según la CEOE, estas actividades delictivas se dan en gran medida por la falta de un herramienta legal para luchar contra este tipo de delincuente. Dos sentencias del Tribunal Supremo que tuvieron lugar en 2017 muestran como se castiga de igual manera tanto el primer robo como los siguientes hasta un número indeterminado, aseguran. "Esto ha tenido como consecuencia que las sentencias para hurtos reincidentes se limiten al pago de multas, que raramente se hacen efectivas, y que el ritmo de denuncias se mantenga en torno a las 700.000 al año sin que tengan consecuencias para los delincuentes", señalan desde la patronal.
El problema radica en que, al no existir esta herramienta jurídica, las bandas organizadas operan impunemente ante la impotencia de todos los actores afectados, tanto los ciudadanos como los comerciantes, empleados y fuerzas policiales, afirman desde la CEOE. "Es preciso señalar que los hurtos los realizan bandas organizadas que buscan productos de alto valor, como botellas de alcohol o embutidos de calidad, y que encuentran fácil salida en el mercado negro", explican desde la Confederación de Empresarios.
Para comprender el problema hay que entender el modus operandi de los delincuentes, que realizan hurtos de no más de 400 euros para evitar castigos relevantes. Y es que este tipo de delito esta sancionado con una multa de uno a tres meses, y no es hasta la tercera reincidencia que se sanciona con una pena de prisión de uno a tres años. A esto hay que sumarle que estas bandas muchas veces se apoyan en la explotación de extranjeros que delincan por ellos, incluso en menores que no puedan ser encausados de la misma manera que una persona mayor de edad, según explican los expertos en la materia.
Es por este motivo, que desde la CEOE reclaman la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Ejecución de Delitos Leves con el objetivo de "ganar operatividad". En concreto, la propuesta de la patronal consiste en añadir dos puntos nuevos al Artículo 235 para poder imponer multas de uno a tres meses, más una orden de alejamiento, cuando existan dos delitos de hurto menores de 400 euros. Y, en caso de un tercer delito por hurto, imponer pena de prisión de seis a 18 meses y orden de alejamiento. Además, que el juez pueda dictar sentencia in voce cuando el denunciado asista a juicio y se conforme con la pena; así como que pueda requerir en sala el pago de la multa y realizar los apercibimientos legales necesarios.
Por otro lado, el juez debería requerir al condenado el pago de la multa en el plazo de 30 días con reducciones por pronto pago. En caso contrario, se sustituirá automáticamente la pena de multa por un día de prisión por cada dos multas impagadas. Y podrá solicitarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que notifiquen in situ citaciones a juicio o sentencias a las personas que las tengan pendientes cuando las identifiquen. "Para ello, es necesario que los juzgados tengan una base de datos con toda la información de estas personas actualizada", explican.
Estas exigencias de la CEOE se basan en la necesidad de dotar de la seguridad necesaria a los comerciantes; que, según la entidad, se puede lograr endureciendo las penas. La realidad es que, atendiendo a las cifras, existe un serio problema de hurtos y la verdadera huella se ve reflejada en el pequeño negocio, que es el que realmente nota los perjuicios de esta lacra en sus cuentas mensuales. Y es que estos autónomos no tienen la capacidad de aumentar sus ya ajustados precios para mitigar los efectos de los robos, ni cuentan con la liquidez suficiente para contratar cuerpos profesionales de seguridad que garanticen la subsistencia de sus productos.
